Gobierno de EE. UU. respalda a OpenAI en la demanda de The New York Times

El gobierno dijo que utilizar documentos escritos para entrenar modelos de inteligencia artificial no constituye una violación de los derechos de autor

En esta ilustración fotográfica del 1 de abril de 2025, se ve un teléfono con la aplicación ChatGPT instalada. (Oleksii Pydsosonnii/The Epoch Times).
En esta ilustración fotográfica del 1 de abril de 2025, se ve un teléfono con la aplicación ChatGPT instalada. (Oleksii Pydsosonnii/The Epoch Times).
3 de septiembre de 2026, 12:06 a. m.
| Actualizado el3 de septiembre de 2026, 12:06 a. m.

El gobierno estadounidense se ha puesto del lado de OpenAI en un caso legal presentado por The New York Times en relación con el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial por parte de OpenAI en artículos de pago del periódico.

"Estados Unidos tiene un gran interés en que esta Corte rechace cualquier argumento que sostenga que entrenar [modelos de lenguaje a gran escala] con textos protegidos por derechos de autor viola la ley de derechos de autor", dijeron los abogados del gobierno en un escrito presentado el 1 de septiembre ante una corte federal en la ciudad de Nueva York. Estos modelos de lenguaje a gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) se entrenan con documentos e imágenes.

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Según los abogados, los motivos que justifican la postura del gobierno incluyen garantizar que los sistemas de IA sean capaces de ayudar a las fuerzas armadas y contribuir a "igualar las condiciones entre las editoriales convencionales e independientes", permitiendo que "autores con recursos limitados" compitan, por ejemplo, utilizando los modelos para generar imágenes que acompañen a los artículos.

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En 2023, The New York Times demandó a OpenAI, la empresa que gestiona el modelo ChatGPT, y a su socio Microsoft. El periódico alegó que las compañías estaban infringiendo los derechos de autor al copiar millones de sus artículos de noticias y otros contenidos, y utilizarlos para entrenar a ChatGPT.

OpenAI defiende en documentos presentados ante los juzgados que el uso del contenido se enmarca dentro del uso legítimo, o de las excepciones a la ley de derechos de autor descritas en la Ley de Derechos de Autor de 1976 y definidas posteriormente en diversas sentencias judiciales.

"Los derechos de autor no constituyen un derecho de veto sobre las tecnologías transformadoras que aprovechan las obras existentes internamente —es decir, sin difundirlas— para fines nuevos y útiles, promoviendo así el propósito básico de los derechos de autor sin menoscabar la capacidad de los autores para vender sus obras en el mercado", dijo la compañía en un documento presentado ante la corte.

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El New York Times, por su parte sostiene ante la corte que "no hay nada 'transformador' en utilizar el contenido del Times sin pagar para crear productos que lo sustituyan y le roben audiencias" y que "debido a que los resultados de los modelos de los demandados... compiten con los datos de entrada utilizados para entrenarlos y los imitan fielmente, copiar el trabajo del Times con ese fin no constituye un uso legítimo".

Los abogados del gobierno afirmaron en el nuevo informe que utilizar contenido protegido por derechos de autor para enseñar a los estudiantes de máster en derecho (LLM) a reconocer patrones de datos y adaptarse a nueva información es "extraordinariamente transformador".

Añadieron: "Más allá del objeto de este litigio, los másteres en Derecho (LLM) ya están ayudando a investigadores de diversos campos a lograr importantes avances. Restringir el desarrollo de los LLM basándose en una interpretación errónea de la doctrina del uso legítimo frustraría este progreso creativo y científico, a la vez que obstaculizaría la prosperidad y la movilidad económica de Estados Unidos".

La presentación de la demanda se produjo mientras el juez que supervisa el caso considera las mociones de sentencia sumaria, es decir, la resolución final del caso. Grupos e individuos externos tienen hasta el 16 de octubre para presentar alegatos en apoyo de una de las partes. La parte perdedora puede apelar la resolución.

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