Opinión
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha adoptado una postura clara y bipartidista contra uno de los crímenes contra los derechos humanos más perturbadores de nuestro tiempo: la sustracción forzada de órganos autorizada por el Estado en China.
Con la aprobación de la Ley de Protección a Falun Gong en mayo de 2025, la Cámara de Representantes afirmó una verdad moral simple pero profunda: que ningún gobierno tiene derecho a asesinar a prisioneros de conciencia con fines de lucro.
Un proyecto de ley complementario en el Senado, el S.817 —presentado por el senador Ted Cruz (republicano por Texas) y copatrocinado por ocho senadores—, ahora espera su aprobación en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
La demora no es neutralidad; es aquiescencia. El Senado debe actuar.
Falun Gong, también conocido como Falun Dafa, es una práctica espiritual arraigada en las tradiciones budistas que sigue los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. A finales de la década de 1990 millones de chinos la practicaban abiertamente hasta que el Partido Comunista Chino la calificó como enemiga del Estado y lanzó una campaña nacional para erradicarla.
Desde entonces, los practicantes son detenidos sin el debido proceso, torturados, encarcelados y desaparecidos, y castigados por preservar su creencia espiritual.
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Múltiples investigaciones independientes han concluido que los practicantes de Falun Gong se han convertido en las principales víctimas del sistema de sustracción forzada de órganos en China.
Las razones son escalofriantemente pragmáticas: los practicantes de Falun Gong son pacíficos, están sistemáticamente demonizados y se les mantiene en grandes cantidades al margen de la ley. En otras palabras, están indefensos. No se trata de una persecución descontrolada, sino de una persecución diseñada para la explotación.
La sustracción forzada de órganos no es una acusación abstracta ni un asunto de desacuerdo político. Es un crimen de lesa humanidad. Los presos de conciencia son sometidos a pruebas médicas no para preservar su vida, sino para prepararlos para la muerte. Son asesinados a petición para vender sus corazones, hígados, riñones y córneas.
Esta práctica aniquila todo principio que sustenta la ética médica, la dignidad humana y el estado de derecho. Un sistema que convierte a los curanderos en verdugos y a los hospitales en campos de exterminio no solo es corrupto, sino moralmente inverso.
La evidencia es abrumadora. Durante años, organizaciones no gubernamentales creíbles, periodistas de investigación e investigadores independientes han documentado esta atrocidad.
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En 2019, el Tribunal de China en Londres —un tribunal popular independiente presidido por Sir Geoffrey Nice KC, quien procesó a Slobodan Milosevic— concluyó por unanimidad que "la sustracción forzada de órganos se ha cometido durante años en toda China a una escala significativa y que los practicantes de Falun Gong han sido una, y probablemente la principal, fuente de suministro de órganos". El tribunal dictaminó que constituía un crimen de lesa humanidad.
Legislaturas de todo el mundo han tomado nota. El Congreso de Estados Unidos ha celebrado audiencias y aprobado resoluciones condenando la sustracción forzada de órganos en China. El Parlamento Europeo ha hecho lo mismo.
Estas acciones reflejan un creciente consenso internacional: este crimen es real, continuo e intolerable. La Ley de Protección de Falun Gong promueve ese consenso al ir más allá de las palabras y abordar la rendición de cuentas, imponiendo sanciones a los responsables y señalando que la impunidad no será eterna.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del crimen y la claridad de las pruebas, demasiados líderes e instituciones han optado por el silencio. Incluso algunos medios de comunicación tradicionales han flaqueado. En testimonio jurado ante el Tribunal de China, Didi Kirsten Tatlow, exreportera del New York Times en Beijing, declaró que se sintió desanimada y, en última instancia, impedida de iniciar una investigación sobre la sustracción forzada de órganos.
Su testimonio plantea preguntas profundamente inquietantes sobre la autocensura y la influencia corrosiva de la presión política y económica al enfrentarse a los abusos de regímenes poderosos.
La historia es inequívoca en su veredicto sobre estos momentos. Las atrocidades no persisten porque se oculten, sino porque se ignoran. La vergüenza más duradera no recae solo sobre los perpetradores, sino sobre quienes lo supieron y decidieron no actuar. El silencio, cuando se destruyen vidas humanas sistemáticamente, no es precaución, sino un fracaso moral.
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La Ley de Protección a Falun Gong no se trata de ideología ni geopolítica. Se trata de trazar una línea que jamás debe cruzarse: los seres humanos nunca deben ser reducidos a una fuente de repuestos para el Estado. La sustracción forzada de órganos es un atentado contra la santidad de la vida misma y un desafío directo a los fundamentos éticos de la medicina moderna y el orden internacional.
El Senado estadounidense se enfrenta ahora a una prueba de liderazgo moral. Aprobar esta ley con prontitud enviaría un mensaje claro —a las víctimas, a los perpetradores y al mundo— de que Estados Unidos no desviará la mirada ante los crímenes de lesa humanidad, independientemente de la presión política o los inconvenientes económicos.
El silencio propicia la atrocidad. La acción afirma a la humanidad. El Senado debería aprobar la Ley de Protección de Falun Gong sin demora.
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Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times
