La jueza federal de distrito está considerando reabrir la demanda recientemente resuelta del presidente Donald Trump sobre las presuntas irregularidades y engaños en el acuerdo alcanzado de Trump con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Como parte del acuerdo extrajudicial, se creó un Fondo contra el uso de las Fuerzas del Orden como arma política. Trump aceptó retirar una demanda de 10 mil mdd contra el IRS, a cambio de la creación de este fondo de casi 1.8 mdd para compensar a las presuntas víctimas de la utilización política de las instituciones judiciales y policiales.
La jueza de distrito estadounidense Kathleen Williams, de Florida, solicitó respuestas a los abogados mediante una orden emitida por dicha jueza.
Williams dijo que quería investigar las "graves acusaciones" de que el acuerdo se basaba en el engaño.
Williams señaló que 35 exjueces federales presentaron una moción solicitando al tribunal que reabriera el caso. Algunos de los que apoyan la moción "alegan que el acuerdo “es producto de una colusión y constituye en sí mismo un fraude al tribunal”.
En otras palabras, los exjueces alegaron que la demanda fue colusoria, lo que significa que se acusa a Trump y al IRS de colaborar para lograr una resolución del caso favorable a Trump en lugar de litigarlo adecuadamente en el entorno contradictorio habitual de un tribunal.
Señaló que una norma judicial conocida como Regla 11 permite al tribunal investigar conductas indebidas graves y determinar "si un abogado ha abusado del proceso judicial".
"La decisión de una parte de presentar una demanda frívola con el único propósito de forzar un acuerdo puede considerarse un propósito indebido".
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La jueza ordenó a los abogados de Trump que respondieran a las preguntas sobre cualquier posible engaño antes del 12 de junio.
Anteriormente, el 29 de mayo, la jueza federal de distrito Leonie Brinkema, de Virginia, dictó una orden en un litigio independiente que bloqueaba temporalmente las medidas de la Administración Trump para establecer el Fondo contra la instrumentalización.
Afirmó que la orden era necesaria para garantizar que no se "desembolsaran irreversiblemente" fondos antes de que el litigio sobre el fondo tuviera la oportunidad de resolverse.
La orden de Brinkema fue una respuesta a una demanda presentada por el exfiscal federal Andrew Floyd, quien había procesado a personas presuntamente implicadas en la violación de la seguridad en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, así como a un profesor de California que fue detenido mientras se manifestaba contra una redada federal de inmigración. Una organización sin ánimo de lucro también se sumó a la impugnación contra la creación del fondo.
Los legisladores demócratas se han mostrado en gran medida críticos con el fondo, mientras que algunos republicanos se opusieron a su creación.
El senador Rand Paul (R-Ky.) declaró la semana pasada a The Hill que tiene dudas sobre el acuerdo entre Trump y el gobierno federal.
"Creo que no tiene precedentes que alguien esté en ambos lados de una decisión judicial, en la que, en esencia, se llega a un acuerdo con uno mismo", declaró Paul al medio.
En una audiencia del Congreso a principios de este mes, la senadora Patty Murray (D-Wash.) criticó el fondo y la forma en que se administrará.
"De lo que estamos hablando es, ni más ni menos, de que el actual presidente de los Estados Unidos saquee el Tesoro para su propio beneficio", afirmó.
Como resultado del acuerdo, el fiscal general en funciones de EE. UU., Todd Blanche, declaró el 19 de mayo que el IRS ya no presentaría reclamaciones contra Trump, los miembros de su familia o sus empresas por supuestos impuestos impagados.
Trump, dos de sus hijos y la empresa familiar Trump habían presentado una demanda ante un tribunal federal de Florida en enero, alegando que el IRS y su agencia matriz, el Departamento del Tesoro de EE. UU., no habían impedido que un antiguo contratista filtrara las declaraciones de impuestos de Trump a los medios de comunicación.
Los demandantes alegaron que las agencias no tomaron las precauciones obligatorias para impedir que el antiguo contratista del IRS obtuviera ilegalmente acceso a sus registros fiscales confidenciales y facilitara esa información a The New York Times y ProPublica entre 2019 y 2020.
Como parte del acuerdo, los propios demandantes recibirán "una disculpa formal, pero ningún pago monetario ni indemnización por daños y perjuicios de ningún tipo", según informó el Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado del 18 de mayo.
Los demandantes aceptaron retirar sus reclamaciones "a cambio de la creación de este fondo" y, además, acordaron retirar dos reclamaciones administrativas que habían presentado por daños y perjuicios "derivados de la redada ilegal en Mar-a-Lago y el engaño de la colusión con Rusia".
"La maquinaria del Gobierno nunca debe utilizarse como arma contra ningún estadounidense, y es intención de este Departamento corregir los errores cometidos anteriormente, al tiempo que se garantiza que esto no vuelva a suceder", afirmó Blanche en el comunicado.
En respuesta a las críticas, Trump escribió anteriormente en una publicación de Truth Social que "renunció a mucho dinero" como parte del acuerdo para crear el nuevo fondo.
"En cambio, estoy ayudando a otros, que fueron tan gravemente maltratados" por la anterior administración presidencial, dijo el presidente.
Con información de Jack Phillips.
