Opinión
El reciente anuncio del secretario de Estado Marco Rubio de una campaña "de todo el gobierno" para desafiar a la Corte Penal Internacional (CPI) generó un debate previsible en todo el mundo.
La administración de Trump está ejerciendo presión diplomática sobre los gobiernos aliados para que reconsideren su apoyo a la Corte. Washington está pidiendo que se amplíen las sanciones contra los funcionarios de la CPI, que se impongan restricciones de visa y que se reitere la insistencia de que la Corte no tiene autoridad legal sobre los ciudadanos de naciones soberanas.
Para los críticos globalistas de siempre, esto no es más que otro ejemplo del unilateralismo trumpista. Pero para los estadounidenses sensatos, refleja la determinación del presidente de anteponer el lema "Estados Unidos primero" a las instituciones internacionales.
De hecho, el tema merece un análisis reflexivo que vaya más allá de la retórica ideológica. En su esencia se encuentra una de las preguntas más antiguas del gobierno constitucional: ¿Quién tiene la autoridad máxima para juzgar a los ciudadanos de una nación soberana: sus propias instituciones nacionales o una corte internacional cuyos jueces están fuera del alcance del electorado de esa nación?
La respuesta explica por qué todas las administraciones estadounidenses desde la creación de la CPI se han negado a reconocer la jurisdicción de la Corte sobre los militares y funcionarios del gobierno estadounidenses.
La Corte Penal Internacional se estableció en virtud del Estatuto de Roma en 1998 y comenzó a funcionar formalmente en 2002. Se creó con un propósito admirable: enjuiciar a las personas responsables de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, más recientemente, el crimen de agresión, cuando los cortees nacionales no pueden o no quieren actuar.
Los horrores de Ruanda y la ex Yugoslavia convencieron a muchos de que el "orden internacional" necesitaba una institución permanente capaz de llevar ante la justicia a los peores criminales del mundo. Pocas personas cuestionaron ese objetivo.
Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha desempeñado un papel significativo en la configuración del derecho penal internacional moderno. Desde los juicios de Nuremberg hasta la creación de cortees temporales para Yugoslavia y Ruanda, los sucesivos gobiernos estadounidenses ha apoyado el enjuiciamiento de verdaderos criminales de guerra.
Extralimitación global
Bill Clinton autorizó la firma del Estatuto de Roma durante los últimos días de su administración, pero se negó deliberadamente a presentarlo al Senado para su ratificación, reconociendo importantes inquietudes constitucionales.George W. Bush informó posteriormente a las Naciones Unidas que Estados Unidos no tenía la intención de ser parte del tratado. El Congreso reforzó esa postura mediante la Ley de Protección de los Miembros del Servicio Militar Estadounidense de 2002, en la que se declaraba que el personal militar estadounidense nunca debía ser entregado a la CPI sin el consentimiento de Estados Unidos.
Las administraciones posteriores difirieron en el tono, pero no en el principio. Barack Obama cooperó con la Corte en ciertos casos relacionados con atrocidades cometidas en el extranjero, al tiempo que siguió rechazando su jurisdicción sobre los estadounidenses.
Joe Biden levantó algunas sanciones impuestas durante el primer mandato de Donald Trump, pero mantuvo tácitamente que la CPI no poseía autoridad legal sobre el personal estadounidense. La objeción constitucional estadounidense se ha mantenido notablemente consistente más allá de las divisiones partidistas.
La controversia actual sobre el poder de la Corte surgió a raíz de la afirmación de la CPI de que, si un presunto delito ocurre dentro del territorio de un país que ha ratificado el Estatuto de Roma, la Corte puede procesar incluso a ciudadanos de países que nunca han aceptado su jurisdicción.
Estados Unidos en oposición
La historia ofrece buenas razones para la preocupación estadounidense. Las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, no son inmunes a la politización. Su legitimidad depende no solo de nobles aspiraciones, sino también de la confianza del público en que ejerzan su autoridad de manera imparcial y dentro de límites legales claramente definidos.Cada vez que las instituciones globales amplían su jurisdicción más allá de lo que los Estados contemplaron originalmente, inevitablemente provocan resistencia.
Esta preocupación se hace eco de un argumento planteado hace 50 años por el difunto senador Daniel Patrick Moynihan. En su influyente libro de 1975, *A Dangerous Place*, y en artículos y discursos durante su mandato como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Moynihan argumentó que Estados Unidos había entrado en una era de "oposición" permanente dentro de las instituciones internacionales.
Creía que las organizaciones creadas originalmente para fomentar la cooperación se habían convertido cada vez más en foros de quejas para una mayoría multinacional de antiguas colonias europeas que estaban decididas a menospreciar a Estados Unidos y a sus aliados de larga data.
Moynihan no rechazaba la cooperación internacional; todo lo contrario. Creía que las instituciones internacionales eran valiosas, pero solo cuando respetaban la verdad, los límites legales y la igualdad soberana de las naciones. Cuando esas instituciones se excedían en su autoridad o se convertían en instrumentos de activismo político, consideraba que los gobiernos democráticos tenían tanto el derecho como la obligación de resistirse.
Medio siglo después, la advertencia de Moynihan sigue siendo notablemente relevante. La controversia actual no se limita a si se deben juzgar los crímenes de guerra.
Toda nación civilizada apoya que se lleve ante la justicia a los verdaderos autores de genocidio y crímenes de humanidad.
Washington rechaza la jurisdicción de la CPI
La tradición constitucional estadounidense sostiene que los tratados solo son vinculantes para aquellas naciones que los aceptan libremente. El Senado nunca ratificó el Estatuto de Roma. En consecuencia, las sucesivas administraciones han sostenido que ningún organismo internacional puede adquirir jurisdicción penal sobre los estadounidenses mediante decisiones unilaterales de otros gobiernos.Esto no es meramente un tecnicismo legal. Toca el corazón de la rendición de cuentas democrática. Los jueces estadounidenses responden ante los procedimientos constitucionales establecidos por el pueblo estadounidense. El Congreso redacta las leyes. Los presidentes nombran a los jueces bajo garantías constitucionales. Las elecciones proporcionan la rendición de cuentas política definitiva.
Los jueces de la Corte Penal Internacional no rinden cuentas ante ningún electorado estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses no pueden destituirlos mediante el voto, modificar su mandato ni enmendar el Estatuto de Roma bajo el cual operan. Esto exime a la Corte de la rendición de cuentas democrática y le permite ejercer poderes extraordinarios sobre personas que nunca consintieron en su autoridad. En este orden de cosas, los estadounidenses están tan dispuestos a confiar en la imparcialidad de los jueces internacionales como a confiar en la neutralidad de los árbitros internacionales de fútbol.
La postura de Washington no es única. Otras democracias importantes, incluida la India, también se han negado a unirse a la Corte. Las objeciones varían, pero muchas comparten la preocupación de que las instituciones internacionales no deberían adquirir gradualmente poderes que los gobiernos soberanos nunca delegaron. Desestimar las preocupaciones sobre la soberanía como un nacionalismo extremo del tipo "Estados Unidos primero" le resta importancia a un tema que ha ocupado a los expertos en derecho constitucional durante décadas.
Se trata de una cuestión constitucional profunda. A pesar de la habitual exhibición de virtudes y el teatro antiestadounidense, está en juego un principio que ha unido a todas las administraciones de Estados Unidos durante más de un cuarto de siglo. Estados Unidos nunca consintió en someter a sus ciudadanos a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
Independientemente de si uno está de acuerdo con la afirmación de Rubio o no, no se trata en absoluto de una postura extremista. Refleja una concepción de larga data del gobierno constitucional: que la legitimidad de la ley recae, en última instancia, en el consentimiento de los gobernados. Esto no es solo otra batalla en las guerras culturales ni una prueba más de la política de riesgo del presidente; es un tema que merece ser tomado en serio.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
