China está extendiendo su control e influencia más allá de sus fronteras mediante "el miedo, la censura y la coacción", según un nuevo informe de la Comisión Conjunta del Congreso y el Ejecutivo sobre China.
Publicado el 4 de junio, el informe documenta casos de represión transnacional y operaciones de influencia maligna del Partido Comunista Chino (PCCh) en 2025. Señala que lo que antes eran “incidentes aislados” de coacción e influencia de China en el extranjero se han convertido en un “creciente desafío global para los derechos humanos, las libertades democráticas, la independencia institucional y la capacidad de las personas fuera de China para expresarse y actuar sin temor a represalias”.
A través de estas iniciativas, el PCCh está tratando de controlar las narrativas globales sobre sí mismo y sus políticas.
“El PCCh busca controlar las narrativas públicas tanto en el país como en el extranjero, con el objetivo de garantizar la estabilidad del Gobierno y su propia supervivencia política”, dice el informe.
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El informe se publicó coincidiendo con una audiencia de la CECC celebrada el jueves para examinar la represión transnacional de China y las respuestas a nivel estatal.
Entre los objetivos del régimen chino se encuentran los hongkoneses, los uigures, los tibetanos y antiguos funcionarios del régimen chino. Sus tácticas han abarcado desde agresiones físicas y campañas de acoso sexual generadas por IA hasta amenazas contra familiares en China, presiones para regresar al país, censura y guerra jurídica.
Uno de los casos de acoso sexual afectó a Carmen Lau, exconcejala de distrito en Hong Kong y actual asociada sénior de defensa internacional del Consejo para la Democracia de Hong Kong, con sede en Washington. Lau figura actualmente en la lista de personas buscadas por la Policía de Hong Kong por presuntos delitos contra la seguridad nacional.
Según el informe, personas desconocidas enviaron una carta a los vecinos de Lau en el Reino Unido que incluía imágenes deepfake que la presentaban falsamente como trabajadora sexual.
Lau declaró ante la comisión que el acoso sexual fue “sin duda por motivos de género”, y señaló que la esposa de un antiguo compañero político de Hong Kong también había sido objeto de ataques similares, junto con otras mujeres de las comunidades tibetana y uigur.
Como ejemplo de las tácticas de China para socavar las organizaciones internacionales, el informe citó a la Alianza Interparlamentaria sobre China, una red global de casi 300 legisladores de más de 40 asambleas legislativas cuya misión es abordar los retos que plantea Beijing.
En enero, el director ejecutivo de la IPAC, Luke de Pulford, declaró ante la comisión que creía que la injerencia china podría haber sido la responsable de la escasa asistencia a la cumbre de la alianza celebrada en el Parlamento Europeo en noviembre del año pasado, a la que solo acudieron dos de los doce delegados africanos invitados.
En la cumbre de la IPAC, la vicepresidenta taiwanesa Hsiao Bi-khim pronunció un discurso ante el Parlamento Europeo, lo que provocó críticas por parte de la Misión de China ante la Unión Europea. El PCCh considera que Taiwán, gobernado democráticamente, es una provincia china y rechaza cualquier palabra o acción que pueda interpretarse como una legitimación de la soberanía taiwanesa.
La injerencia de China también obstaculizó la expansión de la IPAC en algunas partes de África, explicó de Pulford a la comisión. Dijo que uno de los copresidentes de la alianza, procedente de Zambia, dimitió tras la cumbre debido a la presión de Beijing.
El PCCh también ha estado llevando a cabo “demandas frívolas en tribunales [extranjeros] para imponer costes financieros y psicológicos a los disidentes”, dice el informe, citando a un experto jurídico. Uno de esos casos fue el de Ma Ju, un musulmán hui, que fue demandado por una empresa estatal china ante una corte estadounidense en 2023, alegando que debía 12.5 millones de dólares. Según el informe, Ma afirmó que la demanda se basaba en "hechos inventados" y tenía por objeto "silenciarlo y agotar sus finanzas".
“El caso de Ma ilustra el abuso extraterritorial de los tribunales estadounidenses por parte de la República Popular China para imponer sanciones económicas a los disidentes, así como la actual incapacidad de los tribunales estadounidenses para contrarrestar tales amenazas”, dice el informe, refiriéndose al nombre oficial de China, la República Popular China.
Para ilustrar las tácticas de coacción de China, el informe señala el caso de Anna Kwok, una activista pro-democracia que reside en EE. UU. cuyo padre, Kwok Yin-sang, fue condenado a ocho meses de prisión por un delito contra la seguridad nacional en Hong Kong a principios de este año.
En su testimonio escrito para la audiencia, la joven Kwok instó al Congreso a aprobar la legislación necesaria.
Respuestas estatales
Texas, Arizona, Utah y Nebraska han promulgado sendas leyes destinadas a combatir la represión transnacional, según un documento de la comisión.Antes de que Texas promulgara su legislación, el gobernador Greg Abbott firmó en 2024 una orden ejecutiva que abordaba la misma preocupación.
Otros testigos que comparecerán en la audiencia son Stephen Cox, asesor del gobernador de Alaska Mike Dunleavy, y el senador estatal de Nebraska Eliot Bostar.
Bostar señaló en su testimonio preparado que la Asamblea Legislativa de su estado ha aprobado varias leyes que abordan los retos que plantea Beijing, entre ellos la represión transnacional, la seguridad de las infraestructuras críticas y la propiedad de la tierra. También dijo que, durante el proceso, los funcionarios estatales fueron "contactados por el PCCh".
“La República Popular China es una amenaza para todos los estados y todas las comunidades de nuestro país”, escribió Bostar.
El gobernador de Nebraska, Jim Pillen, promulgó la ley LB644 en junio de 2025. La legislación, presentada por Bostar a petición del gobernador, creó la Ley de Registro de Adversarios Extranjeros y Agentes Terroristas y la Ley para Acabar con la Represión Transnacional en Nebraska. En conjunto, las leyes establecen nuevos requisitos de registro para los agentes de adversarios extranjeros, lo que aumenta la transparencia y aborda la influencia extranjera y la represión transnacional.
Concretamente, la Ley de Erradicación de la Represión Transnacional en Nebraska tipifica como delito grave que los agentes de adversarios extranjeros lleven a cabo actividades de aplicación de la ley en Nebraska, incluido el funcionamiento de comisarías chinas secretas, según Bostar.
La presencia de una comisaría china secreta en Manhattan salió a la luz en abril de 2023, después de que los fiscales federales imputaran a dos hombres chinos por dirigir las instalaciones en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública del régimen chino. Uno de los acusados, Chen Jinping, se declaró culpable en diciembre de 2024 de actuar como agente ilegal chino.
Cox dijo en su testimonio escrito que Alaska "no ha registrado incidentes significativos" de represión transnacional, pero advirtió de que tales casos pueden no ser fáciles de identificar.
“Puede parecer acoso. Puede parecer una presión inusual sobre un estudiante. Puede parecer intimidación a una familia después de que alguien asista a una protesta o hable públicamente. Puede implicar vigilancia digital, campañas de presión, llamadas telefónicas coercitivas o amenazas dirigidas a familiares en el extranjero”, escribió Cox.
Cox recomendó formar a las fuerzas policiales, capacitar al personal para reconocer este tipo de casos y coordinarse con las autoridades federales cuando se produzcan.
Hizo referencia a la decisión de la administración Trump de cerrar el consulado chino en Houston en 2020, tomada en respuesta a actividades de espionaje vinculadas a las instalaciones, y dijo que era evidente que China "operaba en suelo estadounidense, dirigiéndose contra instituciones, empresas y ciudadanos estadounidenses".
Como exfiscal general de Alaska, Cox añadió que seguiría colaborando con la nueva fiscal general en funciones del estado, Cori Mills, en lo que denominó iniciativas contra China.
“Muchas de las amenazas del PCCh a los estadounidenses se manifiestan cada vez más a través de ámbitos tradicionalmente regulados por los estados: la seguridad pública, la protección del consumidor, la concesión de licencias y las infraestructuras”, escribió Cox.
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En consonancia con esas preocupaciones, la senadora estatal de Alaska Shelly Hughes volvió a presentar en abril de 2025 el proyecto de ley SB139, que impediría a los adversarios extranjeros adquirir o arrendar terrenos en un radio de 100 millas de cualquier instalación militar del estado.
El documento de la comisión también destaca las leyes estatales sobre el turismo de trasplantes.
Arizona, Arkansas, Idaho, Tennessee, Texas y Utah cuentan con leyes para combatir la práctica del régimen chino de extraer órganos a la fuerza de presos de conciencia, restringiendo o prohibiendo el uso de fondos públicos o la cobertura de seguros para trasplantes de órganos relacionados con China.
En marzo, la Fundación Heritage publicó un informe en el que se señalaba que los estados republicanos y demócratas están profundamente divididos en sus enfoques para contrarrestar la influencia del régimen chino a nivel estatal en Estados Unidos. El informe reveló que Arkansas y Florida lideraban el país con ocho leyes relacionadas con China cada uno.
Con información de Eva Fu
