El Distrito Sur de Texas presentó cargos en 271 casos entre el 15 y el 21 de mayo relacionados con delitos contra la seguridad fronteriza o de inmigración, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 22 de mayo.
De los 271 casos, 249 inmigrantes ilegales fueron acusados de encontrarse en Estados Unidos de forma irregular: 67 personas por entrada ilegal y 182 por reingreso, según el DOJ. La mayoría de estas personas tienen condenas previas por delitos como actos violentos, narcóticos y delitos de inmigración. Diecinueve de los 271 estaban presuntamente implicados en tráfico de personas.
Los casos forman parte de la Operación "Take Back America", establecida mediante un memorándum de marzo de 2025 del entonces fiscal general adjunto Todd Blanche.
La operación busca implementar objetivos fundamentales como repeler la invasión de inmigrantes ilegales, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales, y establecer grupos de trabajo de Seguridad Nacional, uno de cuyos objetivos es desmantelar las redes transfronterizas de tráfico y contrabando de personas.
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Entre los 271 casos presentados por el Distrito Sur de Texas, uno de ellos se refería a un camionero de fuera del estado detenido por presuntamente intentar pasar de contrabando a 42 inmigrantes ilegales en un remolque.
“Los cargos alegan que el 16 de mayo, Juan Nasario-Reyes llegó a un puesto de control y afirmó que su vehículo estaba vacío, pero un perro policía dio la voz de alarma y las fuerzas del orden acabaron descubriendo a cuatro extranjeros ilegales ocultos en la cabina y a otros 38 en el remolque. Este había sido cerrado con llave desde el exterior y la temperatura interior era de aproximadamente 33.6 grados”, declaró el Departamento de Justicia.
“Un total de 13 de los inmigrantes ilegales también se enfrentan a cargos de entrada o reentrada ilegal, mientras que se espera que los restantes sean expulsados inmediatamente del país”.
Otros tres casos involucraban a inmigrantes ilegales mexicanos que se encontraban en Estados Unidos de forma irregular. Una persona había sido condenada anteriormente por el delito grave de reentrada ilegal y sentenciada a 63 meses de prisión en 2022. Esta persona fue expulsada del país en abril de este año.
En otro caso, un inmigrante ilegal de El Salvador, condenado por delitos sexuales, fue sentenciado a 40 meses de prisión por reentrar en Estados Unidos sin autorización.
The Epoch Times se puso en contacto con el representante legal de Nasario-Reyes para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
Los cargos relacionados con la inmigración del Distrito Sur de Texas correspondientes al periodo del 15 al 21 de mayo se producen tras el anuncio del Departamento de Justicia (DOJ) del 22 de mayo de que el Distrito Oeste de Texas había presentado 319 nuevos casos de inmigración y delitos relacionados durante ese periodo.
Las medidas de la administración Trump contra la inmigración ilegal se han enfrentado a dificultades.
En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul presentó en enero la Ley de Policías Locales, Delitos Locales, que pretende impedir que las fuerzas del orden locales celebren acuerdos de cooperación en virtud de la Sección 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En virtud de dichos acuerdos, los funcionarios locales y estatales pueden detener a presuntos inmigrantes ilegales.
En ese momento, Hochul acusó al gobierno federal de "utilizar a los agentes de policía locales como arma para la aplicación de la ley de inmigración civil".
Actualmente se está debatiendo en el estado una legislación similar, la Ley "New York for All", que pretende impedir que los agentes locales y estatales apliquen las leyes federales de inmigración o compartan información con las autoridades federales.
En una entrevista concedida el 15 de mayo a The Daily Signal, el responsable de la frontera, Tom Homan, advirtió que los estados que no permitan a sus agentes cooperar con el ICE verán posteriormente un aumento del personal sobre el terreno.
Homan dijo que ya le había dicho a Hochul: “Si pone fin a la cooperación en las cárceles, tendremos que enviar más agentes para hacer el trabajo, porque ahora, en lugar de que un agente arreste a un delincuente en la cárcel —lo cual es más seguro para el agente, más seguro para el extranjero y, por supuesto, más seguro para la comunidad—, lo van a poner en libertad. Ahora tendremos que enviar a todo un equipo, seis o siete agentes, a buscarlo. Así que esto se traducirá en más agentes en la comunidad".
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado del 24 de febrero que la administración Trump ha logrado la "frontera más segura de la historia" para el país.
En ese momento, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que, en los 13 meses anteriores, casi 3 millones de inmigrantes ilegales habían abandonado Estados Unidos debido a la campaña de la administración contra la inmigración ilegal.
Además, el DHS dijo en un comunicado del 15 de mayo que la Patrulla Fronteriza logró en abril su duodécimo mes consecutivo sin liberaciones.
“Los días de capturar y liberar han terminado”, dijo el secretario del DHS, Markwayne Mullin. “Estamos haciendo cumplir las leyes de la nación y enviando a los extranjeros ilegales de vuelta a sus países de origen”.
