Lo que comenzó como un programa estatal de distribución de alimentos para las cajas CLAP terminó derivando en una compleja red internacional de negocios vinculados al petróleo, el oro y la triangulación financiera. En medio de esa estructura apareció México, convertido —según las investigaciones estadounidenses— en uno de los principales centros de operación de la red atribuida a Alex Saab, señalado por Washington como uno de los principales operadores financieros del chavismo y de altos dirigentes venezolanos. El caso volvió a ocupar titulares internacionales en mayo de 2026, después de que Venezuela confirmara la entrega de Saab a Estados Unidos.

El gobierno de Nicolás Maduro creó los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en 2016 con el objetivo oficial de distribuir alimentos subsidiados a sectores populares en medio de la crisis económica venezolana. Según FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el programa CLAP fue utilizado por el gobierno de Maduro “como un arma política”, entregando alimentos subsidiados a simpatizantes del chavismo y reteniéndolos a ciudadanos críticos del gobierno.

Con el paso de los años, el programa terminó quedando bajo escrutinio internacional por presuntas irregularidades en contratos de importación, triangulación comercial y manejo de recursos vinculados a la red empresarial investigada por Estados Unidos.

Imagen de archivo. Una mujer carga una bolsa de alimentos básicos al salir de uno de los centros de distribución de comida conocidos como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), administrados por líderes comunitarios, en Caracas, el 16 de agosto de 2017. Los paquetes contienen productos básicos como arroz, harina, pasta, frijoles, aceite, azúcar y leche. (RONALDO SCHEMIDT/AFP vía Getty Images)

Uno de los principales nodos mexicanos de la red investigada por Estados Unidos fue Group Grand Limited, una empresa con sede en Hong Kong y también en Ciudad de México, señalada por Washington como pieza clave dentro del esquema de importación de alimentos para las cajas CLAP. Según OFAC, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la compañía facilitó el envío de alimentos no perecederos desde México hacia Venezuela utilizando una estructura de triangulación internacional conectada con Hong Kong, Emiratos Árabes Unidos, Panamá y Turquía.

Group Grand Limited formaba parte de una red empresarial vinculada a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido Vargas. Dentro de esa misma estructura aparecían además Asasi Food FZC, radicada en Emiratos Árabes Unidos; Mulberry Proje Yatirim A.S., registrada en Turquía; y Postar Intertrade Limited, también con sede en Hong Kong. Todas fueron identificadas por Washington como piezas del entramado comercial y financiero utilizado para sostener internacionalmente el esquema CLAP.

"Estas personas pudieron obtener contratos sobrevaluados para el CLAP, sin ningún tipo de licitación, de altas figuras políticas venezolanas mediante sociedades pantalla e instrumentales. Tras obtener contratos sin una licitación, estas sociedades pantalla e instrumentales luego recibían aprobación de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para importar alimentos a Venezuela", según la OFAC.

La empresa mexicana estaba controlada por el ciudadano colombiano Emmanuel Enrique Rubio González, identificado como hijo de Pulido Vargas. OFAC afirmó que Rubio poseía o controlaba Group Grand Limited S.A. de C.V.

Shadi Nain Saab Certain, hijo de Alex Saab, figuró como director de Group Grand Limited desde 2015 hasta 2017 en los documentos de registro de la empresa.

"La compañía contaba con un almacén que se utilizaba para recibir alimentos de diferentes proveedores y empaquetarlos en cajas que se enviaban desde México y se vendían en Venezuela como parte del esquema de corrupción CLAP", de acuerdo al Departamento del Tesoro.

Investigaciones periodísticas también cuestionaron la calidad de parte de los alimentos exportados desde México hacia Venezuela dentro del esquema CLAP.

Un reportaje de Armando.info —un medio digital especializado en investigaciones enfocadas en Venezuela— documentó que varias marcas de leche en polvo distribuidas en las cajas presentaban niveles de proteína y calcio muy inferiores a los declarados en sus etiquetas.

Según la OFAC, el grupo de empresas de Saab y Pulido actuó "en la red global de empresas fantasma y de fachada" para facilitar el esquema de corrupción CLAP.

En muchos casos, las empresas pantalla recibían pagos anticipados del gobierno venezolano y luego distribuían parte de esos fondos como “comisiones” ilícitas a funcionarios involucrados en el esquema.

El líder venezolano Nicolás Maduro y el empresario colombiano Alex Saab (a la derecha) asisten a un acto en Caracas, Venezuela, el 23 de enero de 2024. (Leonardo Fernández Viloria/Reuters)

Desde principios de 2018, a medida que se agudizó la escasez de divisas del gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro comenzó a utilizar recursos provenientes del oro para pagar parte de sus contratos internacionales, incluidos los vinculados al programa CLAP y a la importación de alimentos desde el extranjero.

Según Washington, Saab comenzó entonces a trabajar con Simón Alejandro Zerpa Delgado para ayudar al gobierno venezolano a liquidar oro extraído en Venezuela y convertirlo en moneda extranjera destinada a financiar pagos internacionales.

El Tesoro de Estados Unidos sostiene además que Saab colaboró con altos funcionarios chavistas, entre ellos Tareck El Aissami, para construir una estructura que permitiera vender oro venezolano a Turquía y obtener liquidez fuera del sistema financiero tradicional. Tareck El Aissami llegó a ser vicepresidente ejecutivo de Venezuela (2017-2018) y ministro de Industrias y Producción Nacional (2018-2021), entre otros cargos de alto perfil.

Washington identificó posteriormente al sector aurífero venezolano como objetivo de sanciones en noviembre de 2018, al considerar que el régimen lo utilizaba para sostener redes de corrupción y evadir restricciones financieras internacionales.

Según las autoridades estadounidenses, Saab firmó a continuación un contrato con el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) para adquirir moneda venezolana destinada a la compra de oro a mineros locales. Parte del metal era refinado en Caracas, vendido posteriormente al Banco Central de Venezuela (BCV) y luego exportado hacia destinos como Turquía y Emiratos Árabes Unidos para generar divisas. BANDES y el BCV fueron posteriormente sancionados por Washington por operar dentro del sector financiero venezolano.

De acuerdo con Washington, las entidades turcas compraban oro venezolano y depositaban fondos en cuentas abiertas en Turquía pertenecientes al Banco Central venezolano. Paralelamente, la empresa turca Mulberry Proje Yatirim Anonim Sirketi, vinculada a Saab, compraba mercancías para clientes venezolanos y revendía esos productos a Venezuela con sobreprecios.

El 18 de junio de 2020, Estados Unidos sancionó a tres ciudadanos mexicanos, ocho empresas y dos buques por su presunta participación en una red utilizada para evadir las sanciones contra el sector petrolero venezolano. La medida, adoptada bajo la Orden Ejecutiva 13850 y sus modificaciones, apuntó principalmente a operadores y compañías con sede en México vinculados a negocios que beneficiaban a PdVSA.

Entre los señalados aparecían Joaquín Leal Jiménez, Olga María Zepeda Esparza y Verónica Esparza García, junto con las empresas mexicanas Libre Abordo S.A. de C.V. y Schlager Business Group S. de R.L. de C.V., además de otras entidades bajo su propiedad o control.

Según el Departamento del Tesoro, todos formaban parte de una red de intermediarios reclutada por el entonces ministro de Petróleo venezolano Tareck El Aissami —ya sancionado por Washington— para intermediar en la reventa de más de 30 millones de barriles de crudo venezolano y obtener ganancias mediante ese esquema.

El Tesoro sostuvo además que, desde al menos 2019, el gobierno de Maduro y PdVSA colaboraron con Alex Saab y Joaquín Leal en operaciones de “petróleo por alimentos” que, según Washington, nunca terminaron traduciéndose en entregas reales de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, junto con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, participaron en la reventa de crudo de PdVSA durante 2020.

Según el Departamento del Tesoro, las compañías afirmaban tener contratos con el gobierno venezolano para enviar maíz blanco y camiones cisterna de agua a Venezuela. Sin embargo, Washington aseguró que el maíz nunca fue entregado y que solo llegaron aproximadamente 500 camiones cisterna —la mitad de lo pactado— además de haber sido vendidos a precios excesivamente inflados.

El Tesoro añadió que las entregas realizadas “no coincidían con la cantidad de crudo de PdVSA revendida por Libre Abordo y Schlager Business Group”, valorada en más de 300 millones de dólares.

En su relato, Washington sostiene que Libre Abordo —con sede en Ciudad de México— firmó en julio de 2019 dos contratos con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (CORPOVEX) para suministrar maíz y camiones cisterna a Venezuela bajo un esquema de intercambio por petróleo.

Sin embargo, según el Departamento del Tesoro, la empresa terminó acordando “transportar y gestionar la venta de petróleo crudo de origen venezolano suministrado por PdVSA” dentro de una operación coordinada por Alex Saab y Tareck El Aissami.

El acuerdo tomó fuerza después de que OFAC sancionara en febrero y marzo de 2020 a Rosneft Trading y TNK Trading International, hasta entonces los principales intermediarios del crudo venezolano hacia compradores ubicados principalmente en Asia.

Según Washington, Libre Abordo pasó entonces a replicar buena parte de esas operaciones: vender petróleo venezolano a los mismos compradores asiáticos y utilizar rutas y procesos de envío prácticamente idénticos.

Lo que llamó la atención de los investigadores fue la velocidad con la que creció la operación. En enero de 2020, Libre Abordo y Schlager Business Group representaban aproximadamente el 3 % de las exportaciones de PdVSA. Para abril de ese mismo año, la cifra había escalado hasta casi el 40 %.

El 31 de mayo de 2020, según OFAC, Libre Abordo declaró su quiebra después de haber movilizado y revendido "más de 30 millones de barriles de crudo venezolano”.

La empresa, fundada en 2010, se había dedicado previamente a la compra y reventa de artículos de limpieza, equipos hospitalarios, productos agrícolas y equipos industriales, principalmente en México. En junio de 2020 fue sancionada por Estados Unidos por haber brindado “asistencia material, patrocinio o apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios” a PdVSA o en apoyo de la petrolera estatal venezolana.

En los registros de OpenSanctions, la entidad seguía apareciendo en abril de 2026 dentro de las bases vinculadas a sanciones internacionales.

“El régimen ilegítimo de Maduro creó una red secreta para evadir las sanciones, la cual el Departamento del Tesoro ha descubierto”, declaró en 2020 el subsecretario Justin G. Muzinich. “Estados Unidos seguirá persiguiendo sin descanso a quienes evaden las sanciones y saquean los recursos de Venezuela para su beneficio personal a costa del pueblo venezolano”.

La empresa vinculada a Libre Abordo, Schlager Business Group —también con sede en Ciudad de México— desempeñó un papel clave dentro del esquema al encargarse de los contratos de fletamento necesarios para transportar el crudo de PdVSA.

Según el Departamento del Tesoro, antes de involucrarse en operaciones petroleras vinculadas a Venezuela, la compañía no tenía experiencia previa en el sector energético y se dedicaba principalmente a servicios administrativos y de apoyo empresarial en México.

Olga María Zepeda Esparza y su madre, Verónica Esparza García, ambas de nacionalidad mexicana, eran copropietarias de Libre Abordo y controlaban Schlager Business Group. De acuerdo con el Tesoro estadounidense, trabajaban junto a Joaquín Leal Jiménez en la dirección de las operaciones comerciales de ambas compañías, incluyendo su participación en la movilización y reventa de grandes volúmenes de crudo venezolano suministrado por PdVSA.

Washington identificó además a Leal como uno de los principales enlaces entre PdVSA, Alex Saab y la red internacional de intermediarios creada para colocar petróleo venezolano en mercados internacionales. Según el Tesoro, Leal “coordinó la compraventa de crudo venezolano de PdVSA y de su filial PdVSA Petróleo S.A., aportando su conocimiento del sector petrolero internacional y facilitando el transporte y la reventa a compradores”.

Las autoridades estadounidenses sostienen que estas operaciones permitieron a PdVSA seguir colocando cargamentos de petróleo en el extranjero pese a las sanciones financieras y comerciales impuestas por Washington, utilizando para ello estructuras empresariales mexicanas, contratos de intercambio de bienes y redes internacionales de transporte marítimo.

Por su parte, Reuters reportó en 2020 que autoridades mexicanas también estaban investigando a Libre Abordo y Schlager Business Group por sus acuerdos de “petróleo por alimentos” con PdVSA en medio de las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

Investigaciones posteriores de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) —ONG mexicana dedicada a investigar actos de corrupción en México— sostienen que la estructura inicialmente utilizada para las cajas CLAP terminó evolucionando hacia mecanismos más complejos de evasión de sanciones vinculados al petróleo venezolano.

Documentos revisados por la organización muestran que cargamentos de crudo fueron facturados a empresas mexicanas y que parte de los pagos se canalizó hacia bancos rusos fuera del sistema financiero estadounidense.

Según MCCI, el esquema permitió a PdVSA continuar colocando petróleo venezolano en mercados internacionales pese a las sanciones estadounidenses.

Las facturas emitidas por empresas navieras «documentan pagos anticipados de millones de euros realizados por Libre Abordo para el arrendamiento de buques. Estos documentos muestran que la empresa mexicana no sólo recibía petróleo, sino que financiaba activamente la logística del transporte, integrándose de lleno en la cadena internacional de exportación y reventa".