El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dirigentes políticos, militares y organismos de seguridad cubanos, como parte de la estrategia de la administración Trump para enfrentar lo que calificó como "amenazas urgentes a la seguridad nacional" provenientes del régimen de la isla.
El Departamento de Estado informó en un comunicado que las medidas son dirigidas a 11 personas alineadas con el gobierno cubano y a 3 entidades estatales, bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el 1 de mayo de 2026.
Washington sostuvo que el régimen cubano "priorizó su ideología comunista y la riqueza personal por encima del bienestar de sus propios ciudadanos", además de permitir que Cuba fuera utilizada para "operaciones de inteligencia, militares y terroristas en el extranjero".
"Estados Unidos seguirá tomando medidas para contrarrestar al régimen cubano, a quienes impulsan sus objetivos y a quienes en el extranjero permiten que las élites obtengan ganancias mientras el pueblo cubano sufre", señaló el Departamento de Estado.
Las instituciones sancionadas son: el Ministerio del Interior de Cuba (MININT), la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), y la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI). Según Washington, estas entidades forman parte del aparato de seguridad y control interno del gobierno cubano.
El comunicado también incluye sanciones contra altos funcionarios y militares de la isla. Entre ellos aparecen: el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández; el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Joaquín Quintas Solá; la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde; la ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín; y el integrante del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Tomás Morales Ojeda.
Las medidas también son dirigidas a mandos de seguridad e inteligencia, como Eddy Manuel Sierra Arias, jefe de la Dirección General de la PNR; Oscar Alejandro Callejas Valcarce, jefe de la Dirección Política del MININT; José Miguel Gómez del Vallín, jefe del Estado Mayor de Contrainteligencia Militar; y los jefes militares Raúl Villar Kessell y Eugenio Armando Rabilero Aguilera.
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. Además, quedan prohibidas las transacciones financieras o comerciales con los sancionados, salvo autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
Washington además advirtió que personas e instituciones extranjeras que mantengan operaciones con individuos sancionados o con sectores estratégicos de la economía cubana podrían exponerse a medidas similares.
El Departamento de Estado afirmó que el objetivo de las sanciones "no es castigar, sino lograr un cambio positivo de conducta".
Horas antes del anuncio de estas sanciones, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel aseguró en X que Cuba no representa ninguna amenaza y no tiene planes o intenciones agresivas hacia ningún país. Además, aseguró que Cuba tiene el derecho de defenderse ante una posible agresión bélica.
En medio de las tensiones entre ambos países, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó la semana pasada a La Habana y se reunió con altos funcionarios del gobierno cubano.
El gobierno cubano aseguró que durante la reunión planteo a la delegación estadounidense su postura de condena "inequívoca al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones". Y aseguró que la isla "no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas". También negó la existencia de bases militares o de inteligencia extranjeras en territorio cubano.
Sin embargo, desde 2021, Cuba fue designado por Estados Unidos como estado patrocinador del terrorismo. Y a pesar de que la administración Biden retiró a Cuba de la lista, Trump restableció dicha designación en su segundo mandato por los vínculos de la isla con organizaciones terroristas.
Axios informó el 17 de mayo, citando fuentes de inteligencia clasificadas, que Cuba obtuvo más de 300 drones militares que podrían utilizarse para atacar la base naval de EE. UU. en la Bahía de Guantánamo, buques militares estadounidenses o incluso Florida.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó a Washington de fabricar un "caso fraudulento" para justificar sanciones económicas adicionales y una posible acción militar.
"Cuba no amenaza ni desea una guerra", escribió Rodríguez en X el 17 de mayo.
La administración Trump no confirmó el informe de inteligencia, pero el Departamento de Estado emitió una declaración contundente en respuesta a Rodríguez.
"El presidente Trump siempre actuará para proteger a los estadounidenses, nuestros intereses y nuestra patria frente a cualquier amenaza, y tomó medidas históricas para liberar nuestro vecindario de la migración descontrolada, el narcotráfico peligroso, el crimen organizado y la presencia militar extranjera hostil", dijo el Departamento de Estado a The Epoch Times en un comunicado.
"Cuba, un Estado comunista fallido que durante mucho tiempo alojó grupos militares, de inteligencia y terroristas extranjeros hostiles, representa una amenaza significativa para nuestra seguridad nacional que el presidente Trump no permitirá que se convierta en una crisis mayor para la seguridad y protección de los estadounidenses."
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