Opinión
La semana pasada, nuestro país conmemoró el 25.º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Fue un recordatorio solemne de la amenaza real y persistente que representan los adversarios que odian a Estados Unidos y las libertades que el país defiende.
Tenemos una deuda de gratitud inmensa con los valientes hombres y mujeres que sirven con orgullo a nuestro país vistiendo el uniforme: miembros de las fuerzas armadas, agentes del orden y personal de primera respuesta.
Proteger a Estados Unidos y a sus ciudadanos es la responsabilidad principal del gobierno federal. El preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos estableció que garantizar la "defensa común" es una justificación de nuestro sistema de gobierno, y nuestros líderes electos juran preservar, proteger y defender al país frente a quienes pretendan hacernos daño.
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Cumplir con este cometido resulta cada vez más difícil, y no solo porque nuestros enemigos sean más sofisticados —que lo son—, sino debido al rápido crecimiento de nuestra deuda nacional.
Este año, la deuda federal superó por primera vez los 40 billones de dólares, duplicando su volumen en menos de una década. Un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso publicado esta primavera estima que la deuda bruta —la suma de lo que el gobierno debe a los tenedores de bonos y a sí mismo mediante préstamos intragubernamentales— alcanzará los 182 billones de dólares en dos décadas. Esto equivale a unos 2 millones de dólares por cada hogar estadounidense.
Al igual que le sucede a una persona con una tarjeta de crédito excesivamente sobregirada, la enorme carga de deuda de nuestro país crece como una bola de nieve. Estados Unidos no ha registrado un año con superávit presupuestario en un cuarto de siglo. Cada déficit —la diferencia negativa anual entre lo que el gobierno recauda y lo que gasta— incrementa aún más la deuda total, la cual a su vez genera intereses, añadiendo así más costos a las cuentas federales.
Esta espiral financiera afecta directamente nuestra preparación militar. Hoy en día, Estados Unidos gasta más en el pago de intereses para atender su deuda que en la defensa nacional.
A medida que la deuda sigue aumentando, también lo harán los costos de los intereses. La CBO (Oficina de Presupuesto del Congreso) proyecta que, en un plazo de 10 años, 25 centavos de cada dólar de recaudación fiscal se destinarán a cubrir los gastos por intereses. Se trata de dinero que podría utilizarse para pagar a los miembros de las fuerzas armadas, modernizar nuestras flotas o invertir en las nuevas tecnologías y capacidades necesarias para mantenernos por delante de nuestros adversarios; sin embargo, en su lugar, se destina automáticamente a pagar los costos de endeudamiento de programas que no podemos permitirnos.
El presupuesto de la administración Trump para el próximo año solicita 1.5 billones de dólares para gastos de defensa, lo que representa un aumento superior al 40 por ciento con respecto a años anteriores. Si bien esta medida es necesaria —al menos en parte— para recomponer nuestras fuerzas armadas tras los recortes presupuestarios efectuados por los expresidentes Barack Obama y Joe Biden para financiar sus agendas sociales progresistas, tal solicitud resultaría ambiciosa incluso en años de bonanza económica, cuando el gobierno dispone de abundantes recursos. Resulta altamente improbable que sea viable en un momento en que la deuda alcanza niveles históricos.
El presupuesto presidencial propone recortar los programas internos en aproximadamente un 10 por ciento para compensar dichos costos. No obstante, ese ahorro apenas ascendería a unos 74,000 millones de dólares, una fracción del costo total que conlleva el presupuesto de defensa de la administración.
Ahí radica el dilema. Ante un déficit presupuestario de tal magnitud, el gobierno federal difícilmente puede permitirse aumentar el gasto en defensa nacional. Y, si bien la situación actual es grave, no hará más que empeorar a medida que crezca la deuda. ¿Hasta qué punto podemos permitirnos endeudarnos aún más y durante cuánto tiempo podremos seguir postergando la solución del problema?
La respuesta a ambas cuestiones es que no podemos hacerlo, al menos no sin provocar un desastre fiscal aún mayor en un futuro próximo, una situación que resultaría mucho más difícil de remediar, si no imposible.
Como era de esperar, la izquierda celebra el deterioro de la fortaleza militar de nuestro país. Un medio radical proclamó con orgullo —nada menos que un día antes del aniversario del 11 de septiembre— que los activistas debían "aprovechar" el "deplorable estado del poder militar estadounidense" para transformar los "sentimientos antibélicos en conclusiones antiimperialistas".
Lamentablemente, este tipo de posturas detestables e insensatas son características del pensamiento socialista. Aplauden programas derrochadores que fomentan el Estado de bienestar a costa de las familias trabajadoras, bajo la creencia de que el gobierno puede satisfacer todas sus necesidades. Sin embargo, rechazan el gasto destinado a la tarea más importante de nuestro gobierno: garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Pero ese es precisamente el objetivo de la izquierda. Están decididos a concentrar el poder en un gobierno central, aunque ello implique llevar al país a la quiebra y dejar a nuestra población vulnerable ante enemigos que —no nos engañemos— siguen empeñados en socavar a nuestra nación y las libertades que defendemos.
La enorme y creciente deuda de Estados Unidos afecta a todos los aspectos de nuestra vida, incluida la seguridad nacional. El gobierno no puede cumplir su función principal —o no podrá hacerlo por mucho tiempo— a menos que logremos controlar la crisis de la deuda.
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente el punto de vista de The Epoch Times.
