La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito bloqueó de forma permanente el 22 de abril la aplicación por parte de California de una nueva ley que exigía a los agentes federales de inmigración mostrar su identificación cuando estuvieran de servicio en el estado, dictaminando que la ley era inconstitucional.
"Concluimos que... la Ley contra los Vigilantes intenta regular directamente a los Estados Unidos en el desempeño de sus funciones gubernamentales", escribió el tribunal de apelación en su resolución. "La Cláusula de Supremacía le prohíbe al estado aplicar dicha legislación".
El tribunal de apelación consideró que era probable que el gobierno federal tuviera éxito en el fondo de su argumento de que la ley estatal de grado inferior entraba en conflicto con la Constitución de Estados Unidos y la legislación federal.
El primer fiscal federal adjunto Bill Essayli, en Los Ángeles, calificó la sentencia en una publicación en X como una "gran victoria legal".
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La ley estatal, firmada por el gobernador Gavin Newsom el 20 de septiembre de 2025, exigía que cualquier agente federal de las fuerzas del orden que no llevara uniforme y operara en California, con pocas excepciones, "mostrara de forma visible su identificación" mientras desempeñaba funciones de aplicación de la ley federal. Los agentes que infringieran la ley se enfrentaban a un proceso penal por parte del estado.
El estado también aprobó al mismo tiempo una Ley contra la Policía Secreta, que prohíbe a los agentes federales llevar máscaras mientras están de servicio.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) anunció inmediatamente que los agentes no acatarían con las leyes, acusando a Newsom de fomentar la división y la deshumanización de las fuerzas del orden federales. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó una demanda en noviembre impugnando las leyes.
El DHS y el DOJ no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la sentencia.
Tras la decisión del tribunal de apelación, la oficina de Newsom dijo que el estado depende de la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades a las que sirven, pero que esta se ha visto socavada durante la administración de Trump.
"Estas leyes ni siquiera deberían ser necesarias", dijo la portavoz de Newsom, Diana Crofts-Pelayo, a The Epoch Times en un correo electrónico. "No deberíamos tener a hombres enmascarados y sin identificar aterrorizando a nuestras comunidades".
Agentes federales de inmigración detienen a una persona durante las manifestaciones en el centro de San Francisco, el 20 de agosto de 2025, en esta captura de pantalla tomada de un video. (Reuters TV)Funcionarios de la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, dijeron que aún estaban revisando la orden y no podían comentar sobre una posible estrategia legal, pero se mantuvieron críticos con la política de la Casa Blanca.
"La transparencia y la rendición de cuentas son la base de una buena aplicación de la ley", dijo la Oficina del Fiscal General a The Epoch Times en un correo electrónico. "La Administración Trump se ha salido de los límites de la práctica habitual al desplegar agentes enmascarados y no identificados para llevar a cabo operaciones de control de inmigración, a pesar de los riesgos que estas tácticas suponen para la seguridad pública y las libertades civiles básicas".
En junio, los legisladores estatales demócratas afirmaron que el aumento del miedo y la confusión entre la población, provocado por las operaciones de inmigración de la Administración Trump, y el incremento de las denuncias por suplantación de identidad policial justificaban la creación de los nuevos requisitos.
La jueza Christina Snyder, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California, bloqueó la prohibición estatal del uso de máscaras en febrero, alegando que la ley no se aplicaba por igual a todos los agentes del orden del estado y, por lo tanto, "discrimina ilegalmente a los agentes federales".
Snyder consideró que la ley también violaba la Cláusula de Supremacía.
