El ejército estadounidense afirmó que el 15 de abril llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación en el Pacífico Oriental, como parte de una campaña contra las rutas marítimas del narcotráfico puesta en marcha bajo la administración Trump.
En una publicación del 16 de abril en X, el Comando Sur de EE. UU. afirmó que la embarcación atacada era operada por organizaciones terroristas designadas.
"La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", dijo el Comando Sur de EE. UU.
La operación se llevó a cabo bajo las órdenes del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur. Tres hombres, calificados por el Comando Sur de EE. UU. como "narcoterroristas", murieron en el ataque. El ejército afirmó que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido en la operación.
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El ataque del 15 de abril se suma a una serie de acciones similares llevadas a cabo en los últimos días. El Comando Sur de EE. UU. informó el 14 de abril que había destruido una embarcación dedicada al tráfico de drogas en el Pacífico Oriental, matando a cuatro "narcoterroristas varones".
La semana pasada, el ejército estadounidense informó de que había destruido dos embarcaciones dedicadas al tráfico de drogas en dos ataques en el Pacífico Oriental. Dos presuntos traficantes murieron en el primer ataque y tres en el segundo, mientras que una persona sobrevivió al ataque inicial.
El Comando Sur de EE. UU. declaró en una publicación del 13 de abril en X que "notificó inmediatamente a la Guardia Costera de EE. UU. para que activara el sistema de búsqueda y rescate del superviviente".
El comando describió su estrategia general como la aplicación de una "fricción sistémica total sobre los cárteles", una expresión utilizada en la publicación del 13 de abril para caracterizar los esfuerzos destinados a desarticular las redes de tráfico en toda la región.
Fundamento estratégico
Las operaciones se derivan en parte de una orden ejecutiva del 20 de enero de 2025, firmada por el presidente de EE. UU. Donald Trump, en la que ordenaba a su administración designar a varios cárteles de narcóticos latinoamericanos como organizaciones terroristas.La designación, publicada en el Registro Federal el 6 de febrero de 2025, incluye a grupos como el cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Tren de Aragua de Venezuela y la MS-13, con sede en El Salvador.
La administración ha afirmado que estos grupos suponen una amenaza transnacional para la seguridad. En un memorándum de octubre de 2025, la Casa Blanca señaló que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" con los cárteles de América Latina, afirmando que estas organizaciones son transnacionales y "llevan a cabo ataques continuos en todo el hemisferio occidental como cárteles organizados".
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Las autoridades han declarado que los ataques tienen como objetivo interrumpir las cadenas de suministro y reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos.
Bajo las órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta "Southern Spear" llevó a cabo el 15 de noviembre de 2025 el vigésimo primer ataque de Estados Unidos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes. (Cortesía del Mando Sur de EE. UU.).Los datos citados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su informe mundial sobre la cocaína de 2023 indicaban que el 74 % de la cocaína que se transporta hacia el norte desde Sudamérica circula por rutas del Pacífico.
Un informe de marzo de 2025 de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de EE. UU. señalaba que las operaciones de vigilancia cubren habitualmente una región de 42 millones de millas cuadradas conocida como la "zona de tránsito"
A pesar de la justificación de la administración, algunos funcionarios estadounidenses han expresado escepticismo sobre la eficacia a largo plazo de la estrategia. Durante su comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado los días 17 y 19 de marzo, Donovan reconoció las limitaciones.
"Hemos visto cambios en los patrones de los narcotraficantes", dijo Donovan a los legisladores. "De cara al futuro, senador, los ataques a las embarcaciones no son la solución".
Los críticos en el Congreso también han expresado su preocupación por el impacto en las investigaciones penales.
El diputado Jamie Raskin (D-Md.) en el Capitolio, en Washington, el 3 de junio de 2024. (Madalina Vasiliu/The Epoch Times).El representante Jamie Raskin (D-Md. ) dijo en unas declaraciones pronunciadas en la Cámara de Representantes el mes pasado que los ataques "también debilitan fundamentalmente la capacidad [de Estados Unidos] para llevar a juicio a los capos de la droga", argumentando que las personas asesinadas en las operaciones podrían, de otro modo, prestar testimonio contra figuras de mayor rango.
La campaña ha suscitado críticas por parte de expertos jurídicos y organizaciones de derechos humanos, que han cuestionado tanto su legalidad como sus implicaciones humanitarias.
La directora de Human Rights Watch en Washington, Sarah Yager, afirmó en un comunicado del 31 de marzo que los ataques "no son incidentes aislados, sino que forman parte de un patrón de uso de la fuerza militar donde la ley no lo permite, una y otra vez".
En el comunicado, la organización instó al gobierno estadounidense a detener las operaciones, afirmando que "debería poner fin de inmediato a esta campaña de ataques letales". El grupo también pidió al Congreso que llevara a cabo "investigaciones independientes y exigiera responsabilidades" si la administración no toma medidas.
Con información de Chris Summers.
