Condena por abuso sexual infantil, revocación de ciudadanía y expulsión tras cumplir la pena de prisión

El caso fue investigado por la Operación False Haven del ICE, que persigue a los abusadores de menores y otros delincuentes que obtienen la ciudadanía estadounidense mediante fraude

Isidro Arcenio Alvarado, originario de El Salvador y condenado por abuso sexual infantil. (Cortesía del Departamento de Justicia de Estados Unidos).

Isidro Arcenio Alvarado, originario de El Salvador y condenado por abuso sexual infantil. (Cortesía del Departamento de Justicia de Estados Unidos).

25 de febrero de 2026, 9:12 p. m.
| Actualizado el25 de febrero de 2026, 9:12 p. m.

Un pederasta condenado de El Salvador ha sido sentenciado a prisión efectiva por obtener fraudulentamente la ciudadanía estadounidense, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) en un comunicado el 24 de febrero.

Isidro Arcenio Alvarado, de 58 años, “confesó haber realizado declaraciones falsas a sabiendas bajo juramento y bajo pena de perjurio en su solicitud de naturalización y durante una entrevista de naturalización con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. Negó su actividad delictiva y mintió a los funcionarios del USCIS para obtener beneficios de inmigración. Alvarado se naturalizó el 12 de octubre de 2022”, dijo el USCIS.

Un juez federal ha revocado la ciudadanía de Alvarado y ha ordenado su expulsión del país tras cumplir su condena de seis meses.

Alvarado fue detenido en abril de 2023 y acusado de cometer múltiples delitos sexuales contra un menor.

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En julio de 2025, Alvarado se declaró culpable de dos cargos de abusos deshonestos a un menor en la Corte Superior del Condado de Wake, en Carolina del Norte. Admitió haber cometido los delitos entre el 1 de enero de 2019 y el 10 de abril de 2021. La víctima tenía 10 años en 2019. Un juez estatal le había condenado a una pena de prisión suspendida por el caso de abuso sexual infantil y ordenó que Alvarado fuera registrado como delincuente sexual, según informó la agencia.

El caso de Alvarado fue investigado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de la Operación False Haven, una iniciativa que persigue agresivamente a los pederastas y otros delincuentes que obtienen la ciudadanía estadounidense mediante fraude.

La sentencia de Alvarado por fraude de ciudadanía tuvo lugar a principios de este mes. Los funcionarios de inmigración no tenían conocimiento de sus “delitos sexuales desviados” antes de concederle la ciudadanía, según una declaración del Departamento de Justicia del 11 de febrero.

“Los depredadores sexuales que abusan sexualmente de niños de 10 años merecen, como mínimo, una pena de prisión y nunca se les debería conceder el privilegio y el honor de la ciudadanía estadounidense”, afirmó el fiscal federal Ellis Boyle. “Gracias a la excelente investigación de ICE, este pervertido nunca volverá a hacer daño a otro niño en Estados Unidos. Más le vale mantenerse alejado”.

En diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) lanzó una página web, dhs.gov/wow, en la que se detallan los "peores de los peores" inmigrantes ilegales detenidos bajo la administración Trump.

El sitio se actualizó recientemente con 5000 delincuentes, lo que eleva el número total de personas incluidas en la lista a más de 30,000, según un comunicado del DHS del 20 de febrero. Permite a las personas buscar entre "extranjeros ilegales delincuentes que han sido arrestados en los 50 estados, con antecedentes penales que incluyen homicidio, agresión, violación, tráfico de drogas, abuso sexual infantil, crueldad hacia un niño, agresión física y robo a mano armada, entre otros delitos".

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Selección de asilo

Críticos con la política de inmigración de la administración Trump, los demócratas se niegan a apoyar un proyecto de ley de financiación del DHS, lo que ha provocado el cierre parcial del departamento desde el 13 de febrero. Los demócratas exigen cambios en la política de control de la inmigración, en particular en las operaciones del ICE, para apoyar la aprobación del proyecto de ley.

Entre sus exigencias se incluyen la obligación de que los agentes de inmigración dispongan de órdenes judiciales antes de entrar en propiedades privadas, el refuerzo del estatus de las órdenes judiciales, la obligación de que los oficiales de inmigración muestren su afiliación a la agencia y la prohibición de controlar la inmigración en lugares sensibles, como iglesias, escuelas y centros médicos.

Los demócratas también han exigido que los agentes de inmigración se quiten las máscaras y lleven cámaras corporales.

El 18 de febrero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el presidente Donald Trump había rechazado una oferta revisada y “muy poco seria” enviada por los demócratas para apoyar la financiación del DHS.

Mientras tanto, el DHS anunció el 20 de febrero que proponía normas para reforzar la selección de los solicitantes de asilo. La norma pretende reducir el incentivo de los inmigrantes ilegales para presentar solicitudes de asilo fraudulentas con el fin de obtener permisos de trabajo.

“Proponemos una revisión del sistema de asilo para hacer cumplir las normas y reducir el retraso que hemos heredado de la administración anterior”, declaró un portavoz del DHS. “La administración Trump está reforzando la investigación de los solicitantes de asilo y restaurando la integridad de los procesos de asilo y autorización de trabajo”.


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