La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 31 de julio una reforma constitucional que permite a los presidentes presentarse a la reelección indefinidamente y amplía la duración del mandato presidencial de cinco a seis años, allanando el camino para que el presidente Nayib Bukele pueda optar por permanecer en el poder por más tiempo.
La diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas de Bukele, que cuenta con una mayoría cualificada en la legislatura, propuso el proyecto de ley que modifica cinco artículos de la Constitución, entre ellos la eliminación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la que se enfrentan los dos candidatos más votados.
Los diputados votaron a favor del proyecto de ley por 57 votos contra 3.
En un comunicado sobre X, la Asamblea Legislativa afirmó que las enmiendas tienen como objetivo "estabilizar los ciclos electorales, reducir los costos y aumentar la seguridad jurídica con el fin de atraer inversiones, promover un mayor desarrollo económico y social y evitar un estado de campaña permanente".
El mandato actual de Bukele está previsto que finalice el 1 de junio de 2029, pero Figueroa propuso que finalice el 1 de junio de 2027, de modo que las elecciones presidenciales y al Congreso sigan el mismo calendario. El cambio también permitiría a Bukele presentarse a la reelección para un mandato más largo, dos años antes.
"Con esta iniciativa, estamos abriendo un nuevo capítulo en la historia democrática de El Salvador", dijo Figueroa en un comunicado publicado en X. "Será el pueblo quien decida, tantas veces como lo desee, si continúa apoyando el camino de transformación que está viviendo nuestra nación".
Algunos legisladores del Congreso que se opusieron a los cambios expresaron sus preocupaciones de que debilitarían la democracia en el país y consolidarían el régimen de un solo partido.
"Esta noche murió la democracia", dijo la legisladora Marcela Villatoro, de la oposición Alianza Republicana Nacional (ARENA).
Bukele fue elegido presidente de El Salvador por primera vez en 2019. Se aseguró un segundo mandato en 2024 después de que la Corte Suprema Electoral de El Salvador le permitiera presentarse de nuevo, a pesar de que la Constitución del país lo prohíbe.
Tras su reelección el año pasado, Bukele dijo a los periodistas que «no creía que fuera necesaria una reforma constitucional», pero no respondió a las preguntas sobre si intentaría presentarse a un tercer mandato.
Bukele ha visto cómo su popularidad se ha disparado en El Salvador, gracias, en parte, a la campaña de su gobierno contra la violencia y las poderosas pandillas callejeras, que incluye la construcción del Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT), una megaprisión de máxima seguridad situada a unos 72 kilómetros (45 millas) al este de la capital, San Salvador.
En 2015, El Salvador registró 6656 homicidios, lo que lo convirtió en uno de los países más mortíferos del mundo. En 2023, se produjeron 214 homicidios. El Salvador cerró 2024 con un mínimo histórico de 114 homicidios.
En febrero, Bukele acordó aceptar a inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos, incluidos miembros de pandillas como la MS-13 de El Salvador y el Tren de Aragua de Venezuela.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acompañada por el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Héctor Gustavo Villatoro (derecha), visita el Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 26 de marzo de 2025. (Alex Brandon-Pool/Getty Images)."Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como esta", declaró Rubio a los periodistas en ese momento, según una transcripción publicada por el Departamento de Estado.
"Piénsenlo: cualquier inmigrante ilegal, cualquier inmigrante ilegal en Estados Unidos que sea un delincuente peligroso —MS-13, Tren de Aragua, lo que sea—, él ha ofrecido sus cárceles para que podamos enviarlos aquí y él los meterá en sus cárceles. Y también se ofrece a hacer lo mismo con los delincuentes peligrosos que actualmente se encuentran bajo custodia y cumplen sus condenas en Estados Unidos, incluso si son ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Estamos profundamente agradecidos".
En ese momento, Bukele confirmó en un comunicado que aceptaba albergar a los delincuentes deportados de Estados Unidos en la megaprisión de El Salvador a cambio de una suma no especificada por parte de Estados Unidos.
"Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario", declaró Bukele en un comunicado publicado el 4 de febrero en X.
Aunque la campaña de Bukele contra la delincuencia ha provocado un descenso drástico de los homicidios en el país, ha suscitado la preocupación de los grupos de derechos humanos, que afirman que personas inocentes se ven afectadas por las detenciones masivas.
Amnistía Internacional acuso al gobierno de El Salvador de "aplicar una política estatal sistemática de privación masiva y arbitraria de la libertad", y añadio que más de 85,000 personas permanecen entre rejas en el CECOT "sin pruebas admisibles suficientes" y son "víctimas de un sistema judicial que se convirtio en una herramienta de castigo colectivo y represión generalizada".
The Epoch Times se puso en contacto con la administración de Bukele para obtener comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
Con información de Reuters y The Associated Press.
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