El Departamento de Educación de los Estados Unidos anunció el 30 de octubre que ultimó las nuevas normas para un programa de condonación de préstamos estudiantiles con el fin de excluir a las organizaciones de servicio público que, según el departamento, participan en actividades ilegales, como ayudar a la inmigración ilegal o realizar procedimientos médicos relacionados con la transexualidad en menores.
La norma definitiva endurece los criterios de elegibilidad para los empleadores que participan en el programa de condonación de préstamos por servicio público (PSLF), que exime del pago del saldo restante de los préstamos federales para estudiantes a los prestatarios que hayan realizado 10 años de pagos elegibles mientras trabajaban a tiempo completo en el servicio público, por ejemplo, en organismos gubernamentales u organizaciones sin ánimo de lucro cualificadas.
Según las nuevas normas, las organizaciones que, por lo demás, cumplen los requisitos gubernamentales o sin ánimo de lucro del programa PSLF podrían perder su condición de elegibles si el Departamento de Educación determina que participan en actividades que tienen un "propósito ilegal sustancial".
El departamento proporcionó una lista de dichas actividades descalificantes, entre las que se incluyen la violación de las leyes federales contra la discriminación, la ayuda o la complicidad en la inmigración ilegal, el apoyo al terrorismo, el tráfico de niños o la participación en protestas violentas.
La norma también se dirige a las organizaciones que se dedican a lo que describe como "castración química y quirúrgica o mutilación de niños" en violación de la ley federal o estatal.
Esto incluye las llamadas cirugías de "afirmación de género", que el presidente Donald Trump describió como de naturaleza esterilizante, así como el uso de bloqueadores de la pubertad y hormonas sexuales con el fin de intentar cambiar el cuerpo de un niño para alinearlo con una identidad de género que difiere de su sexo.
En respuesta a los comentarios públicos que expresaban la preocupación de que incidentes aislados o acusaciones sin pruebas pudieran descalificar injustamente a los empleadores, el Departamento de Educación afirmó que basaría sus decisiones en pruebas materiales, prestando especial atención a si la conducta alegada es fundamental para la misión de la organización, en lugar de actos incidentales de empleados que actúan fuera de su ámbito laboral.
"El Departamento puede considerar las acusaciones como base para iniciar una investigación, pero debe desarrollar el expediente fáctico para corroborar cualquier acusación", declaró la agencia, prometiendo utilizar "criterios claros y objetivos" para sopesar el "alcance, la frecuencia y la intención" a la hora de determinar si se cumple el umbral "sustancial".
Los empleadores que corran el riesgo de perder la elegibilidad para el PSLF recibirán una notificación y tendrán la oportunidad de revisar, responder y refutar las conclusiones del departamento, añadió.
Las organizaciones que incumplan las leyes estatales también podrían perder su elegibilidad, según la norma definitiva, pero solo si existe una sentencia firme y no por defecto en casos de allanamiento, alteración del orden público, vandalismo, molestias públicas u obstrucción de carreteras.
El Departamento de Educación afirmó que las nuevas normas devuelven al programa financiado por los contribuyentes a su propósito original.
"El programa de condonación de préstamos por servicio público tenía como objetivo apoyar a los estadounidenses que dedican su carrera al servicio público, no subvencionar a organizaciones que violan la ley, ya sea acogiendo a inmigrantes ilegales o realizando procedimientos médicos prohibidos que intentan cambiar el sexo biológico de los niños", afirmó el subsecretario de Educación, Nicholas Kent.
La norma definitiva se basa en una orden ejecutiva emitida en marzo, en la que se afirmaba que el programa PSLF "desvió fondos públicos hacia organizaciones activistas". En ella se ordenaba a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que revisara el programa para impedir que los prestatarios se beneficiaran de la condonación de la deuda si trabajaban para organizaciones que "tuvieran un propósito ilegal sustancial".
El presidente Donald Trump coloca sus manos sobre una orden ejecutiva firmada en el Despacho Oval el 7 de marzo de 2025. (Evelyn Hockstein/Reuters)La orden ejecutiva también cuestionaba el programa por proporcionar una condonación prematura de la deuda. En 2022, durante la pandemia de COVID-19, la administración Biden relajó temporalmente los requisitos del PSLF para ampliar la elegibilidad y, posteriormente, convirtió muchos de esos cambios en permanentes. Como resultado, más de un millón de prestatarios han visto condonados sus préstamos federales para estudiantes a través del programa.
Varios grupos condenaron la orden de Trump de revisar el programa PSLF, acusando a la administración de utilizar la deuda estudiantil como arma contra las organizaciones sin ánimo de lucro que tienen misiones que no le gustan.
"Quiere imponer una prueba ideológica antitética a los valores estadounidenses y contraria a la ley vigente", dijo el presidente de la Federación Americana de Profesores, Randi Weingarten. "Es un ataque ilegal a millones de trabajadores dedicados al servicio público que depositaron su fe en la promesa bipartidista del PSLF, solo para ver cómo se la arrebataban".
La Academia Estadounidense de Médicos de Familia, que representa a más de 130,000 médicos y estudiantes de medicina, también expresó su oposición después de que el departamento publicara su proyecto de norma en septiembre.
"Solo el Congreso tiene la autoridad para modificar sustancialmente los criterios de elegibilidad del PSLF", afirmó la academia en una carta. "El esfuerzo del departamento por redefinir el empleo cualificado a través de la regulación excede su autoridad delegada y sentaría un precedente preocupante".
La norma definitiva entrará en vigor el 1 de julio de 2026.
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