Tras el anunció del Gabinete de Seguridad de la detención de seis personas, entre ellos un alcalde y un exalcalde del estado de Morelos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el operativo se inició en parte a denuncias ciudadanas que ella misma recibió durante su visita a la región.
“El caso de ayer de Morelos, yo aquí lo mencioné, (...) cuando voy a las comunidades escucho mucho a la gente. Entonces, hay gente que me dice, ‘pensamos que esta persona está vinculada’, me lo dicen en secreto (...) Tomo la nota, tomo el teléfono a esta persona, se la doy al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, le digo, 'Tengo esta denuncia, por favor háblenle por teléfono a esta persona para ayudarle a abrir una carpeta de investigación'”, explicó la mandataria durante su conferencia de prensa este jueves 21 de mayo.
Sheinbaum aseguró que toma estas medidas, ya que “normalmente” una persona que fue víctima de extorsión o que tiene conocimiento de algún funcionario o persona que esté coludida con el crimen, “difícilmente presenta directamente su denuncia en el Ministerio Público”.
La mandataria detalló que se tiene un mecanismo para qué las denuncias que le externan en persona o a miembros de su gobierno, pueda ser procesada y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pueda hacer la investigación correspondiente.
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“Ayer parte de lo que vivimos en las detenciones, pues tienen que ver con que hubo gente que cuando fui a esa zona me dijo, ‘Presidenta, aquí no nos gusta lo que está pasando’. Y a partir de ahí se abrió una carpeta de investigación, que llevó muchos meses de investigación, pero ya que se tuvieron las pruebas, la fiscalía actuó y se actúa. Entonces, cero impunidad”, reiteró la presidenta.
En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y como parte de la Operación Enjambre, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara, anunció el 20 de mayo la captura de Agustín “N”, alcalde de Atlatlahucan, Irvin "N" (exalcalde de Yecapixtla), Arisbel "N", excandidata a la alcaldía de Yecapixtla, Pablo "N", Oficial Mayor de Cuautla , Horacio "N”, secretario municipal de Cuautla y Jonathan "N", tesorero de Cuautla— derivado de una investigación que confirma la infiltración del crimen organizado en al menos ocho municipios de Morelos.
El fiscal detalló que esta infiltración fue posible debido a que el grupo delictivo financió las campañas de personas que entonces eran candidatas y que hoy ya ejercen cargos públicos, además de recurrir a la intimidación de actores políticos contrarios. Esta red les permitía actuar con total "permisividad y libertad para cometer actividades delictivas en el estado de Morelos".
Además, dicha infiltración generó una ola de violencia con delitos como extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, sumado a enfrentamientos por la disputa del territorio. Estos últimos conflictos resultaron en la muerte de exalcaldes morelenses, una en 2022 y otra en 2023, así como en agresiones en contra de aspirantes a cargos de elección popular durante el proceso electoral 2023-2024.
Fue a raíz de estos hechos, que el Ministerio Público Federal inició las investigaciones en las que lograron recabar suficientes pruebas para confirmar "la presencia de estos grupos delictivos dentro de esquemas del orden municipal", agregó el fiscal.
Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, habla durante una rueda de prensa el 20 de mayo de 2026 en la Ciudad de México, México. (EFE/ Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México)Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, reveló durante una conferencia de prensa el 20 de mayo, que las personas detenidas formarían parte de una red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos y actores económicos o sociales vinculada a un operador del Cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos que se llama Júpiter Araujo, alias El Barbas.
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Asimismo, el secretario informó que continúan con la búsqueda del presidente municipal de Cuautla, Jesús “N” quien también cuenta con orden de arresto.
Harfuch también explicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá a 22 personas físicas y 10 personas morales en la lista de personas bloqueadas.
Estas detenciones se dan en el marco de la reciente presión en materia de seguridad que atraviesa México por parte de Estados Unidos, que ha pedido recurrentemente al gobierno mexicano hacer más en el tema del narcotráfico.
El año pasado en febrero de 2025, el Cartel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno estadounidense. Asimismo, el pasado 29 de abril, el Departamento de Estado de EE. UU. emitió acusaciones contra una decena de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa presuntamente vinculados a dicho grupo delictivo, entre los que destaca el gobernador en licencia, Rubén Rocha Moya.
Hasta el momento, dos de los implicados en el caso —el exsecretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz— se han entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, otros, como el gobernador en licencia Rocha Moya y Enrique Inzunza Cázarez, han reiterado su inocencia y su disposición a comparecer ante la justicia mexicana de ser necesario.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha mantenido una postura tajante sobre el caso, asegurando que no se han presentado pruebas que sustenten las acusaciones y que su gobierno no encubre a criminales. No obstante, subrayó que se actúa conforme a las leyes del país, por lo que se requiere evidencia formal para proceder a cualquier extradición, como lo solicita EE. .UU.
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