Narcotraficante mexicano trasladado fue sentenciado a 10 años de prisión en EE. UU.

Fue una figura clave en un cártel de la droga con sede en México, que coordinó y transportó cantidades masivas de drogas ilegales a Estados Unidos durante años, dijo el Departamento de Justicia

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en Alexandria, Virginia, el 9 de septiembre de 2024. (Stephanie Scarbrough/AP Photo)

El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia en Alexandria, Virginia, el 9 de septiembre de 2024. (Stephanie Scarbrough/AP Photo)

18 de febrero de 2026, 3:50 a. m.
| Actualizado el18 de febrero de 2026, 3:50 a. m.

El miembro de un cártel mexicano fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en un plan para contrabandear más de 4100 libras de cocaína a Estados Unidos, anunció este martes 17 de febrero el Departamento de Justicia (DOJ).

José Francisco Mendoza-Gómez fue condenado en el Distrito Este de Virginia. Formó parte de un traslado de delincuentes de México a Estados Unidos el otoño pasado, junto con otros 25 fugitivos, entre ellos miembros y líderes de cárteles, traficantes de personas y un sospechoso del asesinato de un agente del sheriff de Los Ángeles en 2008.

Mendoza-Gómez fue una figura clave en un cártel de la droga con sede en México, que coordinó y transportó cantidades masivas de drogas ilegales a Estados Unidos durante años, según una declaración del Departamento de Justicia.

La organización narcotraficante, que obtenía cocaína de Colombia, realizaba operaciones en Nueva York, Texas y en otras partes del país.

El cártel también se dedicaba al contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, al soborno de funcionarios mexicanos y a intentos de secuestro de narcotraficantes rivales, dijo el Departamento de Justicia.

Una de las cómplices de Mendoza-Gómez, la líder de la organización Marisela Flores-Torruco, ya fue condenada por su participación. Fue sentenciada a 16 años y ocho meses de prisión tras declararse culpable de posesión, fabricación o distribución de una sustancia controlada.

Mendoza-Gómez, específicamente manejó cientos de miles de dólares en ganancias del narcotráfico y asesoró a líderes sobre secuestros y planes para obtener información de funcionarios mexicanos corruptos, según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

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Como parte de la investigación de Estados Unidos, las fuerzas del orden estadounidenses incautaron varias operaciones de drogas de gran envergadura vinculadas al cártel del acusado, incluidas más de 3000 libras de cocaína en 2017.

La investigación también reveló que la organización de narcotráfico utilizó un esquema de lavado de dinero chino para sacar sus narcóticos de Estados Unidos.

Otro presunto cómplice de Mendoza-Gómez, Qiyun Chen, también fue condenado. Chen se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero y fue sentenciado a 10 años de prisión.

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Chen y Flores-Torruco también fueron condenados en el Distrito Este de Virginia por sus roles dentro de la organización de tráfico de drogas.

En el traslado de fugitivos de México a Estados Unidos el 12 de agosto de 2025, Mendoza-Gómez fue una de las 26 personas acusadas de cometer delitos violentos en todo Estados Unidos.

“Hoy es el ejemplo más reciente de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras”, dijo la Fiscal General Pam Bondi en un comunicado de prensa el otoño pasado.

“Estos 26 hombres han contribuido a traer violencia y drogas a Estados Unidos; bajo la supervisión de este Departamento de Justicia, enfrentarán graves consecuencias”, agregó.

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Los presuntos miembros de cárteles, narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas y asesinos, están siendo juzgados en tribunales federales  del país. Casi todos los 26 individuos enfrentan cadena perpetua.

Según el Departamento de Justicia, el caso de Mendoza-Gómez fue investigado por la DEA y sus oficinas en Cartagena y Bogotá (Colombia); Ciudad de Panamá; Ciudad de México; y Ciudad de Guatemala. El Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también colaboraron en la investigación.


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