El 31 de enero, una jueza federal denegó la solicitud de emergencia de Minnesota para bloquear el despliegue por parte de la administración Trump de miles de agentes federales en las Ciudades Gemelas en una operación a gran escala de control de inmigración.
En su fallo del sábado por la mañana, la jueza federal Katherine Menéndez escribió que "la corte debe examinar las alegaciones de los demandantes a través del prisma del marco jurídico específico que invocan y, tras hacerlo, considera que los demandantes no han cumplido con su carga... se deniega la moción".
Menéndez abordó en su decisión que los abogados que representan a Minnesota y sus Ciudades Gemelas se centraron en lo que, según ellos, son los costos y las consecuencias de las operaciones policiales excesivas que también perjudican a los ciudadanos. Los abogados del Departamento de Justicia (DOJ) no presentaron pruebas que contradijeran directamente esto, sino que destacaron la importancia de la aplicación de la ley de inmigración y la seguridad pública, escribió.
Los demandados también presentaron pruebas sobre cómo los agentes federales se encontraron con resistencia, amenazas y violencia en algunos casos.
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"El resultado de este caso depende más de la legislación pertinente que de los hechos concretos", afirma la sentencia de Menéndez.
La jueza profundizó en un resumen de alto nivel de los acontecimientos en Minnesota desde el punto de vista tanto de los demandantes como de los demandados antes de llegar a su análisis del caso y de si debía concederse la solicitud de emergencia de Minnesota.
Menéndez decidió que Minnesota no había cumplido con su carga de la prueba.
"Aunque la posición de los demandantes no carece de fundamento, por varias razones la corte considera que los demandantes no han demostrado la probabilidad de éxito necesaria para obtener una medida cautelar preliminar", escribió la jueza.
Menéndez escuchó a principios de esta semana los argumentos tanto del Departamento de Justicia como de los abogados que representan a Minnesota, St. Paul y Minneapolis, mostrándose algo escéptica sobre la autoridad de la corte de distrito en relación con los argumentos de separación de poderes que esgrimían los demandantes.
Los demandantes habían argumentado que era necesaria una orden de restricción temporal que bloqueara la Operación Metro Surge del presidente Donald Trump para calmar las tensiones en las calles entre los residentes y los agentes federales, que alcanzaron un punto de inflexión el 24 de enero después de que un agente de la Patrulla Fronteriza disparara mortalmente a un manifestante, pocas semanas después de que un conductor fuera asesinado a tiros. Las autoridades federales afirmaron que los agentes actuaron en defensa propia.
La jueza también indagó sobre las intenciones del Departamento de Justicia con la Operación Metro Surge, el despliegue por parte del gobierno federal de más de 4000 agentes federales en las ciudades gemelas de Minnesota, y si la Administración Trump violó la "doctrina anti-requisición" de la Décima Enmienda.
Ese aspecto de la Décima Enmienda impide al gobierno federal obligar a las legislaturas estatales a aprobar leyes o exigir a los funcionarios estatales que administren un programa regulador federal.
Los demandantes argumentaron que las acciones de la administración Trump constituían una violación de la soberanía estatal de Minnesota.
El fiscal de la ciudad de Minneapolis, Brian Carter, sugirió que una carta que la fiscal general Pam Bondi envió al gobernador Tim Walz, demócrata, tenía por objeto coaccionar al estado para que pusiera fin a sus llamadas políticas de santuario bajo la amenaza de un despliegue continuo de agentes federales.
En su carta, Bondi afirmaba que Minnesota se "negó a hacer cumplir la ley" y exigía a Walz que "restableciera el estado de derecho, apoyara a los agentes del ICE y pusiera fin al caos en Minnesota", compartiera los datos estatales sobre los programas Medicaid y de cupones de alimentos, derogara las políticas de santuario del estado y entregara las listas de votantes estatales al Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia afirmó ante la corte que las leyes estatales en cuestión, que según la administración Trump protegen a los inmigrantes ilegales de la detención y la deportación, violan la ley federal.
En la sentencia del sábado de Menéndez, esta pareció estar de acuerdo con este argumento de coacción presentado por el fiscal de la ciudad de Minneapolis, al tiempo que citó los recientes comentarios del zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, además de la carta de Bondi, como más pruebas para apoyar la teoría de la coacción de los demandantes.
Homan, que fue nombrado responsable de la aplicación de la ley de inmigración en Minnesota a principios de esta semana, dijo el 29 de enero que la administración Trump comenzará a reducir el número de agentes cuando las autoridades locales cumplan sus compromisos de cooperar más con las autoridades federales.
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"No estamos renunciando a nuestra misión en absoluto, solo la estamos llevando a cabo de forma más inteligente", afirmó Homan.
El zar de la frontera también reafirmó que no abandonaría el estado hasta que el problema desapareciera.
"El uso de una oleada de fuerza ejecutiva contra una jurisdicción "santuario" para lograr los mismos fines es posiblemente tan coercitivo como la retención de fondos, y la corte no desestima la posición de los demandantes como "legalmente frívola", como sugieren los demandados", escribió Menéndez. "Sin embargo, también hay argumentos que apuntan en la dirección contraria".
Basándose en las pruebas presentadas ante la corte, Menéndez afirmó que las políticas de santuario de Minnesota requieren una mayor presencia de agentes federales para llevar a cabo las iniciativas de control de la inmigración que en otros lugares que apoyan activamente al ICE.
Menéndez afirmó que los abogados de Minnesota y sus ciudades gemelas no aportaron pruebas suficientes para respaldar su afirmación de que los agentes federales están cometiendo actos ilegales.
"La afirmación de que la Operación Metro Surge simplemente ha ido “demasiado lejos” es un argumento débil sobre el que basar una medida cautelar", dijo La jueza.
