El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, dice que la labor de las autoridades migratorias es hacer cumplir la ley, sin importar si la persona que ingresó de manera ilegal al país lo hizo hace años.
“Nuestro estatuto es hacer cumplir las políticas de inmigración. Cada persona que eligió cruzar nuestra frontera norte o sur y saltarse la fila de nuestra verdadera política de inmigración, eligió violar las leyes de nuestra Nación”, declaró Mullin en entrevista con Fox News, según una publicación en X del 18 de septiembre.
“Sin importar si fue hace 20 años, 30 años o 40 años, igualmente elegiste violar la ley”, enfatizó el funcionario estadounidense.
Mullin advirtió que los operativos dirigidos contra una persona pueden derivar en la detención de otros inmigrantes indocumentados que se encuentren en el mismo lugar, subrayando que la ley federal obliga al ICE a actuar cuando establece contacto con ellos.
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“Debido al estatuto que aprobó el Congreso, cuando hacemos contacto con un ilegal, estamos obligados; no podemos simplemente decir: 'ok, eres legal, sigue tu camino'. Las fuerzas del orden locales tienen esa autoridad.
"El gobierno federal, a través de la autoridad de ICE, tenemos que detener a ese individuo”, declaró.
A inicios de 2025, el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos inauguró una nueva era en la política migratoria del país, marcada por un endurecimiento de las medidas migratorias en las fronteras y controles más estrictos. Los efectos de esta estrategia no tardaron en reflejarse en las estadísticas oficiales, provocando un cambio drástico en el flujo de encuentros migratorios a nivel nacional.
Mientras que los años fiscales 2023 y 2024 registraron cifras masivas que oscilaron entre los 2.9 y 3.2 millones de encuentros migratorios anuales —con un pico histórico de más de 370,000 casos en diciembre de 2024—, el panorama dio un vuelco radical a partir de febrero de 2025. Tras el desplome de las cifras en ese periodo, los encuentros mensuales se contrajeron de manera abrupta para estancarse en un rango plano y reducido de entre 24,000 y 35,000 casos mensuales, una tendencia a la baja que se ha mantenido sostenida durante todo 2026, según los datos registrados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés).
Al mismo tiempo que la administración Trump defiende una aplicación más amplia de las leyes migratorias, las cifras oficiales muestran una fuerte reducción de los encuentros en la frontera, mientras algunos legisladores cuestionan el alcance de las medidas de aplicación dentro del país.
En este frente, la congresista María Elvira Salazar —una de las figuras que respaldó las promesas migratorias de Donald Trump tanto en campaña como ya en el ejercicio del poder— alzó la voz para cuestionar el rumbo actual del gobierno, advirtiendo que las medidas implementadas “han ido demasiado lejos”
En un video publicado por la congresista este 17 de septiembre, abordó el tema migratorio de la administración Trump.
“Señor presidente, sus políticas migratorias han ido demasiado lejos”, declaró la congresista.
“En julio, su gobierno detuvo a 50,000 personas y la mitad de ellas no tenían antecedentes penales. Cuidado con lo que le dicen sus asesores. Los mismos hispanos que lo llevaron a la Casa Blanca en el 2024, hoy se sienten traicionados”, continuó Salazar.
La congresista le dijo al presidente Trump que él es el único que puede “resolver este problema que arrastra el país desde hace 40 años”, aseguró que no está hablando de concederles una amnistía, sino de “darles una vida digna en la tierra prometida”.
En este mismo escenario de tensiones institucionales, la administración ha avanzado en otro frente estratégico en materia migratoria con la propuesta de modificar el Censo de EE. UU. para excluir a los inmigrantes indocumentados —así como a aquellos con estatus legales temporales o indefinidos— de los totales poblacionales utilizados para la distribución de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de los fondos federales.
La Oficina del Censo publicó una propuesta de norma basada en el concepto de "residencia habitual", buscando utilizar registros administrativos para limitar la base de distribución únicamente a ciudadanos y residentes permanentes legales.
Esta iniciativa ha generado posturas encontradas. Por un lado, los partidarios de la medida argumentan que el recuento político y la asignación de recursos deben reservarse para quienes cuentan con un estatus legal permanente en el país.
Por otro lado, críticos y autoridades estatales, como la fiscal general de Nueva York, han señalado que la Constitución exige contar a toda persona que viva en Estados Unidos sin importar su situación migratoria, advirtiendo que la exclusión podría reducir injustamente la representación y los presupuestos de estados con alta población migrante, por lo que ya evalúan opciones legales para impugnarla.
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