El 26 de febrero, un juez federal declaró que citaría a los fiscales y a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) a comparecer ante el tribunal para responder a preguntas bajo juramento si continúan aplicando las detenciones de inmigrantes en virtud de una disposición legal que muchos jueces han rechazado.
El juez federal de distrito Zahid Quraishi, de Nueva Jersey, acusó a la administración Trump de desafiar la ley al someter a los no ciudadanos a la detención migratoria obligatoria. El tema en cuestión es la sección 1225(b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la disposición legal sobre la que los tribunales discrepan. La sección regula la inspección de los solicitantes de admisión en Estados Unidos.
A principios de este mes, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, en el caso Buenrostro-Mendez contra Bondi, coincidió con la administración Trump en que la disposición exige la detención sin audiencia de fianza para las personas que entraron en Estados Unidos sin presentarse a la inspección.
Quraishi dijo en su nueva sentencia que la administración Trump sabe que su política de detenciones obligatorias es ilegal. La confianza del gobierno en la sección 1225(b) ha sido "rotundamente rechazada" en unos 300 casos hasta la fecha, dijo.
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Para poner fin a lo que calificó de "conducta indebida intencionada" del gobierno en todo el sistema judicial, Quraishi emitió una orden en la que ordenaba a las autoridades federales de inmigración que liberaran inmediatamente a Diana Elizabeth Cartagena Hueso.
Cartagena es una inmigrante ilegal procedente de El Salvador que fue detenida en Texas en agosto de 2016. Fue puesta en libertad en octubre de 2016. Permaneció en Estados Unidos durante años y fue detenida por los funcionarios de inmigración el mes pasado en Elizabeth, Nueva Jersey, cuando ella y su esposo se dirigían a una cita con el médico, según la opinión escrita del juez.
Inicialmente fue recluida en el centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey. El 17 de febrero, la corte ordenó que no fuera trasladada de Nueva Jersey, sin saber que el día anterior ya había sido enviada a Oklahoma. En la fecha de la orden, fue trasladada de Oklahoma a Texas. El 19 de febrero, fue trasladada de Texas de vuelta a Oklahoma. El gobierno no reveló estos traslados a la corte, según el dictamen.
A principios de este mes, la fiscalía local reconoció haber violado 72 órdenes emitidas en casos de hábeas corpus de inmigración solo en el distrito judicial de Nueva Jersey, según el dictamen. Una petición de hábeas corpus permite a un preso impugnar su detención.
En el dictamen, Quraishi advirtió a la fiscalía federal y al DHS que si se le presentan "más arrestos y detenciones en virtud del [artículo] 1225(b)", es probable que ordene audiencias de justificación en las que los funcionarios federales deberán testificar sobre casos específicos de detención.
En una audiencia de justificación, una persona o funcionario tiene que justificar o explicar por qué un tribunal debe conceder o denegar una moción u otra medida cautelar.
El exjuez de inmigración Matt O'Brien dijo a The Epoch Times que, en una audiencia de este tipo, es probable que el tribunal le diga al DHS que el departamento no parece estar cumpliendo una orden judicial concreta, por lo que debe explicar por qué no la está cumpliendo.
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Tras señalar que los tribunales no están de acuerdo con la sección 1225(b), es probable que el DHS apunte a la reciente sentencia del Quinto Circuito y a otras que respaldan su posición y diga que cree que se trata de "un área no resuelta de la ley", dijo, añadiendo que el departamento podría pedir al tribunal que suspenda su orden mientras apela a una corte superior.
O'Brien, que es subdirector ejecutivo de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, dijo que Quraishi es "uno de un grupo de activistas judiciales que están tratando de crear derechos civiles para los extranjeros que simplemente no existen".
The Epoch Times se puso en contacto con Quraishi, el abogado de Cartagena Hueso, y con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa a las agencias federales en los tribunales, para recabar sus comentarios.
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