El Departamento de Estado de EE. UU. dio instrucciones a las embajadas estadounidenses ubicadas en países occidentales para que denuncien los abusos de derechos humanos que ocurren allí debido a la inmigración masiva, según un hilo del 30 de diciembre en X.
Las embajadas "analizarán las políticas gubernamentales que facilitan la migración masiva o privilegian a los migrantes sobre los ciudadanos", dijo el departamento.
"Estados Unidos insta a los gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de derechos humanos causadas por la migración masiva. Estados Unidos está dispuesto a colaborar con las naciones del hemisferio occidental para poner fin a la crisis mundial de la migración masiva".
Según el informe International Migrant Stock de las Naciones Unidas, publicado en enero de 2025, el número total de migrantes internacionales en todo el mundo en 2024 fue de 304 millones. Europa acogió a 94 millones de estas personas, lo que supone "más migrantes internacionales que cualquier otra región" del mundo, según el informe.
En segundo lugar se situó América del Norte, que acogió a 61 millones de migrantes, seguida por el norte de África y Asia occidental, con 54 millones de personas.
Entre 1990 y 2024, Europa experimentó el mayor aumento de migrantes internacionales, con 43 millones de extranjeros que ingresaron a la región. América del Norte sumó 34 millones de personas durante este período.
El Departamento de Estado dijo en su publicación en X, que Estados Unidos ha visto millones de migrantes y cantidades masivas de drogas letales fluyendo hacia el país a través de rutas transnacionales operadas por grupos terroristas.
"La migración masiva ha puesto en peligro a los ciudadanos estadounidenses, ha amenazado la seguridad económica de los trabajadores estadounidenses y ha puesto a prueba el sistema de asilo de Estados Unidos", afirmó, y agregó que las "organizaciones narcoterroristas que facilitan la migración masiva participan rutinariamente en el tráfico de niños, el trabajo forzado, la agresión sexual y otros atroces abusos contra los derechos humanos que amenazan a los ciudadanos de las naciones de todo el hemisferio occidental y socavan el estado de derecho".
El 21 de noviembre, el Departamento de Estado dijo en un hilo en X que había ordenado a las embajadas que informaran sobre cualquier implicación en los derechos humanos y los impactos en la seguridad pública de la migración masiva, calificándola de "amenaza existencial para la civilización occidental" que también socava la estabilidad de aliados estadounidenses clave.
En el Reino Unido, miles de niñas han sido víctimas de acoso en Rotherham, Oxford y Newcastle por parte de bandas de hombres inmigrantes que las reclutan para ser abusadas sexualmente —declaró el departamento—. Muchas niñas sufrieron abusos atroces durante años antes de que las autoridades intervinieran.
El departamento también detectó violaciones a niñas adolescentes por parte de inmigrantes en Suecia y Alemania.
En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha arrestado y deportado a "cientos de miles de inmigrantes ilegales criminales" bajo la administración Trump, incluidos narcotraficantes, violadores, pandilleros y secuestradores, dijo el departamento en una declaración del 19 de diciembre.
"El setenta por ciento de los arrestados por ICE son inmigrantes ilegales criminales que han sido acusados o condenados por un delito en Estados Unidos", dijo el DHS, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha incautado 39,984 libras de drogas durante el mandato del presidente Donald Trump, un aumento del 10 por ciento respecto al mismo período en 2024, dijo el departamento, y agregó que las incautaciones de narcóticos ilegales por parte de la Guardia Costera han aumentado un 200 por ciento desde enero de 2025.
Vivir de los beneficios
Como parte del fortalecimiento de las prácticas de inmigración, el DHS emitió un aviso de propuesta de reglamentación el 19 de noviembre para enmendar la disposición de Carga Pública con respecto a la admisión de inmigrantes al país, lo que provocó la oposición de los legisladores.Según esta disposición, las autoridades pueden denegar la solicitud de un inmigrante que solicite una visa, admisión o ajuste de estatus legal en Estados Unidos y que probablemente pase a depender principalmente de los beneficios del gobierno.
El 19 de diciembre, más de 100 legisladores enviaron una carta a la Secretaria del DHS, Kristi Noem, y al Director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, Joseph B. Edlow, instándolos a retirar las actualizaciones a las reglas de Carga Pública, diciendo que dañarían a las comunidades inmigrantes, según una declaración del 23 de diciembre de la oficina del Senador Alex Padilla (D-Calif.).
"La propuesta de la Administración Trump rescindiría las claras regulaciones de carga pública de 2022 y las reemplazaría con estándares vagos e indefinidos, lo que conduciría a una toma de decisiones arbitraria, miedo y confusión generalizada", dijeron.
"Las anteriores ampliaciones de la carga pública han alejado a las familias, incluidas aquellas con hijos ciudadanos estadounidenses, del acceso legal a la atención médica, la nutrición y los programas de primera infancia".
En su aviso de reglamentación propuesta, el DHS dijo que las regulaciones deben actualizarse.
Las reglas existentes son "inconsistentes con la intención del Congreso, excesivamente restrictivas y obstaculizan la capacidad del DHS de tomar decisiones precisas, exactas y confiables sobre si es probable que ciertos extranjeros se conviertan en algún momento en una carga pública", afirmó.
El DHS escribió que rescindir estas reglas restablecería "una discreción más amplia para evaluar todos los hechos pertinentes y se alinearía con la política de larga data de que los extranjeros en Estados Unidos deben ser autosuficientes y los beneficios del gobierno no deben incentivar la inmigración".
