Lavó más de USD 70 millones para el narco: Mexicano extraditado desde Perú a EE. UU. se declara culpable

Imagen ilustrativa: Un recluso condenado a muerte permanece de pie con las manos esposadas mientras se prepara para ser trasladado desde el patio de ejercicios de regreso a su celda en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, el 15 de agosto de 2016 en San Quentin, California. (Foto de Justin Sullivan/Getty Images)
Imagen ilustrativa: Un recluso condenado a muerte permanece de pie con las manos esposadas mientras se prepara para ser trasladado desde el patio de ejercicios de regreso a su celda en el corredor de la muerte de la prisión estatal de San Quentin, el 15 de agosto de 2016 en San Quentin, California. (Foto de Justin Sullivan/Getty Images)
Estela Hernandez
15 de septiembre de 2026, 4:06 p. m.
Actualizado el15 de septiembre de 2026, 4:06 p. m.

Un mexicano que habría sido detenido y extraditado desde Perú a Estados Unidos se declaró culpable de blanquear 72 millones de dólares para el narcotráfico.

Frank Mahonri Cruz Marentes se declaró culpable este lunes de blanquear las ganancias del narcotráfico entre enero de 2019 y abril de 2021, de acuerdo con un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Sur de California del 14 de septiembre.

De acuerdo con los registros judiciales en EE. UU., Cruz Marentes obtuvo contratos con organizaciones del narcotráfico en México para recoger ganancias de la droga en ciudades de todo Estados Unidos, como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York, entre otras.

Una vez con las ganancias en su poder, el mexicano se comunicaba a través de teléfonos desechables con una red de mensajeros y titulares de cuentas bancarias con sede en el Valle Imperial. En dichas llamadas utilizaba frases en código para coordinar los depósitos en efectivo en cuentas bancarias de “empresas fantasma” —empresas que aparentan ser negocios legítimos pero en realidad no tienen una presencia física o actividad comercial real—, detalla el comunicado.

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Con el plan listo, los mensajeros viajaban desde San Diego a ciudades de todo Estados Unidos para recibir el dinero utilizando los datos confidenciales acordados en las llamadas para verificar el encuentro. Según la fiscalía, el dinero era ocultado en bolsas de basura, de lona o en cajas de zapatos.

Una vez que el dinero era trasladado a su destino final, se depositaba en las cuentas bancarias fantasma para luego ser transferido de forma electrónica a cuentas bancarias personales en México para finalmente ser distribuido al crimen organizado.

Cruz Marentes fue extraditado a Estados Unidos desde Perú en noviembre de 2025, luego de que el Gobierno peruano autorizara su entrega para ser procesado por la presunta comisión del delito de conspiración para blanquear instrumentos monetarios, según consta en la Resolución Suprema emitida el 24 de septiembre de 2025.

El proceso legal avanzó de forma acelerada después de que el propio imputado se acogiera libre y voluntariamente al procedimiento simplificado de entrega el 15 de abril de 2025, amparado en el Tratado de Extradición vigente entre ambas naciones.

Para el 16 de junio de 2025, la Corte Suprema de Perú aprobó la solicitud de extradición. La revisión final pasó al Gobierno el 9 de septiembre de 2025, cuando la comisión oficial encargada respaldó la medida y aconsejó autorizar el envío del acusado a Estados Unidos.

La sentencia de Cruz Marentes está programada para el 18 de diciembre de 2026.

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El caso del mexicano fue investigado y procesado por la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional de California (HSTF) como parte de la Operación Take Back America (Recuperar a América).

El HSTF es un organismo federal creado bajo la Orden Ejecutiva 14159 para combatir a cárteles, pandillas y redes de tráfico de personas. A través de la coordinación entre múltiples agencias, el organismo investiga y desmantela las organizaciones criminales que amenazan la seguridad del país.

Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado la lucha contra el crimen organizado al catalogar a estos grupos como organizaciones terroristas, sancionar a empresarios y funcionarios latinoamericanos vinculados al delito y lograr la captura de capos de alto perfil.

Esta estrategia se apoya en dos alianzas regionales impulsadas por Washington: el Escudo de las Américas y la Coalición contra los Cárteles de las Américas (ACCC, por sus siglas en inglés). A través de estas plataformas, el gobierno estadounidense colabora con países de Latinoamérica y el Caribe para proteger la región del narcotráfico, el crimen transnacional y las presiones geopolíticas.

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