Opinión

El socialismo cubano como sistema irreformable

Las órdenes ejecutivas, los memorandos de seguridad nacional y los objetivos del Departamento de Estado de la administración Trump representan un giro audaz y necesario hacia el desmantelamiento de la dictadura comunista de Cuba. No se trata de una mera postura política, sino de una necesidad estratégica basada en décadas de evidencia que demuestran que las políticas de distensión solo prolongan la tiranía. El socialismo, como afirmó enfáticamente el renombrado economista húngaro János Kornai, es irreformable: los intentos de “reformar” el socialismo fracasan inevitablemente debido a sus contradicciones inherentes.

Las crisis crónicas de Cuba: pobreza rampante, escasez sistémica y represión no son accidentes históricos ni desviaciones circunstanciales, sino consecuencias deliberadas de un sistema inducido políticamente y corroído por la decadencia ética y moral. Las llamadas “reformas” del régimen no son más que parches superficiales, diseñados para atraer inversión extranjera mientras se preserva un control férreo del poder. Iniciativas recientes, como las MIPYMES (micro, pequeñas y medianas empresas), constituyen intentos cleptocráticos de transformar Cuba en una dictadura oligárquica al estilo de Putin. Estados Unidos debe rechazar de plano estas concesiones cosméticas. Solo un cambio de régimen a gran escala puede erradicar las causas estructurales del colapso y restaurar la prosperidad del pueblo cubano.

Crisis estructural y negación de la soberanía popular

La soberanía auténtica, en un marco democrático, significa soberanía popular: la voluntad del pueblo expresada libremente. Este principio ha sido negado a los cubanos desde el golpe ideológico de Fidel Castro en 1959. Desde la toma del poder por los comunistas, los ciudadanos han sido despojados de su derecho fundamental a decidir su destino y viven bajo un régimen que gobierna mediante el miedo y la coacción, no mediante el consentimiento. Las estridentes acusaciones de la dictadura sobre supuestas “violaciones de la soberanía” por parte de Estados Unidos son invenciones cínicas que ignoran un hecho esencial: los verdaderos soberanos, la nación cubana, llevan generaciones sin voz. Washington debe ignorar estas falsedades y actuar con valentía para empoderar al pueblo cubano, en coherencia con los valores fundamentales de libertad y autodeterminación que definen a Estados Unidos. Hacer lo contrario perpetúa un mito útil únicamente a los opresores.

Responsabilidad penal y rendición de cuentas del régimen

Para desmantelar efectivamente este régimen, el Departamento de Justicia de la era Trump debe ejercer toda la fuerza de la ley. Es imperativo reactivar la acusación de 1993 contra Raúl Castro por orquestar redes de tráfico de drogas que canalizaban cocaína a través de Cuba, generando millones en ganancias ilícitas. Igualmente crucial es procesar los cargos por el derribo deliberado, en 1996, de los aviones de Hermanos al Rescate, que asesinó a tres ciudadanos estadounidenses y a un residente legal en espacio aéreo internacional, un acto flagrante de terrorismo patrocinado por el Estado. Estas acciones deben ampliarse a otras élites del régimen, respaldadas por testimonios de testigos presenciales como el narcotraficante colombiano Carlos Lehder, quien detalló reuniones personales con Raúl Castro para coordinar rutas de contrabando. Jhon Jairo Velásquez, conocido como “Popeye”, también reveló la profunda implicación de Cuba en las operaciones del Cartel de Medellín. No se trata de meras acusaciones, sino de hechos corroborados que exigen rendición de cuentas y que permitirían golpear el núcleo criminal del régimen, disuadiendo a sus facilitadores.

Expropiación masiva y la base jurídica del cambio de régimen

La Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana (LIBERTAD) de 1996, conocida como la Ley Helms-Burton, proporciona una base jurídica sólida para el cambio de régimen. Esta legislación se centra en el atroz robo de propiedades estadounidenses por parte de la Revolución Cubana, valorado entre 6000 y 8000 millones de dólares, lo que constituye la mayor expropiación de este tipo en la historia moderna. La plena activación del Título III permitiría a Estados Unidos demandar a las entidades que se benefician de activos robados, paralizando la complicidad extranjera y aislando financieramente a La Habana. Esto no constituye agresión, sino justicia: la corrección de un agravio histórico que ha financiado la supervivencia del régimen y la reafirmación de que las revoluciones basadas en el saqueo no pueden sostenerse indefinidamente.

Exportación del terrorismo y guerra de inteligencia contra Estados Unidos

Durante más de seis décadas, el comunismo cubano ha servido como un caldo de cultivo para el terrorismo marxista, albergando, entrenando y armando a insurgentes a lo largo y ancho de América Latina. Ningún país del hemisferio occidental ha quedado completamente indemne de la subversión comunista promovida por el castrismo. Este patrón persiste en la actualidad, con La Habana respaldando a grupos narcoterroristas y elementos subversivos en la región. Resulta alarmante que numerosas organizaciones radicales de izquierda en Estados Unidos funcionen como fachadas encubiertas de la influencia cubana y china, difundiendo propaganda y promoviendo la desestabilización interna. Documentos desclasificados y testimonios de desertores aportan pruebas empíricas de un patrón sistemático de violencia exportada que ha costado miles de vidas, lo que exige una respuesta firme de Estados Unidos para neutralizar esta amenaza.

Cuba opera, además, como un colosal puesto de espionaje que representa un riesgo existencial para la seguridad estadounidense. Trump acertó al señalar la instalación de inteligencia de señales de Lourdes, la mayor base rusa de este tipo en el extranjero, hoy ampliada con capacidades de espionaje chinas y colaboraciones norcoreanas. Estas instalaciones facilitan la interceptación de comunicaciones y secretos militares estadounidenses. Casos como los de Ana Belén Montes y Víctor Manuel Rocha, agentes cubanos que traicionaron durante décadas a la inteligencia estadounidense y proporcionaron información falsa clave que distorsionó la política de Washington, ilustran la profundidad del daño causado. Estas infiltraciones en instituciones estratégicas de Estados Unidos evidencian el pragmatismo del régimen desde una lógica dictatorial, aunque su fracaso sea absoluto según los estándares democráticos de soberanía popular, derechos humanos y bienestar material.

Asfixia financiera, aislamiento y el imperativo estratégico

Para cortar el sustento vital del régimen, resulta necesario imponer una cuarentena integral o un bloqueo total que interrumpa el flujo de recursos, mitigando al mismo tiempo el sufrimiento de la población civil mediante ayuda humanitaria canalizada a través de entidades imparciales como la Iglesia católica. Deben suspenderse de inmediato todas las remesas, tanto en efectivo como en especie, así como los viajes, las licencias comerciales heredadas de las administraciones Obama-Biden, los planes de inversión y cualquier mecanismo que transfiera fondos a La Habana. Estas entradas, que ascienden a miles de millones de dólares anuales, sostienen a la dictadura sin beneficiar al ciudadano común. Paralelamente, el Departamento de Justicia debería desplegar su arsenal legal contra GAESA, el conglomerado militar que domina la economía cubana, persiguiendo sus entidades offshore en Panamá y otros países bajo marcos jurídicos similares a la ley RICO contra el crimen organizado. Procesar a las empresas fachada y exigir responsabilidades a las naciones cómplices permitiría desmantelar la red financiera global del régimen.

Conclusión: seguridad hemisférica y libertad

En última instancia, la naturaleza totalitaria del castrocomunismo, mucho más invasiva que el mero autoritarismo, exige nada menos que un cambio de régimen. Su proyección estratégica a lo largo del continente, incluidas sus operaciones de influencia dentro de Estados Unidos, amplifica los riesgos para la seguridad nacional: espionaje, patrocinio del terrorismo y redes de narcotráfico que han costado vidas estadounidenses y socavado la estabilidad hemisférica. Las medias tintas han fracasado. El apaciguamiento solo invita a la escalada. Al actuar con determinación, Estados Unidos no solo protege sus intereses estratégicos, sino que defiende la libertad de 11 millones de cubanos y de toda América Latina. El cambio de régimen no es una opción discrecional; es el imperativo moral y estratégico de nuestro tiempo para garantizar un hemisferio libre de las sombras del comunismo.