El 20 de octubre, una juez federal dictaminó que a un departamento, cuyo objetivo es hacer que el gobierno sea más eficiente, no se le debió haber concedido acceso a datos confidenciales de los empleados federales.
La juez de distrito estadounidense Denise Cote señaló, en un fallo de 39 páginas mediante el cual otorgó una sentencia definitiva a favor de los demandantes, que permitir al personal del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) acceder a los datos de los empleados públicos —almacenados en los sistemas de la Oficina de Gestión de Personal— constituyó una violación de la Ley de Privacidad. Dicha ley prohíbe la divulgación de ciertos tipos de registros y exige la implementación de salvaguardias cuando se divulgan otros.
"Los demandados apenas defienden la legalidad de la medida; en su lugar, se basan en acontecimientos posteriores para argumentar que el caso perdió su objeto y que no es necesaria ninguna medida correctiva de cara al futuro", escribió Cote, juez de la corte federal del Distrito Sur de Nueva York.
En sus escritos judiciales, los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que los agentes del DOGE necesitaban acceder a los registros como parte de un esfuerzo por modernizar los sistemas gubernamentales. Según Cote, el gobierno no explicó por qué los esfuerzos de modernización requerían el acceso a registros confidenciales que contienen información de identificación personal.
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Asimismo, los abogados indicaron que se concedió el acceso a los agentes por si llegaran a necesitar los datos más adelante; sin embargo, el fallo señala que el gobierno nunca vinculó dicho acceso con ninguna de las funciones de los agentes.
El Departamento de Justicia no respondió a una solicitud de comentarios antes del momento de la publicación.
El presidente Donald Trump estableció el DOGE poco después de asumir el cargo en 2025, y los empleados del DOGE colaboraron con diversas agencias para optimizar sus operaciones.
En junio de 2025, la juez Cote dictó una medida cautelar preliminar que impedía al departamento acceder a los registros de los empleados federales mientras el caso seguía su curso, tras determinar que se habían producido infracciones de la Ley de Privacidad (Privacy Act).
Diversas organizaciones profesionales, entre ellas la Asociación de Jueces de Derecho Administrativo (Association of Administrative Law Judges), presentaron la demanda, argumentando que la divulgación de datos personales de los empleados por parte del DOGE era ilegal.
Según documentos judiciales, veinte empleados del DOGE tuvieron acceso a los sistemas de la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) entre el 20 de enero de 2025 y el 6 de marzo de 2025.
Algunos trabajaban para la OPM, mientras que otros recibían su remuneración de otras agencias.
Cierto personal del DOGE mantuvo acceso a dichos sistemas hasta septiembre de 2025.
Según el gobierno, solo uno de esos agentes permanece en la oficina, y no tiene acceso a sistemas que contengan datos personales de los empleados. El DOGE, por su parte, cesó sus actividades en julio de 2026.
La Oficina de Gestión de Personal actualizó sus políticas de divulgación, especificando, entre otros puntos, que solo los empleados y contratistas de la propia oficina —y no el personal asignado temporalmente desde otras dependencias— pueden acceder a dichos sistemas.
La juez Cote señaló que, si bien las actualizaciones resultan loables, parecen coincidir con los plazos establecidos en el litigio. Asimismo, indicó que el caso se centra en una conducta indebida derivada de «la actuación de personas concretas», y no en deficiencias en los procedimientos.
La juez Cote afirmó que, dada la evolución de los acontecimientos en torno al DOGE y a la oficina, no está claro si resulta necesaria alguna medida adicional. Por ello, solicitará a las partes que expongan su opinión sobre qué tipo de medida, si es que procede alguna, sería la adecuada.
"Mientras tanto, se insta a las partes a que dialoguen y exploren la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre una resolución apropiada", concluyó.
