La administración de una alcaldesa del norte de Florida podría haber coordinado el refugio de inmigrantes indocumentados delincuentes y obstruir la aplicación de las leyes de inmigración, según una citación penal emitida el 9 de febrero por la Oficina del Fiscal Estatal.
Como parte de la investigación penal, la fiscalía estatal solicita todas las formas de comunicación a una empleada suspendida y luego reincorporada de la oficina de la alcaldesa de Jacksonville, Donna Deegan, del 2 al 16 de enero, y promete que rendirá cuentas si se encuentran pruebas de actividad ilegal.
Yanira Cardona, coordinadora de alcance comunitario hispano de Deegan, fue suspendida en enero tras publicar un video con advertencias y consejos a los residentes de Jacksonville sobre las operaciones en curso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad.
"Este video es para mis inmigrantes aquí en Jacksonville", dijo la empleada en una transmisión en vivo el 14 de enero. "Están atacando a cualquier empresa de jardinería, de aire acondicionado y camionetas de construcción".
Sin embargo, Deegan declaró en una conferencia de prensa el 15 de enero que la suspensión "no tenía absolutamente nada que ver con lo que dijo".
La alcaldía informó en un comunicado a los medios que Cardona ha retomado su cargo como coordinadora de alcance comunitario hispano.
Deegan afirmó que la suspensión de Cardona se debió a las políticas de uso de redes sociales, las cuales la funcionaria ha tenido dificultades para cumplir, y que no se cometió ninguna infracción.
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró el 9 de febrero que él y su oficina discrepan de esa afirmación.
"Este es el estado de Florida. No es Minnesota", declaró Uthmeier en una conferencia de prensa esa mañana.
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Ni Deegan ni su oficina respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Se ordenó la entrega de todos los correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones a través de aplicaciones (Facebook, Instagram, X, Signal, Bluesky, TikTok, WhatsApp y plataformas similares) provenientes de dispositivos gubernamentales o dispositivos personales para fines comerciales, utilizados entre el 2 y el 16 de enero por la funcionaria municipal sospechosa de obstaculizar la aplicación de la ley federal.
"Si existe un esfuerzo coordinado para que este funcionario municipal colabore con otros empleados municipales u ONG externas para intentar frustrar nuestros esfuerzos por hacer cumplir la ley, exigiremos responsabilidades a estos infractores", declaró el fiscal general.
Los fiscales estatales están especialmente interesados en todos los correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de aplicaciones y registros de llamadas de Cardona, tanto en inglés como en español, relacionados con presentaciones, menciones a agencias policiales federales o estatales, y métodos para que una persona pudiera evadir u ocultar su paradero a dichas agencias.
El estado también solicitó toda la documentación relacionada con la suspensión de Cardona.
Además, la citación penal exige cualquier prueba que contenga las palabras "nazi, Gestapo, stormtrooper, aterrorizar, Jennifer Cruz y Gamble Scott".
Jennifer Cruz está acusada de agredir a oficiales del orden público durante un operativo de ICE en Jacksonville el 13 de enero. Uthmeier se refirió a su arresto en una publicación de Facebook el mes pasado, afirmando que golpeó a un oficial en la cara. Cruz se declaró inocente de los cargos en una corte federal.
No está claro a qué o a quién se refiere "Gamble Scott", y la fiscalía general de Florida declaró a The Epoch Times que no proporcionaría más detalles acerca de esta investigación activa sobre la administración del alcalde de Jacksonville.
El fiscal general de Florida afirmó que su fiscalía está considerando posibles cargos relacionados con la Ley RICO y otros cargos federales. Sin embargo, Uthmeier señaló que, ante todo, la funcionaria municipal o la alcaldía podrían estar infringiendo una ley del Estado del Sol aprobada en febrero de 2025.
Los funcionarios estatales y locales no tienen discreción sobre cuándo y dónde ayudar a los funcionarios federales, afirmó el fiscal general. Tienen la obligación de hacer todo lo posible para apoyar al gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria.
La ley abarca a todas las entidades gubernamentales estatales y locales, agencias del orden público, empleados, agentes y representantes de una entidad o agencia. Cualquier persona con una orden de detención migratoria que se encuentre bajo custodia de funcionarios estatales debe ser transferida a la custodia federal.
"Somos un estado de derecho. Creemos en eso. Lo defendemos", declaró Uthmeier. No tenemos problemas en Florida. No tenemos caos. No tenemos anarquía. No tenemos caos en las calles. Trabajamos en conjunto con las fuerzas del orden federales. Todo va de maravilla.
