Un tribunal federal de distrito dictaminó el 23 de diciembre que el presidente Donald Trump tiene autoridad legal para aumentar a 100,000 dólares la tarifa de las visas H-1B para empleados en ocupaciones especializadas.
Antes del cambio, la tarifa oscilaba entre 2000 y 5000 dólares, dependiendo del tamaño de la empresa.
La jueza Beryl Howell, con sede en Washington, emitió la nueva sentencia después de que los demandantes, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación de Universidades Americanas, presentaran una demanda para bloquear la política. Howell se negó a bloquear el cambio de política y dictó una sentencia sumaria a favor de la administración Trump.
El programa H-1B permite a los empleadores estadounidenses contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones que requieren "la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos altamente especializados y una licenciatura o título superior en una especialidad específica directamente relacionada (o su equivalente) como mínimo para acceder a la ocupación en Estados Unidos", según la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (CIS).
Las ocupaciones especializadas cubiertas por el programa incluyen campos como la ingeniería, las matemáticas, la arquitectura, la medicina y la salud, la educación, el derecho y la contabilidad.
El número de visas H-1B emitidas anualmente tiene un límite de 65,000, con 20,000 adicionales para poseedores de títulos avanzados estadounidenses.
Trump firmó la Proclamación 10973 el 19 de septiembre, en la que se exige el pago de una tasa de 100,000 dólares antes de que se tramiten las solicitudes de los empleadores para obtener nuevas visas H-1B.
"La sustitución a gran escala de trabajadores estadounidenses mediante el abuso sistemático del programa socabo tanto nuestra seguridad económica como nuestra seguridad nacional", afirma la proclamación.
"Algunos empleadores, utilizando prácticas ahora ampliamente adoptadas por sectores enteros, abusando de la ley H-1B y sus regulaciones para suprimir artificialmente los salarios, lo que dio lugar a un mercado laboral desfavorable para los ciudadanos estadounidenses, al tiempo que dificultó la atracción y retención de los trabajadores temporales más cualificados, con el mayor impacto en los campos críticos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM)", dice el documento.
La Cámara de Comercio, una federación empresarial con unos 300,000 miembros directos, y la Asociación de Universidades Americanas, que representa a 69 universidades de investigación con sede en Estados Unidos, argumentaron que la proclamación excede la autoridad de los Departamentos de Seguridad Nacional y de Estado, según afirmó Howell en su opinión escrita.
También argumentaron que la aplicación del cambio de política violaba la Ley de Procedimiento Administrativo, una ley de 1946 que rige los procedimientos de derecho administrativo para los departamentos ejecutivos federales y las agencias independientes. El senador Pat McCarran (D-Nev.) dijo que la ley era "una carta de derechos para los cientos de miles de estadounidenses cuyos asuntos están controlados o regulados de una forma u otra por agencias del gobierno federal".
Los demandantes argumentaron que la nación se beneficia de los trabajadores H-1B, que "contribuyen enormemente a la productividad, la prosperidad y la innovación estadounidenses". Argumentaron que el programa ayuda a las universidades, los hospitales y las empresas de los sectores de la fabricación y la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a hacer frente a la escasez de mano de obra nacional, ya que crea puestos de trabajo en el país que permiten a los empleadores estadounidenses seguir basando sus operaciones en Estados Unidos.
También afirmaron que el programa fomenta la innovación de productos, hace que el sector manufacturero sea competitivo y tiene un efecto positivo en el comercio de Estados Unidos con otros países, según la jueza.
"Los demandados tienen la posición más fuerte", afirmó Howell.
La legalidad de la proclamación y su aplicación se basan en "una lectura directa de los estatutos del Congreso que otorgan al presidente amplia autoridad para regular la entrada en Estados Unidos tanto de inmigrantes como de no inmigrantes", afirmó.
La proclamación se emitió de conformidad con las facultades que el Congreso otorgó al presidente y las medidas adoptadas para aplicarla no violan la Ley de Procedimiento Administrativo, afirmó la jueza.
La jueza afirmó que esta sentencia a favor del gobierno federal "no pretende descartar ni menospreciar las contribuciones pasadas y actuales de los trabajadores H-1B a la economía estadounidense que destacan los demandantes". La forma en que el programa afecta a la economía o la seguridad nacional de Estados Unidos, "ya sea positiva o negativamente, simplemente no es objeto de debate en este caso", afirmó.
Desde hace tiempo, la postura del Tribunal Supremo es que "las cuestiones de política económica y exterior se confían generalmente a los poderes políticos del gobierno y "rara vez son objeto de intervención judicial"", afirmó Howell.
La sentencia del tribunal se produjo el mismo día en que el Departamento de Seguridad Nacional anunció cambios en el proceso de visados H-1B.
A partir del 27 de febrero de 2026, el departamento implementará un "proceso de selección ponderada" destinado a controlar el actual sistema de lotería aleatoria y dar prioridad a los extranjeros más cualificados y mejor remunerados.
Las autoridades afirmaron que esta medida tiene por objeto proteger aún más las oportunidades de los trabajadores estadounidenses. El CIS afirmó en un comunicado que el actual proceso de selección aleatoria permitía a los empleadores estadounidenses explotar el sistema "inundando el grupo de selección con trabajadores extranjeros menos cualificados y con salarios bajos, en detrimento de la mano de obra estadounidense".
Con información de T.J. Muscaro.
