El fiscal general de California, Rob Bonta, se comprometió a seguir combatiendo los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump en las cortes luego que una juez desestimara una demanda estatal el 2 de junio.
La juez de distrito estadounidense Jacqueline Corley, en San Francisco, dictaminó el lunes que el estado desestimaría el caso, lo que le permitió presentar una apelación.
La juez no consideró si los aranceles eran constitucionales, sino si la demanda debía trasladarse a la corte de Comercio Internacional (CIT), como lo solicitó el presidente.
"Tras considerar cuidadosamente los argumentos de las partes, y con el beneficio de los argumentos orales el 22 de mayo de 2025, la corte concluye que esta acción es competencia exclusiva del CIT", declaró Corley en su fallo.
California solicitó la desestimación de la demanda en lugar de su transferencia al CIT, añadió Corley. La juez desestimó el caso sin perjuicio, lo que permite al estado volver a presentarlo.
La demanda del estado alegaba que el presidente se extralimitó en su autoridad y que violó la doctrina de separación de poderes al ejercer poderes de emergencia.
California solicitó al juez que bloqueara los aranceles, alegando que no están autorizados por el estatuto de emergencia.
Bonta respondió al fallo del juez el lunes y prometió presentar una apelación.
"Hoy, nuestra demanda contra los aranceles desastrosos e ilegales de la administración Trump se mantuvo en California a la espera de nuestra apelación", declaró Bonta el lunes. "Creemos firmemente que este caso debe resolverse en una corte federal de distrito y nos complace que la corte haya considerado nuestra voluntad al desestimarlo, lo que nos da la oportunidad de solicitar una revisión".
La Casa Blanca respondió al fallo del juez el martes, calificándolo como otro paso positivo para las políticas comerciales del presidente.
"Una vez más, los argumentos legales de la administración Trump sobre los aranceles quedan reivindicados, lo que deja claro que los aranceles son un asunto que debe litigarse exclusivamente en la Corte de Comercio Internacional", declaró el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, a The Epoch Times en un correo electrónico el martes. Las cortes de distrito no tienen jurisdicción sobre los aranceles de la IEEPA.
"Los demócratas de California deberían centrarse en los enormes problemas de su estado en lugar de buscar el foro más conveniente para socavar arbitrariamente las políticas comerciales de la administración Trump que protegen la seguridad nacional y económica de Estados Unidos", añadió Desai.
Bonta y el gobernador Gavin Newsom demandaron al presidente Trump el 16 de abril, alegando que los aranceles eran ilegales, caóticos y que afectarían la economía del estado.

Un portavoz de Newsom afirmó que el estado se muestra optimista.
"Varias cortes fallaron en contra del uso de poderes de emergencia por parte del presidente Trump para promulgar estos aranceles ilegales", declaró la portavoz Tara Gallegos a The Epoch Times en un correo electrónico el martes. "Esta decisión no se apartó de esas; desestimó el caso por motivos procesales. Discrepamos, al igual que una corte federal en Washington D. C. Apelamos la decisión y esperamos ganar".
Newsom también presentó un escrito amistoso ante la corte de Inmigración y Control de Aduanas (CIT) el 13 de mayo en apoyo de Oregón y su demanda contra los aranceles del presidente.
California es el mayor importador y el segundo mayor exportador del país, según el estado. La administración de Newsom estima que el costo de los aranceles para los consumidores californianos asciende a un total de 25,000 millones de dólares, junto con la pérdida de más de 64,000 empleos.
El 20 de enero, el presidente Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur, alegando que estaba invadida por cárteles, bandas criminales, terroristas conocidos, traficantes de personas, contrabandistas, hombres en edad militar no verificados provenientes de países extranjeros y drogas ilegales.
El 1 de febrero, el presidente citó la proclamación de emergencia fronteriza al emitir tres órdenes ejecutivas que imponía aranceles a las importaciones procedentes de México, Canadá y China.
Cada orden ejecutiva amplió el alcance de la emergencia nacional. También impuso un arancel del 10 por ciento a todas las importaciones, con algunas excepciones.
Desde entonces, el presidente Trump mantuvo negociaciones comerciales con varios países e impuso o modificó una variedad de otros aranceles.
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