El 24 de julio, una corte federal de apelaciones denegó la solicitud de la administración Trump de suspender un fallo de una corte inferior que bloqueaba la implementación de una nueva tarifa de 100,000 dólares para las visas H-1B.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos consideró que la administración no había demostrado que probablemente tendría éxito en el fondo de su apelación contra el fallo del juez de distrito Leo Sorokin del 8 de junio, que determinó que la tarifa equivalía a un impuesto sin autorización del Congreso.
En una moción presentada el 12 de junio, la administración argumentó que el cobro de la tarifa estaba justificado como ejercicio de las facultades del presidente en materia de comercio exterior e inmigración. Tras dicha presentación, Sorokin accedió a suspender su orden mientras el Primer Circuito revisaba la apelación de la administración.
Ahora la corte de apelaciones ha concluido que la administración no logró demostrar que era probable que prevaleciera en la apelación al establecer que la tarifa se impuso dentro de su autoridad legal.
La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios antes de la publicación de este artículo.
El programa de visas H-1B permite a las empresas estadounidenses emplear temporalmente a trabajadores extranjeros para puestos de trabajo que requieren "la aplicación teórica y práctica de un conjunto de conocimientos especializados y una licenciatura o su equivalente en la especialidad específica".
El presidente Donald Trump emitió una proclamación en septiembre pasado que establecía una tarifa única de 100,000 dólares para las solicitudes de visa H-1B, con el fin de frenar el abuso del programa de visas, que, según él, reduce las oportunidades laborales para los trabajadores estadounidenses.
Esto representó un aumento con respecto a las tarifas base anteriores de 2000 y 5000 dólares para dichas visas.
La proclama señala que el programa de visados fue diseñado para traer trabajadores extranjeros de forma temporal a fin de desempeñar funciones altamente cualificadas, pero "ha sido explotado deliberadamente para sustituir, en lugar de complementar, a los trabajadores estadounidenses con mano de obra peor pagada y menos cualificada".
"Los graves daños que el abuso a gran escala de este programa ha infligido a nuestra seguridad económica y nacional exigen una respuesta inmediata", escribió Trump en la proclamación.
Un informe de la Casa Blanca indica que las empresas estadounidenses estaban "despidiendo a sus trabajadores tecnológicos estadounidenses y, al parecer, reemplazándolos con trabajadores con visa H-1B", y señala que la proporción de trabajadores con visa H-1B en la industria de TI ha aumentado del 32 % en 2003 a más del 65 % en los últimos años.
Los fiscales generales de California y otros 19 estados presentaron la demanda en diciembre de 2025, la cual derivó en el fallo de Sorokin , alegando que la tarifa vulneraba la ley porque imponía un cargo masivo que excedía la autoridad otorgada por el Congreso y era contrario a la intención del Congreso al establecer el programa de visas H-1B.
También argumentaron que la administración eludió los procedimientos de elaboración de normas requeridos al imponer la tarifa y excedió su autoridad según la Ley de Procedimiento Administrativo.
"La tasa ilegal de 100,000 dólares impuesta por el presidente Trump para las visas H-1B genera cargas financieras innecesarias e ilegales para los empleadores públicos de California y otros proveedores de servicios vitales, lo que agrava la escasez de mano de obra en sectores clave", dijo en su momento el fiscal general de California, Rob Bonta.
Con información de Zachary Stieber.
