Estados Unidos dejará de recaudar los aranceles que la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ilegales por haber sido impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), según informó el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el 22 de febrero.
El año pasado, el presidente Donald Trump invocó la IEEPA para imponer aranceles, alegando la necesidad de regular las transacciones internacionales para responder a "una amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó el 20 de febrero que la ley no autoriza claramente los aranceles.
Tras el fallo judicial, la CBP anunció en una alerta publicada en su Servicio de Mensajería de Sistemas de Carga (CSMS) que los aranceles impuestos en virtud de la IEEPA dejarán de estar en vigor a partir de las 12:00 a. m. EST del 24 de febrero.
Sin embargo, la agencia afirmó que los aranceles impuestos en virtud de otras autoridades legales seguirán vigentes, incluidos los previstos en el artículo 232 de la Ley de Expansión Comercial y el artículo 301 de la Ley de Comercio.
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"La CBP proporcionará orientación adicional a la comunidad comercial a través de mensajes CSMS, según corresponda", afirmó.
Las medidas arancelarias de la IEEPA incluyen aranceles recíprocos a todos los países; aranceles al fentanilo de China, México y Canadá; aranceles al transbordo de Canadá, al petróleo ruso y al petróleo venezolano de la India; aranceles a la libertad de expresión de Brasil; y acuerdos comerciales con países extranjeros.
Los datos de la CBP indican que los aranceles aplicados en virtud de la ley de emergencia generaron unos ingresos de 130 mil millones de dólares.
La administración Trump ha estado buscando vías legales alternativas después de que la Corte Suprema anulara el marco arancelario recíproco.
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el 20 de febrero que su oficina iniciaría nuevas investigaciones en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio, que abarca a la mayoría de los principales socios comerciales.
La investigación tiene por objeto contrarrestar "actos, políticas y prácticas injustificables, irrazonables, discriminatorias y onerosas", afirmó Greer. Añadió que se podrían aplicar nuevos aranceles si se detectaran prácticas desleales.
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Las nuevas investigaciones comerciales abarcarán diversas áreas, entre ellas el exceso de capacidad industrial, el trabajo forzoso, las prácticas de fijación de precios de los productos farmacéuticos, la discriminación contra las empresas tecnológicas estadounidenses y los bienes y servicios digitales, los impuestos sobre los servicios digitales y la contaminación marina.
Greer dijo que las investigaciones también examinarán las prácticas de los socios comerciales relacionadas con los productos del mar, el arroz y otros productos, y afirmó que tiene previsto llevar a cabo las investigaciones “en un plazo acelerado”.
Tras el fallo de la Corte Suprema, Trump anunció el 20 de febrero que emitiría una orden ejecutiva para crear un “arancel global” del 10 % invocando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Más tarde aumentó la tasa al 15 %.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también ha citado la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial como una opción que la administración Trump está considerando para sus políticas arancelarias tras la sentencia de la Corte Suprema.
Con información de Sylvia Xu.
