El 26 de enero, una Corte federal de apelaciones concedió a la administración Trump la suspensión total de una sentencia de una Corte inferior que impedía a los agentes del ICE detener a manifestantes o utilizar municiones no letales y herramientas de dispersión de multitudes durante las protestas en Minnesota sin causa probable.

En su fallo, el panel de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito de los Estados Unidos dijo que la orden judicial de la jueza federal Kate Menéndez del 16 de enero era "demasiado vaga" y que el Departamento de Seguridad Nacional demostró "de manera contundente" que su impugnación probablemente prosperaría en cuanto al fondo.

El panel de tres jueces afirmó que revisó los videos de las protestas presentados ante la Corte de distrito, que mostraban a observadores y manifestantes participando en "una amplia gama de conductas" y la gestión de la situación por parte de los agentes federales.

"Los videos ponen de relieve lo difícil que sería para [los agentes federales] decidir quién cruzó la línea: muestran una mezcla rápidamente cambiante de conductas pacíficas y obstructivas, con muchos manifestantes enfrentándose a los agentes y bloqueando sus vehículos mientras estos realizan sus actividades, solo para que algunos de ellos se reincorporen a la multitud y se mezclen con otros que simplemente estaban grabando y observando la escena", afirmó el panel.

"Una decisión errónea podría acabar en desacato, pero hay pocos elementos en la orden que limiten la facultad del Corte de distrito para imponerla".

El caso se originó a partir de una demanda presentada por seis manifestantes, representados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Minnesota, que alegaban que los agentes del ICE habían violado la Primera y la Cuarta Enmienda.

El 16 de enero, Menéndez se puso del lado de los demandantes y prohibió a los agentes federales detener o utilizar municiones no letales o herramientas de dispersión de multitudes contra los manifestantes, a menos que estuvieran obstruyendo a las autoridades.

La corte de apelaciones suspendió la orden judicial del juez el 21 de enero, lo que llevó a los demandantes a presentar una moción de emergencia el 24 de enero para levantar la suspensión, pero la solicitud fue denegada.

La última sentencia de la Corte de apelaciones concedió al gobierno "una suspensión total" del caso, bloqueando efectivamente la orden judicial de Menéndez, según la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi.

"Los jueces liberales intentaron esposar a nuestros agentes federales, restringir sus acciones y poner en peligro su seguridad al responder a los agitadores violentos", dijo Bondi en X.

"El Departamento de Justicia acudió a las Cortes. Conseguimos una suspensión temporal. AHORA, el Octavo Circuito aceptó plenamente que este intento imprudente de socavar la aplicación de la ley no puede prosperar".

El juez federal de circuito Raymond Gruender se mostró en parte en desacuerdo con la decisión de la Corte, afirmando que habría restablecido la parte de la orden judicial que prohíbe a los agentes federales utilizar gas pimienta o munición no letal contra los manifestantes.

"Esa directiva no es una orden judicial indebidamente vaga de "obedecer la ley" y no debería suspenderse en espera de la apelación", escribió Gruender en la sentencia del 26 de enero.

Los manifestantes y los agentes federales se enfrentaron durante las operaciones policiales en Minnesota en los últimos meses, y las manifestaciones se intensificaron después de que un agente federal en Minneapolis disparara mortalmente a la ciudadana estadounidense Renee Good, quien condujo su SUV hacia un oficial durante una operación del ICE el 7 de enero, así como otro tiroteo que mató a Alex Pretti por parte de oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza el 24 de enero.

The Epoch Times se puso en contacto con la ACLU para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.