El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este miércoles a otros dos cárteles mexicanos como organizaciones terroristas transnacionales. Se trata del Cártel de Juárez y Los Viagras.
La medida, publicada este 15 de julio mediante un aviso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), cambia la clasificación de ambos cárteles —los cuales figuraban previamente como organizaciones criminales— para nombrarlos oficialmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT).
Ambas organizaciones se suman a otros cárteles mexicanos que ya fueron designados como terroristas por la administración Trump, entre los que se encuentran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y La Familia Michoacana.
En los cambios aplicados al Cártel de Juárez, la OFAC añadió que la organización también es conocida bajo los alias de "Barrio Azteca", "La Línea" y "Vicente Carrillo Fuentes".
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El Cártel de Juárez es una de las organizaciones criminales más antiguas y poderosas de México, según la ONG independiente InSight Crime. Se ha registrado su presencia en 21 de las 32 entidades federativas del país —como Chihuahua, Sinaloa, Jalisco y la Ciudad de México—, además de operar en ambos lados de la frontera con Estados Unidos. Sus orígenes se remontan a la década de 1980, cuando Ciudad Juárez estaba bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo, quien estuvo vinculado al Cártel de Guadalajara.
En lo referente a Los Viagras, la OFAC incorporó a su registro el alias de "Los Blancos de Troya".
Los Viagras es una facción criminal con presencia concentrada en el estado de Michoacán que surgió tras las fragmentaciones de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, según reporta InSight Crime. La organización fue fundada en 2016 por Nicolás Sierra Santana y es considerada uno de los grupos más fuertes y sanguinarios de la región de Tierra Caliente, de acuerdo con reportes del medio local N+.
Esta reciente medida del Departamento del Tesoro es parte de un conjunto de designaciones derivadas de la Orden Ejecutiva, firmada por Donald Trump el 20 de enero de 2025, la cual instruyó al Departamento de Estado a iniciar el proceso para clasificar a determinados cárteles y organizaciones criminales transnacionales bajo las categorías de FTO y SDGT.
En dicha orden, la Casa Blanca sostuvo que los cárteles representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos que va más allá del crimen organizado tradicional. El documento afirma que estas organizaciones mantienen vínculos con actores extranjeros, emplean tácticas de insurgencia y guerra asimétrica, infiltran gobiernos en el hemisferio occidental y ejercen control territorial mediante campañas de violencia y terror.
Asimismo, la orden declaró una emergencia nacional al considerar que las actividades de estas organizaciones constituyen una amenaza "inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidense.
La designación tiene profundas implicaciones jurídicas y financieras. Todos los bienes e intereses patrimoniales de las organizaciones señaladas que se encuentren en Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados de inmediato. Además, las personas y empresas bajo el marco legal de EE. UU. tienen estrictamente prohibido realizar transacciones con estos grupos, salvo autorización expresa de la OFAC.
La medida también amplía las facultades del Departamento del Tesoro para sancionar empresas, intermediarios, prestanombres y cualquier persona o entidad que proporcione apoyo financiero, material o tecnológico a las organizaciones designadas.
De igual forma, la clasificación como FTO permite a las autoridades federales perseguir penalmente a quienes brinden apoyo material a estos grupos, lo que incluye el suministro de financiamiento, bienes, servicios, logística o cualquier otra asistencia contemplada en la legislación penal de EE. UU.
Finalmente, la orden ejecutiva instruyó al Departamento de Estado, al de Justicia, de Seguridad Nacional, al Tesoro y a la comunidad de inteligencia a coordinar acciones conjuntas para implementar estas designaciones y fortalecer las operaciones contra los grupos criminales. Como parte de esta estrategia, el documento establece que la política de Estados Unidos busca desmantelar la presencia de estas organizaciones en su territorio y neutralizar su capacidad de amenaza desde el extranjero.
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