Seis residentes de Massachusetts han sido acusados de participar en una presunta red de matrimonios fraudulentos que, según los fiscales, cobraba a inmigrantes ilegales en Estados Unidos hasta 40,000 dólares por persona para organizar matrimonios falsos con ciudadanos estadounidenses, informó el 21 de octubre la Fiscalía Federal de Massachusetts.
Jennifer González, de 43 años, de Fall River, presuntamente dirigió la operación durante más de una década, organizando entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año y obteniendo ganancias de millones de dólares.
También fueron acusados Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, de 39; Amara Pugh, de 31; y Jaylin Hill, de 26, todos de Fall River, así como Jessica Tavares, de 31, de Attleboro. Los cargos incluyen conspiración para dar refugio a extranjeros ilegales, dar refugio a extranjeros ilegales, conspiración para cometer fraude matrimonial y fraude matrimonial, según indicaron los fiscales.
El 21 de octubre se detuvo a cinco acusados. Según el Departamento de Justicia, Hill se encuentra cumpliendo una condena en una prisión estatal por un delito relacionado con armas de fuego.
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Los abogados que figuran en los documentos judiciales como representantes de cinco de los acusados no respondieron a un correo electrónico en el que se les solicitaban comentarios. El abogado Oscar Cruz Jr., quien representa a Daniels, indicó en un correo electrónico que no tenía comentarios al respecto.
"Durante más de una década, presuntamente se organizaron cientos de matrimonios falsos en Massachusetts con el fin de obtener de manera fraudulenta la ciudadanía estadounidense. Ahora, esta presunta red de fraude matrimonial ha sido desmantelada", declaró el miércoles el fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, en una publicación en X.
“El estafador incluso ‘dejó de celebrar bodas a finales de 2024, cuando Trump asumía la presidencia’, porque sabía que Trump haría cumplir la ley”.
Los fiscales alegan que González pagó a Daniels, Alejandro, Tavares y Hill, todos ciudadanos estadounidenses, para que se casaran con clientes que buscaban obtener un estatus migratorio legal. Pugh, también ciudadana estadounidense, supuestamente se desempeñó como secretaria de la operación.
Según la fiscalía, González solía cobrar entre 38,000 y 40,000 dólares por matrimonio. Supuestamente, les enseñaba a los clientes a simular relaciones legítimas mediante la apertura de cuentas bancarias conjuntas, la contratación de pólizas de seguro de vida y la toma de fotografías juntos.
La fiscalía señaló que González les decía a los clientes que la preparación de la documentación para las solicitudes de inmigración tomaría de tres a cuatro meses.
Durante la investigación, presuntamente se grabó a González dirigiendo la preparación y la firma de un supuesto contrato de préstamo y aceptando un pago inicial en efectivo de 3000 dólares para organizar un matrimonio ficticio.
Presuntamente le dijo al cliente que el contrato omitía deliberadamente cualquier referencia al cónyuge porque eso sería "incriminatorio". Los clientes también pagaban 500 dólares al mes a su cónyuge o a alguien cercano a esa persona, según indicaron los fiscales.
González supuestamente le dijo a un testigo colaborador que Massachusetts era un lugar favorable para los inmigrantes debido a las protecciones que ofrece a los inmigrantes indocumentados, así como a la asistencia pública.
“Massachusetts es el mejor lugar donde pueden estar. Eso es un hecho”, supuestamente dijo ella en una conversación grabada.
Los fiscales también alegan que varios acusados declararon falsamente en las solicitudes de asistencia alimentaria de Massachusetts que nunca se habían casado, al tiempo que presentaban solicitudes federales de inmigración para sus cónyuges ficticios.
González supuestamente gastó más de 120,000 dólares en prestaciones del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria mientras operaba la trama de matrimonios ficticios y adquiría propiedades en la República Dominicana. Los fiscales indicaron que fue grabada hablando de inversiones en ese país utilizando las ganancias de su operación.
Los fiscales indicaron que los cargos de albergar a extranjeros ilegales y de conspiración para hacerlo conllevan una pena de hasta 10 años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares. Los cargos de matrimonio fraudulento y de conspiración para cometerlo conllevan una pena de hasta cinco años de prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de 250,000 dólares.
