El secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el lunes que se está preparando un decreto ejecutivo que obligará a los bancos a recabar información sobre la ciudadanía de sus clientes.
“Está en proceso. Y no creo que sea descabellado, porque, ¿por qué no disponemos de información sobre quiénes forman parte de nuestro sistema bancario?”, declaró a Semafor en una entrevista el 13 de abril, en respuesta a la pregunta de si la Administración Trump estaba trabajando en dicho decreto bancario.
“Tengo una vivienda en el Reino Unido; allí quieren saber quién vive en cada apartamento, y ¿cómo sabemos que no forma parte de una organización terrorista extranjera?”, añadió.
Al menos un legislador republicano ha solicitado a la Administración Trump que aplique dicha orden, y *The Wall Street Journal* informó, citando fuentes anónimas, de que se podría encargar a los bancos que exigieran a las personas la presentación de sus pasaportes en virtud de dicha política.
En una publicación difundida en X en octubre de 2025, el senador Tom Cotton (R-Ark.) incluyó una carta que envió a Bessent instando al secretario a llevar a cabo una “revisión exhaustiva de las normas actuales que permiten a los extranjeros ilegales obtener servicios financieros y acceder al sistema bancario estadounidense”.
“El acceso al sistema bancario estadounidense es un privilegio que debería reservarse para quienes respetan nuestras leyes y nuestra soberanía”, escribió Cotton en la carta. “Cuando se permite a las personas abrir cuentas sin verificar su situación legal, estamos permitiendo que los extranjeros ilegales establezcan raíces financieras y se integren económicamente, todo ello eludiendo los canales legales que millones de personas utilizan correctamente.”
Cotton preguntó si la Administración podría aplicar la orden en virtud de la Ley Patriota de Estados Unidos, una ley de la época de la Administración Bush promulgada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, o de la Ley de Secreto Bancario, una ley contra el blanqueo de capitales de 1970.
La administración Trump ha dado prioridad a la lucha contra la inmigración ilegal, así como al fraude en las prestaciones sociales. Desde que asumió el cargo en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha emitido múltiples órdenes ejecutivas y memorandos para impulsar la deportación de inmigrantes ilegales y poner fin a los programas de protección temporal contra la deportación para determinados países.
Trump también ha instado al Congreso a aprobar la Ley SAVE America, que se encuentra estancada en el Senado, para exigir documentos de identidad con fotografía para votar y una prueba de ciudadanía estadounidense para inscribirse en el censo electoral.
En una publicación del mes pasado, el presidente afirmó que no habría acuerdo para poner fin al cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a menos que algunos demócratas se unieran a los republicanos para aprobar la medida.
El proyecto de ley debe incluir “su aprobación de la identificación del votante (¡con fotografía!), la ciudadanía para votar, la prohibición del voto por correo (con excepciones), papeletas exclusivamente en papel, la prohibición de la participación de hombres en deportes femeninos y la prohibición de la MUTILACIÓN transgénero de nuestros preciosos hijos”, escribió en una publicación de Truth Social el 22 de marzo. También instó a los legisladores del Congreso a permanecer en Washington durante el receso de Semana Santa, aunque estos finalmente se tomaron sus vacaciones.
El mes pasado, la Administración Trump creó un grupo de trabajo contra el fraude encargado de investigar los casos de inmigrantes ilegales que cometen fraude en las prestaciones, así como otras formas de despilfarro y abuso.
El martes, "The Epoch Times" se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar sus comentarios.
