La Fiscalía del Distrito de Arizona presentó cargos penales por infracciones migratorias contra 325 personas entre el 27 de junio y el 2 de julio, como parte de la Operación Recuperar Estados Unidos.
De esos casos, 101 correspondían a extranjeros que reingresaron ilegalmente a Estados Unidos, 196 a entrada ilegal y entre 20 y 26 personas a acusados de traficar inmigrantes indocumentados en Arizona, según informó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado del 6 de julio.
"En su continuo esfuerzo por disuadir la inmigración ilegal", declaró el DOJ.
"Proteger a los agentes del orden es fundamental para la vigilancia fronteriza, y los fiscales federales también acusaron a dos personas por agredir a agentes de la Patrulla Fronteriza", agregó el departamento.
Entre los arrestados se encontraba un inmigrante indocumentado con antecedentes penales por posesión de cocaína, sentenciado a 46 meses de prisión, y un ciudadano mexicano con una tarjeta de autorización de trabajo estadounidense, acusado de intentar transportar a tres inmigrantes indocumentados a Estados Unidos.
La Operación Recuperar Estados Unidos fue establecida por el entonces Fiscal General Adjunto, Todd Blanche, mediante un memorando de marzo de 2025.
La operación busca implementar objetivos como impedir la entrada de inmigrantes ilegales, establecer grupos de trabajo del Departamento de Seguridad Nacional responsables de desmantelar las redes transfronterizas de tráfico y contrabando de personas, y lograr la eliminación total de las organizaciones criminales transnacionales y los cárteles.
En su comunicado, el Departamento de Justicia indicó que los 325 casos fueron remitidos o respaldados por diversas agencias federales de aplicación de la ley, incluyendo la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el FBI, la Patrulla Fronteriza de EE. UU. y la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Como parte de su ofensiva contra los inmigrantes indocumentados en el marco de la Operación Recuperar Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ) declaró el 7 de julio que 16 extranjeros habían sido condenados por delitos federales de inmigración.
Inmigración de veteranos
La ofensiva del gobierno de Trump contra los inmigrantes indocumentados fue criticada por los demócratas. El mes pasado, la senadora Tammy Duckworth (D-IL) condenó al gobierno por "retrasar y descuidar" los casos de inmigración de los miembros de las fuerzas armadas, según un comunicado de la oficina de la legisladora del 24 de junio.Duckworth criticó específicamente al gobierno por "desmantelar" la Iniciativa para Miembros Militares Inmigrantes y Veteranos (IMMVI), establecida durante el gobierno de Biden para agilizar el proceso de inmigración para los miembros de las fuerzas armadas y veteranos no ciudadanos y sus familiares. En una carta dirigida a varias agencias federales, Duckworth alegó que la administración actual estaba manejando de forma indebida varios casos de inmigración de militares o sus familias, lo que conllevaba el inicio indebido de procedimientos de deportación.
"Durante más de dos siglos, nuestra nación ha reconocido que los miembros inmigrantes del servicio militar poseen habilidades cruciales que mejoran la preparación militar y fortalecen la seguridad nacional", declaró Duckworth.
"A cambio de su servicio, el Gobierno de Estados Unidos ofrece protecciones únicas, opciones de repatriación y vías para obtener la ciudadanía a los miembros del servicio militar no ciudadanos, veteranos y sus familiares directos. El programa IMMVI surgió de ese compromiso del Gobierno de apoyar a los miembros inmigrantes de las fuerzas armadas".
El 10 de abril, el ICE emitió un memorando aclarando que, si bien valora las contribuciones de los extranjeros que han servido en las fuerzas armadas estadounidenses, ningún extranjero que infrinja la ley de inmigración de Estados Unidos estará exento automáticamente de las consecuencias por haber prestado servicio militar.
El memorando solicitaba al personal del ICE que garantizara que los casos que involucran a extranjeros con servicio militar se manejaran adecuadamente, incluyendo la aplicación coherente de las políticas y los procedimientos relacionados con el tema, tal como se describe en los artículos 328 y 329 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
"En general, el ICE no emitirá una Notificación de Comparecencia (NTA), no iniciará un proceso de deportación administrativa ni restablecerá una orden final de deportación contra un extranjero que actualmente se encuentre en servicio activo en las Fuerzas Armadas de EE. UU., salvo que existan factores agravantes significativos", indica el memorando. NTA se refiere a la Notificación de Comparecencia, el documento oficial que da inicio a los procedimientos de deportación contra inmigrantes indocumentados.
Cuando existen factores agravantes significativos, las autoridades "deben coordinarse con la cadena de mando del miembro del servicio estadounidense y las autoridades militares policiales correspondientes".
Mientras tanto, la administración Trump registró en mayo su decimotercer mes consecutivo sin liberar a inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, según informó el mes pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En los primeros ocho meses del actual año fiscal, entre octubre de 2025 y mayo de 2026, los funcionarios de la CBP interceptaron a 90,121 extranjeros en la frontera terrestre suroeste, una cifra inferior a los 405,171 interceptados registrados durante el mismo período del año fiscal 2025, según datos de la CBP.
