El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dirigentes políticos, militares y organismos de seguridad cubanos, como parte de la estrategia de la administración Trump para enfrentar lo que calificó como "amenazas urgentes a la seguridad nacional" provenientes del régimen de la isla.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que las medidas son dirigidas a 11 personas alineadas con el gobierno cubano y a 3 entidades estatales, bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026.
Washington sostuvo que el régimen cubano "priorizó su ideología comunista y la riqueza personal por encima del bienestar de sus propios ciudadanos", además de permitir que Cuba fuera utilizada para "operaciones de inteligencia, militares y terroristas en el extranjero".
"Estados Unidos seguirá tomando medidas para contrarrestar al régimen cubano, a quienes impulsan sus objetivos y a quienes en el extranjero permiten que las élites obtengan ganancias mientras el pueblo cubano sufre", señaló el Departamento de Estado.
Las instituciones sancionadas son: el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI). Según Washington, estas entidades forman parte del aparato de seguridad y control interno del gobierno cubano.
El comunicado también incluye sanciones contra altos funcionarios y militares de la isla. Entre ellos aparecen: el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández; el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Joaquín Quintas Solá; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; y el integrante del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Tomás Morales Ojeda.
Las medidas también son dirigidas a mandos de seguridad e inteligencia, como Eddy Manuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR; Oscar Alejandro Callejas Valcarce, jefe de la Dirección Política del MININT; José Miguel Gómez del Vallín, jefe del Estado Mayor de Contrainteligencia Militar; y los jefes militares Raúl Villar Kessell y Eugenio Armando Rabilero Aguilera.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, quedan prohibidas las transacciones financieras o comerciales con los sancionados, salvo autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Washington además advirtió que personas e instituciones extranjeras que mantengan operaciones con individuos sancionados o con sectores estratégicos de la economía cubana podrían exponerse a medidas similares.
El Departamento de Estado afirmó que el objetivo de las sanciones "no es castigar, sino lograr un cambio positivo de conducta".
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