CVS Pharmacy Inc. y sus entidades relacionadas acordaron el martes pagar 315 millones de dólares para resolver las acusaciones del Departamento de Justicia de que la empresa surtió ilegalmente recetas de opioides y otras sustancias controladas, y facturó muchas de ellas a Medicare y a otros programas de salud federales.
La suma resuelve las reclamaciones de que la empresa surtió ilegalmente dichas recetas desde el 17 de octubre de 2013 hasta el 2 de diciembre de 2025.
El gobierno alegó que CVS surtió a sabiendas recetas que carecían de un propósito médico legítimo, no eran válidas o no se habían emitido en el curso habitual de la práctica profesional.
Entre ellas se incluían cantidades peligrosas y excesivas de opioides, renovaciones anticipadas de recetas y combinaciones denominadas "trinidad" de un opioide, una benzodiazepina y un relajante muscular.
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CVS también habría surtido recetas de médicos que operaban como "fábricas de pastillas", sin prestar atención a las señales de alerta. Muchas de estas reclamaciones fueron reembolsadas posteriormente por programas federales.
"Este acuerdo no solo hace que los infractores rindan cuentas por sus actividades fraudulentas, sino que, gracias a él, los estadounidenses están más seguros", afirmó el fiscal general adjunto Stanley E. Woodward Jr. en un comunicado. "El acuerdo de hoy constituye un hito significativo en los esfuerzos del Departamento de Justicia por combatir la epidemia de opioides al tomar medidas enérgicas contra las farmacias que surten ilegalmente recetas de sustancias controladas".
Según la denuncia, las políticas corporativas impedían que los farmacéuticos se advirtieran entre sí sobre los médicos que prescribían de manera problemática.
Además del pago, CVS firmó un memorando de acuerdo con la DEA.
Este exige la creación de una línea directa para que los empleados y el público denuncien presuntas dispensaciones ilegales, el monitoreo proactivo de los patrones de las farmacias y un proceso para evaluar a los médicos sospechosos de prácticas ilegales.
El acuerdo de conciliación establece: "Las reclamaciones presentadas contra CVS… son solo acusaciones. No se ha determinado ninguna responsabilidad".
El acuerdo también resuelve una demanda de denuncia de irregularidades en virtud de la Ley de Reclamaciones Falsas presentada en 2019 por la exempleada de CVS Hillary Estright, de Tennessee. La cantidad otorgada en ese caso aún no se ha determinado.
CVS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
El Departamento de Justicia (DOJ) hizo pública la demanda contra CVS en diciembre de 2024.
En abril de 2025, el DOJ anunció que Walgreens acordó pagar hasta 350 millones de dólares para resolver las acusaciones de que, a sabiendas, surtió millones de recetas ilegales de opioides y otras sustancias controladas y presentó reclamaciones falsas a los programas de salud federales.
El acuerdo resolvió las acusaciones de que Walgreens violó tanto la Ley de Sustancias Controladas como la Ley de Reclamaciones Falsas entre 2012 y 2023.
Varios estados también han emprendido acciones legales contra CVS.
En mayo de 2023, Nevada llegó a un acuerdo con CVS Pharmacy por un valor de casi 152 millones de dólares por el papel de la empresa en la epidemia de opioides.
En marzo de 2022, Florida llegó a acuerdos por más de 878 millones de dólares con CVS Health Corp. y tres empresas farmacéuticas para resolver las acusaciones y evitar un juicio por su papel en el agravamiento de la epidemia de opioides en el estado. CVS se hizo cargo de 484 millones de dólares de ese total.
CVS Health Corp. es la empresa matriz de CVS Pharmacy.
Con información de Reuters.
