Organismo de control pide que se investigue el registro en el domicilio de la representante Ilhan Omar

El grupo jurídico independiente afirmó que el registro "parece estar programado para influir en los votantes de las próximas elecciones de mitad de mandato"

Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional registran la vivienda de la diputada Ilhan Omar (D-Minn.) en Washington el 12 de octubre de 2026. (Andrew Leyden/Getty Images).
Investigadores del Departamento de Seguridad Nacional registran la vivienda de la diputada Ilhan Omar (D-Minn.) en Washington el 12 de octubre de 2026. (Andrew Leyden/Getty Images).
Zachary Stieber
14 de octubre de 2026, 1:04 p. m.

Un organismo de control gubernamental ha solicitado a la Oficina del Asesor Especial de Estados Unidos que investigue si los funcionarios infringieron la Ley Hatch durante el registro de la vivienda de la representante Ilhan Omar (D-Minn.).

El Asesor Especial debería investigar a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Justicia (DOJ), incluido el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para determinar si infringieron la Ley Hatch, afirmaron los abogados del Fondo de Defensores de la Democracia y Richard Painter, quien se desempeñó como funcionario de ética durante la administración de George W. Bush, en una carta del 13 de octubre dirigida al Asesor Especial Charles Baldis.

El registro del domicilio de la representante Omar "parece estar programado para influir en los votantes de las próximas elecciones de mitad de período", escribieron.

La Ley Hatch prohíbe a los empleados del gobierno utilizar su autoridad oficial "con el propósito de interferir o influir en el resultado de una elección".

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Agentes del DHS registraron el lunes la residencia de Omar en Washington como parte de una investigación penal.

Mullin ha señalado que Omar, originaria de Somalia y quien se mudó a Estados Unidos en la década de 1990, podría haber cometido fraude migratorio.

Omar, de 44 años, ha negado las acusaciones.

"Estoy bien. Que no quepa duda: se trata de un intento de atacar a enemigos políticos y de utilizar a las autoridades federales como arma", afirmó Omar en X.

Su oficina señaló que el registro constituyó "un abuso de poder escandaloso".

En la denuncia presentada ante la Oficina del Asesor Especial, Painter y los demás abogados hicieron referencia al manual del Departamento de Justicia (DOJ), el cual indica a los fiscales y agentes que “nunca pueden elegir el momento de ninguna acción —incluidas las medidas de investigación, los cargos penales o las declaraciones— con el propósito de influir en cualquier elección, ni con el propósito de otorgar una ventaja o desventaja a ningún candidato o partido político”.

Asimismo, señalaron que el Departamento de Justicia (DOJ) a menudo ha evitado tomar medidas en investigaciones contra candidatos en el período previo a unas elecciones por temor a afectar los resultados electorales.

Los supuestos problemas migratorios de Omar se remontan a hace años, escribieron además los abogados. También señalaron que el presidente Donald Trump ha criticado a Omar, llegando a decir durante un evento en 2025 que "debería largarse [palabrota]" de Estados Unidos, y que el vicepresidente JD Vance afirmó posteriormente: "Creemos que Ilhan Omar definitivamente cometió fraude migratorio contra Estados Unidos de América".

Los abogados afirmaron que esperar varias semanas hasta después de las elecciones del 3 de noviembre no habría provocado la pérdida de pruebas, según la información que se ha difundido y que se ha hecho pública por otros medios.

“La decisión del Departamento de Justicia (DOJ) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de llevar a cabo esta redada precisamente en este momento y por estas supuestas razones es inexplicable, salvo que se trate de un uso del poder con motivaciones políticas para influir en las elecciones al Congreso de Minnesota, lo cual constituiría una violación de la Ley Hatch”, señalaron en la denuncia. “Por lo tanto, es necesario revisar este asunto de inmediato.”

Un funcionario del Departamento de Justicia (DOJ) indicó a The Epoch Times en un correo electrónico que ninguna norma ni política del departamento prohíbe la actividad investigativa o procesal en los meses previos a una elección.

“La ‘regla de los 60 días’ es una práctica informal, no una política escrita. La disposición aplicable, el § 9-85.500 del Manual de Justicia, prohíbe a los fiscales y agentes elegir el momento de cualquier acción con el propósito de influir en una elección o de beneficiar o perjudicar a un candidato o partido. El criterio es el propósito, no la proximidad al día de las elecciones", señaló el funcionario.

"La política del Departamento no exige que este detenga el trabajo en curso durante la temporada electoral. Además, cualquier acción que pueda plantear esa cuestión requiere la consulta con la Sección de Integridad Pública".

La Oficina del Asesor Especial ha recibido la denuncia y no tiene comentarios al respecto, señaló un portavoz en un correo electrónico.

El DHS no respondió a una solicitud de comentarios al momento de la publicación.

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