El 14 de agosto, la comisión de seguridad del Congreso de El Salvador respaldó la prórroga de dos años de la prisión preventiva de decenas de miles de presuntos pandilleros.
La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia apoyó las reformas a la Ley contra la Delincuencia Organizada, que dan a los fiscales hasta agosto de 2027 para preparar los casos contra los 88,750 sospechosos que se encuentran en prisión.
Los legisladores de la comisión afirmaron que la prórroga era necesaria para que los fiscales pudieran desempeñar sus funciones, preservar las garantías procesales de los detenidos y garantizar que los jueces pudieran tramitar adecuadamente los juicios.
En julio de 2023, el Congreso de este país centroamericano aprobó los juicios colectivos de los presuntos pandilleros, con unos 600 casos colectivos que están siendo tramitados por 44 jueces especializados en delincuencia organizada.
Las propuestas fueron respaldadas menos de dos semanas antes de que expirara el plazo anterior de dos años, fijado para el 25 de agosto.
Estas medidas aún tendrán que ser aprobadas por el pleno de la Asamblea Legislativa. Pero, al igual que la comisión que propuso los planes, la Asamblea Legislativa está controlada por el partido gobernante Nuevas Ideas, lo que significa que es probable que las propuestas sean aprobadas.
Estado de emergencia
Los sospechosos fueron detenidos y arrestados en virtud del estado de emergencia declarado en El Salvador en marzo de 2022, como parte de la campaña del presidente Nayib Bukele contra las bandas criminales.En la reunión de la comisión, el fiscal general Rodolfo Delgado afirmó que las pandillas han sido identificadas como enemigas del pueblo de El Salvador.
Delgado dijo, según una publicación de la Fiscalía General, “Necesitamos este tipo de reforma porque el objetivo es establecer un modelo procesal especializado y dinámico que garantice una justicia eficaz y rápida, y que responda a toda la dinámica de las detenciones y la tramitación de 88,750 personas identificadas como pertenecientes a estos grupos pandilleros”.
El diputado Caleb Navarro, miembro de Nuevas Ideas, dijo en una publicación en X el jueves que él y sus colegas habían trabajado para “perfeccionar las herramientas legales que nos permiten golpear más fuerte contra las pandillas y las estructuras criminales”.
“Estamos cerrando las lagunas legales, reforzando los procesos judiciales y fortaleciendo el país para que ningún delincuente vuelva a tener el poder que una vez les permitió aterrorizar a las familias salvadoreñas”, dijo Navarro.
“Esta es una lucha seria, sin retrocesos y sin indulgencia. El Salvador ya no es un terreno fértil para el crimen, y nos aseguraremos de que siga así”.
La ofensiva de Bukele contra las pandillas
Bukele fue elegido presidente de El Salvador por primera vez en 2019 y reelegido en 2024 después de que la Corte Supremo Electoral del país le permitiera presentarse de nuevo, a pesar de que la Constitución lo prohíbe.El 31 de julio, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que le permite al presidente presentarse a la reelección indefinidamente y amplía la duración del mandato presidencial de cinco a seis años, allanando el camino para que Bukele pueda presentarse a futuros mandatos.
La popularidad del presidente aumentó en El Salvador, gracias, en parte, a la represión de la violencia y las poderosas pandillas callejeras por parte de su Gobierno, incluida la construcción del Centro de Confinamiento Terrorista (CECOT), una megaprisión de máxima seguridad situada a unos 70 kilómetros al este de la capital, San Salvador.
En 2015, El Salvador registró 6656 homicidios, lo que lo convirtió en uno de los países más mortíferos del mundo. En 2023, se produjeron 214 homicidios y, en 2024, se registró un mínimo histórico de 114.
El Salvador ha establecido una estrecha relación con Estados Unidos y, en febrero, Bukele acordó aceptar a inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos, incluidos miembros de las pandillas MS-13 de El Salvador y Tren de Aragua de Venezuela.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo en ese momento: “Ningún país ha hecho nunca una oferta de amistad como esta”.
Aunque El Salvador ha visto cómo se reducían drásticamente los asesinatos, los grupos de derechos humanos han criticado las medidas.
En abril, Amnistía Internacional afirmó que El Salvador estaba aplicando una “política estatal sistemática de privación masiva y arbitraria de la libertad” y que, tras tres años, más de 85,000 personas estaban encarceladas sin pruebas suficientes, “víctimas de un sistema judicial que se ha transformado en una herramienta de castigo colectivo y represión generalizada”.
Katabella Roberts contribuyeron a este reportaje.
Con información de Reuters.
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