Florida aprobó dos nuevas normas que prohíben a los estudiantes sin un estatus legal en el país ingresar tanto a los 28 colegios universitarios públicos del estado como a los programas de educación general para adultos.
Ambas medidas fueron aprobadas el pasado 30 de junio por la Junta Estatal de Educación mediante una conferencia telefónica.
La primera de ellas, titulada "Estándares mínimos de admisión para las instituciones del Sistema de Colegios de Florida", restringe los requisitos para la admisión de estudiantes a cualquiera de los 28 colegios universitarios del estado, solicitando que sean ciudadanos estadounidenses o se encuentren legalmente en el país.
La segunda enmienda, bajo el nombre de "Requisitos generales para el Programa de Educación General para Adultos", establece como requisito para matricularse en cursos básicos y de idiomas tener un estatus legal en el país.
El Programa de Educación para Adultos de Florida está diseñado para que personas mayores de 16 años aprendan habilidades básicas, dominen el inglés mediante cursos de ESOL o se preparen para obtener la equivalencia de bachillerato (GED) con el fin de ingresar al mercado laboral o a la educación superior.
El par de enmiendas obliga, por consiguiente, a las instituciones estatales a implementar políticas de verificación de ciudadanía.
Las medidas fueron aprobadas por la mayoría de los miembros de la junta, a excepción de Daniel Foganholi —designado para la junta por el gobernador Ron DeSantis en 2022—, quien votó en contra, según informó NBC el 1 de julio.
Estas medidas originalmente estaban agendadas para ser votadas en mayo; sin embargo, fueron propuestas y retiradas de la agenda hasta la reunión del pasado martes.
Además de las normas, recientemente la Junta de Gobernadores de Florida votó a favor de avanzar una prohibición similar en las universidades estatales. La iniciativa busca prohibir a las personas que se encuentren de manera ilegal en el país ingresar a cualquier universidad del estado a partir del periodo 2027-2028.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha declarado que asistir a la universidad estatal siendo un inmigrante ilegal "no tiene sentido. Preferiría que ese lugar lo ocupara un residente de Florida".
Gaby Pacheco, actual presidenta y CEO de TheDream.US, la organización de becas universitarias más grande de EE. UU., calificó la norma como “cruel y contraproducente”, según un comunicado del 30 de junio de la misma organización.
"Prohibir el acceso a las universidades de Florida a los jóvenes amparados por el programa DACA es cruel y contraproducente para nuestro estado", declaró.
Los “Dreamers” son jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos siendo niños. El nombre proviene del Dream Act, un proyecto de ley presentado por primera vez en 2001 que busca ofrecerles un camino legal para obtener la residencia y, eventualmente, la ciudadanía. Sin embargo, esta iniciativa nunca ha logrado ser aprobada por el Congreso, lo que mantiene a miles de estos jóvenes en una situación de incertidumbre legal.
Pacheco dijo que esta restricción sería una contradicción directa con la misión del Sistema de Colegios de Florida, cuyo objetivo es maximizar el éxito estudiantil y responder a las necesidades reales de la población.
“Los colegios de Florida deberían ofrecer a los estudiantes talentosos que crecieron aquí y que se gradúan de las escuelas secundarias del estado la oportunidad de estudiar y tener éxito en los colegios estatales, para que así puedan poner sus títulos al servicio del futuro de Florida”, declaró Pacheco según el comunicado.
Mientras Florida avanza con políticas estatales restrictivas que limitan el acceso a la educación superior para los jóvenes inmigrantes, el panorama a nivel federal ofrece un contraste clave.
El 30 de junio, la Corte Suprema invalidó la orden ejecutiva del presidente Trump que buscaba eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de quienes no tienen un estatus legal en el país.
El fallo fue descrito por Trump como "malo para el país" y una "victoria" para China, y se comprometió a impulsar la legislación y reforzar la aplicación de la ley.
Declaró que continuarán trabajando con el Congreso “para solucionar esto y poner fin al abuso de una vez por todas", en una aparente referencia a una posible legislación correctiva y a la lucha contra el turismo de maternidad.
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