El 24 de agosto, una corte federal de apelaciones revocó una medida cautelar que limitaba las detenciones y arrestos de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en el Valle Central de California.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos determinó que una corte federal de distrito no había analizado adecuadamente si los demandantes tenían legitimación para solicitar medidas cautelares con efecto futuro basadas en supuestos daños ocurridos en el pasado.
La legitimación se refiere al derecho de una persona a presentar una demanda ante una corte. Las partes deben demostrar, entre otras cosas, una conexión lo suficientemente sólida con la controversia como para justificar su participación en un juicio.
El Noveno Circuito remitió la demanda que impugna las detenciones migratorias de vuelta a la corte de distrito para permitirle revisar su análisis jurídico, después de que dicha corte emitiera una medida cautelar que limitaba la capacidad de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. para detener y arrestar a personas.
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El nuevo fallo, que no desestima la demanda en sí, constituye una victoria táctica para la administración de Trump, ya que elimina —por el momento— una orden judicial preliminar que limitaba la capacidad de la Patrulla Fronteriza para detener y arrestar a personas. La corte de apelaciones remitió el caso a la corte federal de distrito para que se realice una revisión limitada sobre la cuestión de la legitimación.
La demanda se refiere a la Sección 1357(a)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la cual permite a los agentes de la Patrulla Fronteriza realizar arrestos sin orden judicial únicamente si tienen motivos para creer dos cosas: que la persona se encuentra en el país de manera ilegal y que es probable que huya antes de que se pueda obtener una orden judicial. Los demandantes en el caso sostuvieron que los agentes realizaron los arrestos sin evaluar adecuadamente si las personas representaban realmente un riesgo de fuga.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en nombre de los demandantes —el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos y varios trabajadores agrícolas— alegando que, durante un período de tres días en el condado de Kern, California, en enero de 2025, la Patrulla Fronteriza detuvo ilegalmente a varias personas —entre ellas, jornaleros— sin tener motivos para creer que existiera la probabilidad de que se fugaran antes de que se pudiera emitir una orden judicial. La operación policial se denominó "Operación Devolver al Remitente".
Los residentes de Bakersfield y sus alrededores "comenzaron a desaparecer" en "plena temporada de cosecha de cítricos", lo que alarmó a los residentes locales, quienes se pusieron en contacto con la ACLU, según indicó la organización en un resumen.
En una demanda colectiva federal, la ACLU argumentó que la Patrulla Fronteriza estaba utilizando "una táctica cruel para privar a las personas de su derecho a una audiencia de inmigración y, en su lugar, coaccionarlas para que aceptaran una 'salida voluntaria'", lo cual conlleva una prohibición de regresar a los Estados Unidos por un plazo de hasta 10 años.
En abril de 2025, la jueza federal de distrito Jennifer Thurston otorgó una medida cautelar que abarcaba el Distrito Este, es decir, el Valle Central de California.
La orden impedía que la Patrulla Fronteriza detuviera a personas en violación de la Cuarta Enmienda o las arrestara, a menos que los oficiales cumplieran con la ley federal. La orden judicial exigía que, para llevar a cabo un arresto, los oficiales debían tener una sospecha razonable de presencia ilegal en el país.
En la apelación, el gobierno federal argumentó que la corte de distrito solo había analizado hechos pasados en el condado de Kern. En cambio, la corte debería haber evaluado si era probable que las mismas detenciones y arrestos ilegales volvieran a ocurrir pronto, afirmó el gobierno.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito dictaminó que el gobierno tenía razón al afirmar que la corte de distrito no había realizado el "análisis de legitimación adecuado antes de otorgar una medida cautelar preliminar con efecto prospectivo".
El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que representa a la Patrulla Fronteriza, celebró el nuevo fallo.
"Este es un buen resultado y refuerza nuestra confianza en casos relacionados —como [Vásquez Perdomo contra Noem]—, que plantean reclamos similares y en los que ya hemos prevalecido una vez ante la Corte Suprema", declaró un portavoz a The Epoch Times.
En ese caso, en septiembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente la ejecución de una orden de una corte inferior que restringía las detenciones de inmigrantes en el sur de California.
La corte no emitió un dictamen formal, pero el juez Brett Kavanaugh redactó una opinión concurrente en la que señaló que los demandantes carecían de legitimación para solicitar una medida cautelar prospectiva. Afirmó que las detenciones ilegales del pasado no prueban por sí solas una amenaza real e inmediata de que las mismas personas vuelvan a ser detenidas de la misma manera.
The Epoch Times se comunicó con la ACLU para solicitar comentarios. No se recibió respuesta al momento de la publicación.
