Un juez federal desestimó el jueves una demanda presentada contra la administración Trump por el exdirector de la CIA, John Brennan, quien sostiene que la administración pretendía iniciar un proceso penal en su contra.
Brennan dijo que el gobierno no está conservando los registros en lo que podría ser un proceso judicial en su contra. Según él, esos registros son necesarios para "impugnar una acusación formal y proteger sus derechos al debido proceso y a la igualdad ante la ley, evitando así ser procesado de manera vengativa o selectiva".
Sus abogados, por su parte, argumentaron en su demanda que la conservación de las comunicaciones de los fiscales permitiría a una corte determinar si el exdirector de la CIA estaba siendo procesado de manera "selectiva" y "vengativa".
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En una opinión de 19 páginas, la jueza de distrito estadounidense Jia M. Cobb concluyó que Brennan no demostró tener legitimación procesal, es decir, el tipo de daño concreto que permitiría a la corte intervenir.
El Departamento de Justicia no ha presentado cargos contra Brennan, a pesar de que el presidente Donald Trump ha pedido que se le procese por su papel en las falsas acusaciones de que Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones de 2016.
El departamento está investigando si Brennan mintió al Comité Judicial de la Cámara de Representantes en 2023 en relación con la evaluación. El comité remitió a Brennan al Departamento de Justicia para su procesamiento en octubre de 2025.
También se le investiga por una presunta conspiración para privar a Trump de sus derechos mediante la investigación de la presunta injerencia rusa. Brennan ha negado haber cometido irregularidad alguna.
La jueza Cobb consideró que Brennan estaba especulando al argumentar que sufriría daños si el Departamento de Justicia lo acusaba formalmente. Aunque reconoció que Brennan podría ser acusado, señaló que el exdirector de la CIA no demostró suficientemente que sus derechos pudieran ser vulnerados.
Según Cobb, el hecho de que el gobierno no conserve los registros no es suficiente para que Brennan demuestre que está sufriendo algún daño.
"Eso se debe a que Brennan no alega ningún derecho independiente a acceder o utilizar los registros, y no ha alegado tener ningún interés en conservarlos por ningún otro motivo que no sea utilizarlos en su eventual defensa", escribió.
Cobb escribió que Brennan debía demostrar una cadena de hechos para acreditar el daño causado por el gobierno. Estos incluyen que el gobierno decida presentar una o más acusaciones contra Brennan; que un gran jurado emita una acusación formal; y que el exdirector de la CIA solicite el sobreseimiento del caso por motivos de persecución selectiva o persecución vengativa.
El proceso también incluiría que la corte que supervisa el caso penal permitiera a Brennan ver las comunicaciones y los registros del gobierno para determinar si la acusación estuvo motivada por selectividad o venganza; y la destrucción o pérdida de documentos que hubieran sido relevantes para esa investigación, de modo que Brennan sufra una violación de sus derechos constitucionales.
Según Cobb, Brennan tendría que demostrar que cada paso se llevó a cabo, e incluso si alguno de los pasos no se produjo, el exdirector de la CIA no tendría argumentos para probar que se causó algún daño.
En un comunicado a The Epoch Times, los abogados de Brennan, Ken Wainstein y Dan Gelber, dijeron que el sobreseimiento "se basó en la cuestión legal técnica de la legitimación procesal, no en el fondo de la afirmación del director Brennan de que el Departamento de Justicia está utilizando el sistema de justicia penal para atacarlo e investigarlo por razones de venganza política".
"De hecho, la opinión de la Corte calificó enfáticamente las acusaciones de represalias políticas contra el exdirector Brennan como 'profundamente preocupantes' y reconoció que, de probarse, dichas acusaciones sugerirían que cualquier procesamiento resultante sería inconstitucionalmente vengativo".
En julio, Brennan solicitó una orden judicial que obligara al Departamento de Justicia a conservar los registros de las investigaciones en su contra. En su demanda, indicaba que el departamento había abierto dos investigaciones penales contra él y señalaba que los fiscales habían abusado de su autoridad y que la administración no había conservado los registros conforme a la ley.
"Esta Administración ha adoptado una política de utilizar el proceso penal y el enjuiciamiento para castigar a los presuntos adversarios del Presidente", escribió el equipo legal de Brennan en el documento presentado ante la corte.
"Es en este contexto que el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, John O. Brennan, está siendo objeto de una persecución vengativa para ser investigado y procesado".
Un portavoz del Departamento de Justicia dijo anteriormente a The Epoch Times: "Si bien no podemos comentar sobre la existencia o la falta de una investigación, resulta ciertamente irónico que John Brennan acuse a alguien de una 'campaña de represalias'".
En septiembre, el Departamento de Justicia citó a Brennan a declarar ante un gran jurado en Florida.
Wainstein dijo en un documento judicial que él y otros abogados del exdirector de la CIA participaron en una teleconferencia con los fiscales para discutir la citación.
Según Wainstein, el abogado principal del Departamento de Justicia, Kurt Olsen, indicó al equipo de Brennan que existen varias investigaciones "viables" en su contra.
Una de esas investigaciones es la que se lleva a cabo en Florida e incluye "cuestiones en Mar-a-Lago y otros lugares" relacionadas con si a Trump "se le violaron sus derechos civiles", escribió.
Brennan no ha sido acusado en la investigación de Florida.
La otra investigación se lleva a cabo en Washington, donde tampoco ha sido acusado.
"Con esta demanda, el director Brennan ha dejado claro que la conducta del gobierno y la conservación de sus documentos serán examinadas minuciosamente en caso de una futura acusación formal", señalaron Wainstein y Gelber.
"El exdirector Brennan seguirá defendiéndose enérgicamente contra estas investigaciones infundadas y se opondrá a cualquier intento de utilizar el sistema de justicia penal para obtener represalias personales y políticas".
El Departamento de Justicia no respondió a la solicitud de comentarios de The Epoch Times al momento de la publicación.
Con información de Timothy Frudd y Jack Phillips.
