El Servicio de Impuestos Internos (IRS) no puede revelar las direcciones de los inmigrantes indocumentados a los funcionarios de inmigración, según dictaminó una corte de apelaciones de Estados Unidos el 8 de septiembre.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia de los Estados Unidos confirmó un fallo de febrero de una corte de distrito que consideró ilegal, en parte, la política del IRS de compartir las direcciones de decenas de miles de personas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), porque dicha política no cumplía con los requisitos establecidos por la ley.
El panel, por unanimidad, rechazó los argumentos del gobierno.
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La política "contraviene indiscutiblemente los requisitos de la sección 6103", una ley que regula cuándo el IRS puede compartir información de los contribuyentes, escribió la jueza de circuito Cornelia Pillard en nombre del panel.
La ley permite al IRS divulgar cierta información de declaraciones de impuestos a otras agencias federales para su uso en investigaciones penales. Para realizar una solicitud, el director de la agencia debe identificar al contribuyente por nombre y dirección, especificar el período fiscal correspondiente y explicar por qué la información podría ser relevante para la investigación.
En virtud de un memorando de entendimiento firmado en abril de 2025 entre el IRS y el ICE, este último solicitó la última dirección conocida de más de un millón de personas que se creía que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos. El ICE no proporcionó la dirección de algunas de las personas incluidas en la lista. Conforme al acuerdo, los empleados del IRS enviaron 47,289 registros al ICE antes de que la corte de distrito suspendiera el proceso.
Los funcionarios del IRS solicitaron a la corte de apelaciones que revocara el fallo. Los abogados del gobierno argumentaron que los grupos que presentaron la demanda carecían de legitimación activa, que el IRS no tenía que seguir los procedimientos de la Ley de Procedimiento Administrativo porque el acuerdo no constituía una decisión final de la agencia, y que la práctica no infringía la ley federal.
Pillard escribió que al menos una de las organizaciones demandantes sufrió daños suficientes a causa de la política como para poder interponer una demanda, que el IRS tuvo que seguir los procedimientos porque la política era una acción definitiva, y que la acción violó la ley federal porque, en algunos casos, el ICE no proporcionó una dirección, como lo exige la ley.
La ley establece que el IRS puede divulgar información sobre un contribuyente a funcionarios que participen "personal y directamente" en procedimientos o investigaciones penales relacionados con ese contribuyente, permitiendo la divulgación siempre que se complete el campo correspondiente al punto de contacto del ICE, incluso si dice "desconocido" o "por determinar".
El ICE terminó designando a la misma persona como punto de contacto para cada uno de los 1.28 millones de contribuyentes incluidos en la lista para quienes solicitó información.
El panel judicial determinó que la práctica del gobierno "no garantiza en absoluto que el ICE incluya en su lista a un empleado federal, y mucho menos a uno que esté 'personal y directamente involucrado' en una investigación que reúna los requisitos sobre un contribuyente en particular".
El Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz del ICE; el IRS; y los grupos que presentaron la demanda no respondieron a las solicitudes de comentarios antes de la publicación.
