El 18 de febrero, una jueza federal de California anuló la decisión de una junta administrativa que respaldaba el uso por parte de la administración Trump de la detención obligatoria para los inmigrantes ilegales arrestados en operaciones policiales a nivel nacional.
La jueza federal de distrito Sunshine Sykes, de Riverside, California, anuló la decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración tras determinar que el gobierno federal no había cumplido con su orden anterior que declaraba ilegal la política subyacente que negaba a los detenidos la posibilidad de solicitar la libertad bajo fianza.
La ley federal de inmigración estipula que la detención obligatoria se aplica a los “solicitantes de admisión” durante los procedimientos del caso. Tradicionalmente, se ha limitado a las personas que llegan a las fronteras.
La administración Trump amplió la política para incluir a los inmigrantes ilegales que ya se encontraban en Estados Unidos. La Junta de Apelaciones de Inmigración, que depende del Departamento de Justicia (DOJ), confirmó el cambio. Posteriormente, los jueces de inmigración aplicaron la nueva política.
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La sentencia inicial de Sykes en diciembre declaró ilegal la política, pero no llegó a anular la decisión de la junta. En su fallo del 18 de febrero, afirmó que era evidente que se necesitaban más medidas después de que la jueza jefa de inmigración Teresa Riley emitiera directrices en las que indicaba a sus colegas que no estaban obligados a acatar el fallo de Sykes y que debían seguir aplicando la decisión de la junta.
Sykes acusó a la administración de intentar continuar con su “campaña de acciones ilegales” al denegar las audiencias de fianza a pesar de su fallo anterior.
“Los demandados han sobrepasado con creces los límites de la conducta constitucional”, escribió Sykes. “De alguna manera, incluso después de la declaración judicial de que el DHS se equivocó en su interpretación legal que anuló partes de una ley promulgada por el Congreso, los demandados siguen insistiendo en que pueden continuar con su campaña de acciones ilegales”.
Niels Frenzen, profesor de Derecho de la Universidad del Sur de California que representa a los demandantes, afirmó que la sentencia significa que los jueces de inmigración ya no pueden utilizar la decisión de la junta para denegar las audiencias de fianza.
“Esperamos que el DHS y las cortes de inmigración cumplan ahora con las órdenes del tribunal de conceder audiencias de fianza a los miles de no ciudadanos que han sido arrestados”, afirmó en un comunicado.
El presidente Donald Trump (segundo por la izquierda), el gobernador de Florida Ron DeSantis (izquierda) y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem (derecha) visitan un centro de detención para inmigrantes ilegales, apodado Alligator Alcatraz, situado en el aeropuerto de entrenamiento y transición Dade-Collier en Ochopee, Florida, el 1 de julio de 2025. (Andrew Caballero-Reynolds/AFP a través de Getty Images).Historias relacionadas
Sykes también criticó al DHS por sugerir repetidamente que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos se limitaban a perseguir a los inmigrantes ilegales que eran "lo peor de lo peor".
"Quizás esa frase solo refleja la severidad y la conducta malintencionada del gobierno", escribió Sykes. "Aunque estos comunicados de prensa puedan contener una pizca de verdad, ignoran una realidad mayor y más grave".
The Epoch Times se puso en contacto con el DHS, el DOJ y la Casa Blanca para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
El 6 de febrero, una corte federal de apelaciones falló a favor de la administración Trump. En una decisión de 2 a 1, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, revocó las sentencias de cortes inferiores que habían concedido hábeas corpus a dos ciudadanos mexicanos. El panel determinó que dichas personas califican como “solicitantes de admisión” según la ley federal de inmigración, lo que las somete a detención obligatoria.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, elogió la sentencia del 6 de febrero en una publicación en X.
“El Quinto Circuito acaba de dictaminar que los extranjeros ilegales pueden ser detenidos legítimamente sin fianza”, escribió. “Un golpe significativo contra los jueces activistas que han estado socavando nuestros esfuerzos por hacer que Estados Unidos vuelva a ser seguro en todo momento”.
Con información de Reuters.
