El 24 de marzo, la Corte Suprema parecía dispuesta a aceptar el argumento de la administración Trump de que el gobierno puede impedir que los inmigrantes ilegales soliciten asilo en la frontera.
El argumento gira en torno a si estas personas han "llegado" a Estados Unidos.
Un grupo de 13 solicitantes de asilo presentó una demanda en 2017 para impugnar una política denominada "metering", en la que los agentes fronterizos, principalmente en los puertos de entrada de EE. UU., rechazan a los solicitantes de asilo para evitar el hacinamiento en las instalaciones fronterizas. Una ley federal establece que "Cualquier extranjero que se encuentre físicamente presente en Estados Unidos o que llegue a Estados Unidos... puede solicitar asilo", independientemente de su situación legal.
"¿Cree usted que alguien que se presenta en la puerta principal de una casa y llama a la puerta llegó a la casa?", preguntó el juez Samuel Alito a la abogada de los inmigrantes, Kelsi Brown Corkran.
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Corkran respondió que, antes de que se aplicara la política de metering, los inmigrantes simplemente pasaban por un torniquete para presentar su solicitud de asilo. No había ningún agente fronterizo que los rechazara, y el Congreso no previó ese escenario al redactar la ley.
El control de acceso comenzó bajo el mandato del expresidente Barack Obama y continuó hasta que fue derogado por el expresidente Joe Biden en 2021, aunque su administración siguió defendiendo su legalidad.
Los solicitantes de asilo argumentaron que la política violaba la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que exige a los funcionarios de inmigración inspeccionar a "un extranjero presente en Estados Unidos que no haya sido admitido o que llegue a Estados Unidos".
Corkran afirmó que una persona que se presentaba en la frontera había, a efectos legales, "llegado".
La jueza Amy Coney Barrett preguntó si la administración Trump tiene intención de reanudar el control de entradas. El fiscal general adjunto Vivek Suri le respondió que no había planes inmediatos para hacerlo, pero que la administración quiere reservarse el derecho a hacerlo en el futuro.
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