El 14 de octubre, la Corte Suprema rechazó una impugnación a una norma de la era Obama que permite a los cónyuges de algunos titulares de visas trabajar en Estados Unidos.
Los jueces no explicaron su decisión de rechazar la petición de revisión, lo cual es una práctica habitual.
La norma fue aprobada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2015. Permitió, por primera vez, que los cónyuges de las personas titulares de visas H-1B trabajaran sin restricciones. Uno de los objetivos era "atraer y retener a trabajadores extranjeros altamente cualificados".
Las visas H-1B son para trabajadores extranjeros especializados. A menudo son utilizadas por grandes empresas tecnológicas. El presidente Donald Trump anunció recientemente una tasa de 100,000 dólares para las nuevas visas H-1B, lo que ha suscitado una impugnación legal.
Save Jobs USA, un grupo de trabajadores empleados por Southern California Edison hasta que fueron sustituidos por no inmigrantes con visas H-1B en 2015, presentó una demanda contra la política del DHS, argumentando que solo el Congreso puede eximir a determinadas clases de no inmigrantes de la prohibición general de trabajar.
Diversas cortes rechazaron la demanda, basándose principalmente en una sentencia de 2022 en un caso similar. En esa decisión, que se produjo en un caso sobre una norma distinta, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia afirmó que el DHS tiene la facultad de eximir a determinadas clases de la prohibición general de trabajar.
Los jueces de la corte dijeron posteriormente que el precedente establecido por el fallo significaba que se aplicaba al caso presentado por Save Jobs.
En su petición de revisión ante la Corte Suprema, Save Jobs USA dijo que los fallos interpretaban erróneamente el poder del DHS descrito en la ley.
También dijo que la corte más alta del país debería resolver lo que, según usted, era una división en las decisiones de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito. En una decisión de 2015, el Quinto Circuito concluyó que la ley federal citada por el DHS no facultaba al gobierno para conceder permisos de trabajo a inmigrantes que podrían ser deportados si no fuera por el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.
Los abogados de la Administración Trump dijeron en un escrito a la corte que el DHS adoptó legalmente la norma de 2015 y que la decisión del Quinto Circuito no era relevante porque se aplicaba a inmigrantes que carecían de estatus legal.
John Miano, abogado que representa a Save Jobs USA, dijo a The Epoch Times en un correo electrónico que la denegación de la petición ha dejado el panorama legal en caos después de que el presidente Joe Biden concediera autorización de trabajo a miles de personas que entraron en el país durante su mandato.
"Tenemos al Circuito de Washington D. C. diciendo que el presidente tiene ese poder y al Quinto Circuito diciendo que no lo tiene", dijo. "¿Cuál es entonces la ley?".
“La Corte Suprema ya había rechazado en múltiples ocasiones la oportunidad de abordar el asunto, señaló.”
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