WASHINGTON—La investigación de la administración Trump sobre un presunto fraude en materia de visas dio lugar a una noticia de gran repercusión: Microsoft, Adobe y varias otras empresas de tecnología han sido suspendidas de un programa que ayuda a los trabajadores extranjeros a obtener tarjetas de residencia.
¿Qué significan estas suspensiones y qué podrían indicar para el futuro?
El vicepresidente JD Vance y el recién confirmado secretario de Trabajo, Keith Sonderling, expusieron sus medidas durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de octubre por el Grupo de Trabajo Antifraude de la Casa Blanca.
Los funcionarios anunciaron que Adobe, Capgemini, Cognizant, HCL Technologies, Infosys, Microsoft, Tata Consultancy Services y Wipro han sido suspendidas del programa de certificación laboral permanente conocido como PERM.
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Por lo general, los empleadores utilizan el PERM para demostrar que no hay trabajadores estadounidenses calificados disponibles para un puesto que desean cubrir con un trabajador extranjero.
El PERM también es el primer paso para los trabajadores extranjeros que buscan una tarjeta de residencia —residencia permanente— basada en su empleo.
Sonderling señaló que las empresas han recibido más de 100,000 certificaciones laborales permanentes desde 2009, además de 230,000 aprobaciones de visas H-1B. Esa visa de trabajo temporal, también común en el sector tecnológico, suele preceder al PERM.
Estas empresas se encuentran entre las que más solicitudes PERM presentan, junto con Amazon, Apple, Intel y otras —muchas de las cuales operan en el sector tecnológico—.
En la conferencia de prensa, Sonderling afirmó que su departamento "no aceptará ninguna solicitud nueva ni tramitará ninguna solicitud pendiente de certificación laboral permanente relacionada con estas empresas", y las acusó de quitarles cientos de miles de empleos a los estadounidenses.
El secretario de Trabajo, Keith Sonderling, habla durante una conferencia de prensa del grupo de trabajo contra el fraude de la Casa Blanca, celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en Washington, el 8 de octubre de 2026. (Travis Gillmore/The Epoch Times)."Por lo que yo sé, nunca se ha llevado a cabo algo de esta magnitud", dijo un funcionario del Departamento de Trabajo que habló con The Epoch Times bajo condición de anonimato.
En un mensaje enviado a The Epoch Times, la abogada de inmigración Jasmine Mines describió el anuncio de la suspensión de varias empresas como algo sin precedentes.
Dijo que "indica que todo empleador que patrocine a trabajadores extranjeros debe considerar ahora el cumplimiento de las normas de inmigración como un riesgo legal de primera línea, en lugar de una tarea administrativa".
Kevin Lynn, fundador de U.S. Tech Workers, considera que Vance "ha elegido la batalla correcta".
Efectos y repercusiones
Según la ley, las suspensiones iniciales tienen una duración de hasta 180 días. Además, pueden prorrogarse.Vance dijo que la suspensión de Microsoft "durará todo el tiempo que sea necesario".
Oficinas de Microsoft en Mountain View, California, el 31 de julio de 2025. El gigante tecnológico es una de las ocho empresas que han sido suspendidas de un programa que permite a los trabajadores extranjeros obtener tarjetas de residencia. (John Fredricks/The Epoch Times).Al momento de la publicación, el Departamento de Trabajo no había respondido a una pregunta de The Epoch Times sobre cuánto tiempo se espera que duren las suspensiones.
Mines, fundador del bufete Mines Law Firm, PC, señaló que aún no ha ocurrido nada significativo con respecto a las empresas que la administración de Trump está investigando por presunto fraude de visas.
"Una suspensión no es un veredicto", dijo Mines. "La inhabilitación, que es la sanción propiamente dicha, constituye un paso aparte."
La inhabilitación —una opción en caso de que las agencias o las cortes detecten fraude o infracciones relacionadas— impediría a esos empleadores participar en el programa por un máximo de tres años.
Una lista del Departamento de Trabajo muestra que actualmente solo dos empresas, ninguna de las cuales se encuentra entre las suspendidas, están excluidas del programa PERM.
Loren Locke, una abogada de inmigración que se desempeñó como funcionaria consular del Departamento de Estado de EE. UU., señaló que la suspensión de Microsoft "parece haber sido diseñada a puerta cerrada para que, en realidad, no le cause tanto daño a Microsoft".
Por un lado, señaló, esto no afecta directamente a la visa H-1B.
El edificio del Departamento de Trabajo en Washington, el 13 de noviembre de 2023. (Madalina Kilroy/The Epoch Times).Quienes trabajan con ese tipo de visa suelen poder conservarla hasta por seis años, lo que les da tiempo para adaptarse a la nueva situación. El proceso PERM puede permitir a los trabajadores con visa H-1B prorrogar esas visas de manera indefinida.
Agregó que, si ella fuera una empleada de Microsoft que se acercara al final de ese período sin una certificación laboral, tal vez comenzaría a buscar otro empleador.
Locke señaló que, si bien el gobierno ha promulgado otras políticas que han generado dificultades para las empresas que buscan contratar a trabajadores con visa H-1B, “eso es algo totalmente distinto a la obtención de tarjetas de residencia para sus trabajadores con visa H-1B”.
Entre esas medidas adoptadas bajo el gobierno de Trump se incluyen un cambio en el sorteo de visas H-1B, una cuota de 100,000 dólares para nuevas visas —que ha sido bloqueada en las cortes— y una propuesta de norma del Departamento de Seguridad Nacional que impondría una cuota de 103,665 dólares para una amplia gama de solicitudes de visa H-1B.
Durante la conferencia de prensa, Vance condenó el uso que hace Microsoft del programa H-1B, señalando que la empresa solicitó miles de visas en medio de los recientes despidos que afectaron a miles de trabajadores.
En un comunicado del 8 de octubre, Microsoft defendió sus prácticas de contratación, afirmando que su fuerza laboral es abrumadoramente estadounidense y que la mayoría de sus solicitudes de visa H-1B son renovaciones para empleados actuales.
El presidente de Microsoft, Brad Smith, rechazó las acusaciones de Vance de que la empresa estuviera abusando del programa, calificándolas de "completamente infundadas".
"La gran mayoría tanto de las solicitudes de visa como de las de tarjeta de residencia no eran para nuevos empleados, sino para personas que ya habían estado trabajando en Microsoft", declaró Smith a Politico el 14 de octubre, citando un atraso en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU.
También señaló que las medidas del gobierno corrían el riesgo de socavar gravemente el sector tecnológico de Estados Unidos durante años.
Viktoria Bloomberg, fundadora del bufete de abogados especializado en inmigración Bloomrich Law Firm, PC, indicó a The Epoch Times en un mensaje que las cifras de Microsoft merecen un análisis minucioso en cualquier intento por demostrar que se desplazó a trabajadores estadounidenses.
Oficinas de Microsoft en Mountain View, California, el 31 de julio de 2025. (John Fredricks/The Epoch Times).“Al mismo tiempo, las preocupaciones sobre las prácticas discriminatorias de contratación son legítimas”, agregó.
Varias empresas en la mira de la administración de Trump han enfrentado demandas en las que se les acusa de actuar con sesgo contra empleados que no son de origen indio ni del sur de Asia.
En 2024, un jurado de California declaró a Cognizant culpable de discriminación intencional.
Una corte de apelaciones desestimó una demanda similar contra Infosys en 2026.
Harmeet Dhillon, fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, también ha dirigido acciones de cumplimiento relacionadas con el programa PERM, entre ellas un acuerdo por 3.2 millones de dólares con OpenAI y una filial de OpenAI.
La posibilidad de que se emprendan acciones legales contra las empresas mencionadas el 8 de octubre se cierne sobre las investigaciones por fraude de visas.
En la conferencia de prensa, el fiscal general Todd Blanche dijo que el camino a seguir "depende del caso".
Los asistentes se reúnen en una conferencia de desarrolladores de OpenAI en San Francisco el 29 de septiembre de 2026. En agosto de 2026, el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo de 3.2 millones de dólares con OpenAI y una filial de OpenAI por presuntas violaciones del Programa de Gestión de Revisión Electrónica (PERM). (Heather Diehl/Getty Images)."Hay leyes penales que hacen que gran parte de esta conducta no solo sea ilegal, sino que constituya una violación de las leyes penales [federales]", dijo a los periodistas.
Sugirió que las investigaciones podrían culminar en acuerdos o, en algunos casos, en cargos penales, y agregó: "No puedo pronosticar uno en particular".
Mines anticipa algunas consecuencias graves a corto plazo.
"Es de esperarse que haya casos congelados, empleados inquietos y revisiones de cumplimiento en empresas que no fueron mencionadas", dijo.
El futuro
Lynn, aunque se siente alentado por las recientes medidas del gobierno, espera que este vaya más allá.Pidió que se intensifiquen las auditorías a las empresas que más utilizan las visas H-1B.
Las personas llegan a una ceremonia de naturalización en la oficina regional de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) en Miami el 17 de agosto de 2018. (Wilfredo Lee/AP Photo, archivo).La Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo remitió al Departamento de Trabajo una pregunta de The Epoch Times sobre posibles auditorías a las empresas suspendidas. El departamento no respondió a las preguntas relacionadas con las auditorías al momento de la publicación.
Lynn también propuso que el Departamento del Trabajo creara un tablero de anuncios electrónico para los puestos de trabajo que los empleadores buscan cubrir con trabajadores PERM. Él considera que esto permitiría que más trabajadores estadounidenses se enteraran de esos puestos y se postularan para ellos.
En la conferencia de prensa del 8 de octubre, Vance cuestionó la forma en que actualmente se anuncian esos puestos en el proceso de certificación laboral.
“Quizás publiquen un anuncio en un periódico de un pueblo pequeño. Se presentarán y dirán que han anunciado un puesto en su empresa y que nadie ha respondido”, dijo la vicepresidenta.
Locke señaló que, si bien está de acuerdo en que el estándar actual de reclutamiento está desactualizado, esos anuncios en los periódicos son obligatorios por ley.
"Si no les agrada, ¿por qué culpan a los empleadores por hacerlo, cuando estos están cumpliendo con el requisito legal y no tienen otra alternativa?", preguntó.
El vicepresidente JD Vance habla durante una conferencia de prensa del grupo de trabajo contra el fraude de la Casa Blanca, celebrada en el Edificio Ejecutivo Eisenhower en Washington el 8 de octubre de 2026. (Travis Gillmore/The Epoch Times).El proceso del Departamento de Trabajo exige la publicación de anuncios PERM en dos ediciones dominicales de un periódico "de circulación general en el área donde se prevé el empleo".
Además de los anuncios en los periódicos, los empleadores deben presentar una solicitud de empleo ante una agencia estatal de empleo —en Texas, por ejemplo, la Comisión de Fuerza Laboral de Texas—. También deben elegir otros tres métodos de reclutamiento de entre un conjunto de opciones aprobadas.
Locke señaló que, en el proceso actual, los empleadores que publican ofertas de empleo "tienen que analizar en detalle lo que realmente necesitan para el puesto que ofrecen".
Lynn cuestionó ese nivel de especificidad, señalando que los empleadores adaptan los requisitos para descartar a todos los candidatos, excepto al trabajador que desean.
Miguel Bethencourt, de Rumbo Immigration, una firma especializada en planificación migratoria declaró a The Epoch Times en un mensaje que "existen dudas reales sobre cómo funciona en la práctica la prueba del mercado laboral".
"Sin embargo, una suspensión a nivel de toda la empresa recae sobre los trabajadores individuales con casos pendientes, en lugar de sobre las prácticas de contratación que están siendo investigadas", agregó.
Las personas en busca de empleo asisten a la feria de empleo JobNewsUSA South Florida en Sunrise, Florida, el 25 de septiembre de 2026. (Joe Raedle/Getty Images).El Departamento de Trabajo no respondió a las preguntas sobre el tablero de anuncios electrónico propuesto ni sobre una posible modernización del proceso de reclutamiento al momento de la publicación.
Si bien tanto Bloomberg como Mines consideran que una victoria demócrata en el Congreso durante las elecciones de mitad de período podría impulsar una mayor supervisión, ninguno espera que las suspensiones se revoquen como resultado de ello.
"El control más inmediato podría provenir de las cortes, donde las empresas o los trabajadores afectados podrían argumentar que una suspensión de duración indefinida carece de fundamento en el expediente o va más allá de lo que permite la normativa", señaló Mines.
El Departamento de Trabajo no respondió a una pregunta sobre posibles litigios derivados de las suspensiones.
