Los sindicatos que representan a miles de profesores y empleados de la Universidad de California demandaron a la administración Trump tras una congelación de fondos federales que describieron como parte de un esfuerzo ilegal por imponer opiniones conservadoras en el sistema universitario público.
La coalición incluye a la Asociación Americana de Profesores Universitarios, la Federación Americana de Docentes y más de una docena de asociaciones de profesores de los campus de la UC. Los grupos sindicales piden a un juez federal que prohíba a la administración condicionar la financiación federal de la UC a la aceptación de sus demandas y que declare inconstitucional esta práctica.
Su demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California en San Francisco, se centra en una serie de medidas que, según ellos, tienen por objeto imponer reformas en materia de contratación, admisiones, deportes y becas.
A finales de julio, tres agencias federales —los Institutos Nacionales de Salud, la Fundación Nacional para la Ciencia y el Departamento de Energía— suspendieron 564 millones de dólares en fondos para investigación destinados a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), alegando incumplimiento de las leyes federales y de los términos y condiciones para la concesión de subvenciones federales. En concreto, las agencias afirmaron que la UCLA había aplicado políticas de "acción afirmativa ilegal", no había hecho lo suficiente para abordar los prejuicios antisemitas y el acoso en el campus, y había discriminado a las mujeres al permitir que los estudiantes transgénero compitieran en deportes femeninos y accedieran a espacios exclusivos para mujeres.
La suspensión se produjo tras una notificación del Departamento de Justicia a la UCLA en la que se alegaban violaciones de la ley de derechos civiles por la gestión de la universidad de las protestas a favor de Palestina en la primavera de 2024. El departamento afirmó que los estudiantes judíos e israelíes sufrieron "acoso grave, generalizado y objetivamente ofensivo" por parte de los miembros de un campamento pro palestino, que duró unos ocho días antes de que los manifestantes se enfrentaran con los contramanifestantes pro israelíes, lo que llevó a los administradores a llamar al Departamento de Policía de Los Ángeles para desmantelar los campamentos.
Según el presidente de la UC, James Milliken, el Departamento de Justicia ha propuesto un acuerdo que obligaría a la UC a pagar una multa de 1000 millones de dólares. Aunque no se han dado a conocer todas las demás exigencias, la denuncia presentada el martes afirma que probablemente se asemejan a las de los acuerdos alcanzados para restablecer la financiación suspendida en las universidades de Brown y Columbia, entre las que se incluyen la obligación de la universidad de proporcionar datos sobre admisiones, poner fin a las becas basadas en la raza, endurecer las políticas de protesta, cooperar con las autoridades federales de inmigración y reservar los deportes y las instalaciones femeninas para las mujeres.
Los grupos sindicales calificaron las acciones de la administración como "el uso ilegal y coercitivo de las leyes de derechos civiles para atacar al sistema de la Universidad de California y los derechos de sus miembros", en una publicación en las redes sociales. En la denuncia, acusaron al presidente Donald Trump de intentar establecer un "dominio ideológico" sobre los campus liberales de California.
El sistema de la UC, que no es parte en la demanda presentada el martes, no respondió a una solicitud de comentarios sobre el litigio. En un mensaje enviado el lunes a todo el sistema, Milliken dijo que su equipo está trabajando con funcionarios estatales y federales para resolver la congelación de fondos.
Según Milliken, la UC recibe alrededor de 17,000 millones de dólares en fondos federales cada año, incluidos 5700 millones para investigación y apoyo a programas. Calificó los recortes como una de las "amenazas más graves" en la historia de la universidad y advirtió de un "efecto dominó perjudicial en toda la economía del estado".
La UC ha tomado algunas medidas en consonancia con las exigencias de la administración Trump en medio del enfrentamiento. El 6 de agosto, el sistema anunció una política que permite a los agentes federales de inmigración acceder a sus hospitales y clínicas. Más recientemente, el 4 de septiembre, la Universidad de California, Berkeley, notificó a 160 profesores, personal y estudiantes que sus nombres aparecían en documentos proporcionados a la administración como parte de su investigación sobre el presunto antisemitismo en el campus.
El Departamento de Justicia se negó a comentar sobre la demanda. La fiscal general Pamela Bondi dijo anteriormente que una investigación había encontrado "pruebas preocupantes de antisemitismo sistémico en la UCLA" que justificaban "una severa responsabilidad por parte de la institución".
"El Departamento de Justicia obligará a la UCLA a pagar un alto precio por poner en peligro a los judíos estadounidenses y continuará nuestras investigaciones en curso sobre otros campus del sistema de la UC", dijo Bondi en julio.
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