El presidente Donald Trump tiene previsto firmar una orden ejecutiva el 15 de abril en la que dispone que se tomen medidas para evitar que extranjeros ilegales, estafadores y otras personas no elegibles obtengan la Seguridad Social, según la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
"El memorándum ordenará a la administración que se asegure de que los extranjeros no elegibles no reciban fondos de los programas de la Ley de la Seguridad Social", dijo durante la rueda de prensa diaria. "Ampliará el programa de la Administración de la Seguridad Social de fiscales contra el fraude a al menos 50 fiscalías federales, y establece un programa de procesamiento de fraudes a Medicare y Medicaid en 15 fiscalías federales".
El memorándum parece responder a los informes del Departamento de Eficiencia Gubernamental a principios de este año de que se descubrió que varios beneficiarios de la Seguridad Social tenían más de un siglo de edad, lo que requería que el inspector general de la Administración de la Seguridad Social (SSA) investigara los informes de ingresos de las personas mayores de 100 años. El inspector general también deberá investigar los casos de registros de la Seguridad Social que no coincidan para combatir el robo de identidad.
Se pedirá a la SSA que considere la posibilidad de reanudar la aplicación de sanciones monetarias civiles a las personas que hayan cometido fraude en la Seguridad Social.
Leavitt reiteró el compromiso de Trump de proteger la Seguridad Social para las personas mayores estadounidenses que pagan impuestos y otros ciudadanos que siguen contribuyendo a ella.
"Estas prestaciones financiadas por los contribuyentes deberían ser solo para los contribuyentes que cumplan los requisitos, y el presidente Biden debería pensar en lo que hizo en su último mandato, que fue permitir la entrada en nuestro país de decenas de millones de personas ilegales, muchas de las cuales recibían estas prestaciones de forma fraudulenta", dijo Leavitt.
Esta última acción ejecutiva se produce poco después de que la Casa Blanca anunciara que más de 6300 inmigrantes ilegales habían sido despojados de su Seguridad Social y otras prestaciones federales. Estas personas fueron puestas en libertad condicional en Estados Unidos por la administración Biden durante o después de 2023 y fueron señaladas como un riesgo para la seguridad nacional, por tener antecedentes penales o figurar en la base de datos de detección de terroristas del FBI. Su libertad condicional terminó el 8 de abril.
Los números de la Seguridad Social de esas personas fueron reclasificados por la SSA en un Archivo Maestro de Inelegibles para garantizar aún más que nunca puedan volver a acceder a la ayuda federal.
La SSA también anunció el 15 de abril, antes de que Trump firmara el memorándum, que había puesto en marcha una nueva tecnología de identificación. Concretamente, se centra en la actividad sospechosa en las reclamaciones telefónicas y los cambios bancarios, analizando anomalías y patrones en la cuenta de una persona y exigiendo una prueba de identidad en persona en una oficina de la Seguridad Social si se detectan irregularidades.
El cambio de información bancaria por teléfono representó aproximadamente el 40 por ciento del fraude de depósito directo, según la SSA, y la Oficina del Inspector General estima que se desviaron 33.5 millones de dólares en prestaciones para casi 21,000 beneficiarios entre enero de 2013 y mayo de 2018.
La SSA ha implementado el Servicio de Verificación de Cuentas (AVS) de la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro para asegurar la verificación instantánea, pero estas dos entidades no son las únicas que colaboran.
El trabajo para expulsar la inmigración ilegal mediante el seguimiento del flujo de dinero también ha comenzado entre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el IRS, utilizando el intercambio de datos de los contribuyentes para identificar a inmigrantes ilegales posiblemente peligrosos.
"El intercambio de información entre agencias es esencial para identificar quién está en nuestro país, incluidos los delincuentes violentos, determinar qué amenazas a la seguridad pública y al terrorismo pueden existir para que podamos neutralizarlas, eliminar a estas personas de las listas de votantes, así como identificar qué beneficios públicos están utilizando estos extranjeros a expensas de los contribuyentes estadounidenses", dijo un portavoz del DHS a The Epoch Times.
Con información de Anne Johnson, Chase Smith y Jack Phillips
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