La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda judicial contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de obligar a la agencia a revelar los registros relacionados con operaciones específicas, según la denuncia presentada el 1 de octubre.
La demanda, presentada conjuntamente por la ACLU y sus filiales de Virginia y Carolina del Norte en la Corte de Distrito del Distrito Sur de Nueva York, se refiere a la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Según la demanda, el ICE emitió una solicitud de información (RFI) el 28 de mayo, en la que pedía información sobre los centros de detención disponibles capaces de albergar a poblaciones adultas sin acompañantes para apoyar a la oficina local de la agencia en Washington.
Una RFI se emite para recabar información sobre los servicios o productos de los proveedores y, en el caso del ICE, se quería información sobre los centros de detención. Aunque el ICE posee cinco centros de detención, depende de empresas penitenciarias privadas y otras instalaciones para detener a la mayoría de las personas bajo su custodia, según la demanda.
El 8 de agosto, los demandantes presentaron una solicitud FOIA al ICE, pidiendo los registros de las respuestas a la RFI de la agencia.
La FOIA "se promulgó para facilitar el acceso público a los documentos gubernamentales", según la demanda.
La demanda añade que el objetivo básico de la FOIA es "garantizar una ciudadanía informada, vital para el funcionamiento de una sociedad democrática, necesaria para controlar la corrupción y hacer que los gobernantes rindan cuentas a los gobernados".
Con este objetivo en mente, la ley FOIA exige que las agencias federales como el ICE divulguen los registros en un plazo de 20 días hábiles, según la demanda.
En determinadas circunstancias, se puede conceder una prórroga adicional de 10 días para la tramitación.
Sin embargo, "han pasado más de 30 días hábiles" desde que los demandantes presentaron la solicitud y no ha habido respuesta por parte del ICE con respecto a la entrega de los registros, según la demanda, que añade que el plazo legal ha expirado.
"Los demandantes han agotado todos los recursos administrativos en relación con la falta de respuesta del ICE a la solicitud", dice la demanda.
La ACLU y sus afiliados solicitaron a la corte que ordenara al ICE tramitar y divulgar los registros necesarios.
La demanda de la ACLU se produce en medio de protestas y actos de violencia contra las operaciones de control de la inmigración del ICE y los funcionarios que las llevan a cabo.
El 24 de septiembre, un hombre armado abrió fuego contra el edificio del ICE en Dallas. Aunque ningún agente de la ley resultó herido en el ataque, dos detenidos murieron.
El 26 de septiembre, las instalaciones de procesamiento del ICE en Broadview, Illinois, fueron escenario de enfrentamientos entre manifestantes y agentes federales. En una carta dirigida al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la alcaldesa de Broadview, Katrina Thompson, afirmó que los residentes se habían dirigido a ella en busca de ayuda debido al supuesto uso de productos químicos por parte de los agentes federales cerca de las instalaciones del ICE.
El DHS dijo en un comunicado del 26 de septiembre que algunos de los alborotadores habían llegado con fuegos artificiales y máscaras antigás, y que uno de ellos fue detenido con un arma.
“Estos alborotadores sin ley comenzaron a corear ‘Arresten a ICE, disparen a ICE’”, dijo el departamento.
Desde que el ICE puso en marcha la Operación Midway Blitz a principios de septiembre, dirigida contra los extranjeros ilegales delincuentes en Illinois, "los manifestantes han agredido a las fuerzas policiales, han lanzado botes de gas lacrimógeno, han ponchado los neumáticos de los coches, han bloqueado la entrada del edificio y han invadido propiedad privada", dijo el DHS.
The Epoch Times se puso en contacto con la agencia para recabar sus comentarios, pero no recibió respuesta antes de la hora de publicación de este artículo.
Esfuerzos para que los agentes del ICE no usen mascarillas
En California, el gobernador Gavin Newsom promulgó la Ley contra la Policía Secreta (SB 627) el 20 de septiembre.La ley prohíbe a las fuerzas policiales locales y federales, incluido el personal del ICE, llevar pasamontañas y otras "máscaras extremas" similares, según un comunicado del 20 de septiembre de la oficina del senador estatal de California Scott Wiener, autor principal del proyecto de ley.
El proyecto de ley contó con el respaldo de una coalición de grupos de inmigrantes y de derechos civiles. Aunque el DHS pidió a Newsom que vetara el proyecto de ley, el gobernador decidió no hacerlo, según el comunicado.
"La Ley contra la Policía Secreta es un paso audaz que se basa en un notable historial de liderazgo en la defensa de nuestras comunidades de inmigrantes y de la propia democracia", dijo Wiener.
En su comunicado del 26 de septiembre, el DHS afirmó que los agentes del ICE se enfrentaban a "un aumento de más del 1000% en las agresiones contra ellos".
En un posteo del 26 de septiembre, Bill Essayli, fiscal interino del Distrito Central de California, criticó la decisión de Newsom y lo acusó de estar "confuso" con respecto a su función según la Constitución de Estados Unidos.
Newsom "supervisa California, no las agencias federales. Debería revisar la cláusula de supremacía", escribió Essayli.
"La ley de California para 'desenmascarar' a los agentes federales es inconstitucional, ya que el estado carece de jurisdicción para interferir en la aplicación de la ley federal. He ordenado a las agencias federales que ignoren esta ley estatal y se adhieran a la ley federal y a las políticas de la agencia", dijo Essayli.
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