Un inmigrante ilegal sospechoso de ser miembro de la banda Tren de Aragua y de vivir con un juez en Nuevo México se ha declarado culpable de "posesión ilegal de armas de fuego y conspiración para destruir pruebas", según dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado del 17 de octubre.
Cristhian Ortega-López entró ilegalmente en Estados Unidos en 2023 bajo la administración Biden y fue puesto en libertad en el país, según informó la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. Las autoridades alegan que el juez magistrado José Cano y su esposa contrataron inicialmente a Ortega-López para realizar reparaciones en su casa, y posteriormente le permitieron vivir en su casa de invitados.
Ortega-López "publicó numerosas fotos y videos de sí mismo en sus cuentas de redes sociales con armas, entre ellas un rifle tipo AR-15, una pistola semiautomática y munición", dijo el Departamento de Seguridad Nacional.
El Tren de Aragua fue designado como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado por el Departamento de Estado en febrero.
En enero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) recibió una denuncia anónima sobre Ortega-López, que vivía en Nuevo México y poseía armas de fuego, lo que culminó con su detención en la casa del juez al mes siguiente.
Tras la detención de Ortega-López, Cano supuestamente destrozó con un martillo un teléfono móvil perteneciente a Ortega-López y se deshizo de los restos, "creyendo que contenía fotos y videos incriminatorios", según el DHS.
La esposa del juez, Nancy Cano, está acusada de conspirar para borrar la cuenta de Facebook de Ortega-López con el fin de eliminar cualquier prueba incriminatoria, según informó el departamento.
McLaughlin dijo que la administración Biden nunca debería haber permitido la entrada de Ortega-López en Estados Unidos.
"El juez Cano, magistrado, lleva el activismo judicial a un nivel completamente nuevo al permitir que este delincuente extranjero ilegal viva en su casa con él. Una y otra vez, vemos cómo políticos defensores de los santuarios y jueces activistas, como José Cano, protegen a extranjeros ilegales criminales —en este caso, un presunto MIEMBRO DE UNA BANDA— de ser arrestados y expulsados del país", dijo.
"Este comportamiento repugnante es totalmente inaceptable y ya no se tolera bajo la Administración Trump. Estamos anteponiendo la seguridad del pueblo estadounidense".
The Epoch Times se puso en contacto con el representante legal de Ortega-López para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación.
Cano, afiliado al Partido Demócrata, prestaba servicio en el Tribunal de Magistrados del condado de Doña Ana, en Las Cruces, la segunda ciudad más poblada de Nuevo México, antes de dimitir de su cargo en marzo.
El 3 de marzo, presentó una carta de renuncia en la que decía que permanecería en el cargo hasta el 21 de marzo. En ese momento, Cano no aclaró por qué abandonaba el puesto.
Más tarde, a principios de abril, los documentos judiciales presentados por los fiscales federales sacaron a la luz los presuntos vínculos de Cano con Ortega-López.
El 22 de abril, la Corte Suprema de Nuevo México prohibió a Cano ejercer la autoridad judicial en el estado. Cano "nunca más podrá ocupar, presentarse como candidato, postularse o presentarse a las elecciones para ningún cargo judicial en Nuevo México en el futuro", dictaminó la corte.
El arresto de Cano
En una entrevista con KOAT-TV, Cano dijo que nunca supo de los presuntos vínculos de Ortega-López con Tren de Aragua."Sus documentos indicaban en la esquina superior derecha: 'Esta persona no está sujeta a expulsión'. Cada uno de ellos tenía una fecha concreta para la vista de su solicitud de asilo", dijo, refiriéndose a Ortega-López y a otras personas que vivían en su propiedad.
"Tengo tres nietos a los que quiero mucho. Tienen 15, 8 y 6 años. De ninguna manera habría permitido que mis nietos tuvieran contacto con esos chicos si hubiera intuido algún peligro".
Fotografías policiales de (izquierda) Nancy Cano y (derecha) Joel Cano tras su detención el 24 de abril de 2025. (Cortesía del Centro de Detención del Condado de Doña Ana).Cano y su esposa fueron detenidos el 24 de abril, y las autoridades les acusaron de manipulación de pruebas en relación con el caso contra Ortega-López.
The Epoch Times se puso en contacto con el representante legal de la pareja, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
El 29 de abril, ambos fueron puestos en libertad bajo fianza de 10,000 dólares. El caso sigue en curso.
Prevención de la inmigración ilegal
Si bien la administración Trump ha tomado medidas enérgicas contra la inmigración ilegal dentro de Estados Unidos, también ha reforzado las medidas de seguridad fronteriza, lo que ha dado lugar a una disminución masiva de la afluencia de inmigrantes ilegales al país.En una declaración del 7 de octubre, el DHS dijo que en el año fiscal 2025 se detuvo a 237565 inmigrantes ilegales en la frontera suroeste, la cifra más baja desde 1970.
La mayoría de estos encuentros tuvieron lugar durante la administración Biden. Del total de detenciones, 172,026 se produjeron durante los 111 días de la administración Biden. Durante los siguientes 254 días de la administración Trump, esta cifra se redujo a 65,539 detenciones, lo que demuestra el efecto del refuerzo de las políticas de seguridad fronteriza.
"El año fiscal 2025 muestra lo que sucede cuando aplicamos la ley sin concesiones", dijo entonces el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott. "Durante demasiado tiempo, los agentes y oficiales han tenido las manos atadas por políticas fallidas. Hoy en día tienen la capacidad de hacer su trabajo, y el resultado es el número más bajo de detenciones en más de cinco décadas y la frontera más segura de la historia moderna".
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