Una jueza federal de Virginia impidió este viernes de forma temporal que el Departamento de Justicia (DOJ) pusiera en marcha sus planes para crear un fondo "contra la instrumentalización" de 1776 millones de dólares destinado a indemnizar a aquellas personas que, según la Administración Trump, fueron objeto de un trato injusto por parte del Gobierno en el marco de diversas investigaciones.
En una orden de dos páginas, la jueza federal de distrito Leonie Brinkema escribió que el DOJ tiene prohibido tomar medidas relativas a la "creación o el funcionamiento del Fondo contra la instrumentalización, lo que incluye la transferencia de dinero al Fondo; la consideración de cualquier reclamación presentada al Fondo; y el desembolso de cualquier fondo del Fondo".
La jueza también señaló que la orden tiene por objeto "garantizar que no se desembolsen fondos de forma irreversible del Fondo contra la instrumentalización".
El fondo fue anunciado el 18 de mayo por el fiscal general en funciones Todd Blanche, en respuesta a la decisión del presidente Donald Trump de aceptar retirar una demanda contra el IRS relacionada con la publicación de los documentos fiscales de Trump.
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Trump también accedió a retirar dos reclamaciones relacionadas con el registro del FBI en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, en agosto de 2022, así como con la investigación de la agencia policial sobre si su campaña de 2016 se confabuló con el Gobierno ruso.
Días después de la creación del fondo, un exfuncionario de la administración Trump, Michael Caputo, envió una carta a Blanche solicitando una indemnización con cargo al fondo por lo que, según él, fueron procesos judiciales injustos contra él y su familia que le causaron pérdidas personales y económicas.
En la orden del viernes, Brinkema fijó una audiencia para el 12 de junio para debatir si el tribunal debería prorrogar aún más la suspensión de la creación del fondo.
Su orden fue en respuesta a una demanda presentada por el exfiscal federal Andrew Floyd, quien había procesado a personas presuntamente implicadas en la irrupción en el Capitolio de EE. UU. el 6 de enero de 2021, así como a un profesor de California, Johnathan Caravello, que fue detenido mientras se manifestaba contra una redada federal de inmigración. Una organización sin ánimo de lucro también se sumó a la impugnación contra la creación del fondo.
En su demanda, presentada el 22 de mayo, los demandantes alegaron que la creación del fondo sería el resultado de "un acuerdo colusorio entre el presidente y su propia administración" y "carece de autorización del Congreso, de fundamento legal y de rendición de cuentas".
La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Epoch Times el viernes.
