Los cárteles mexicanos ya usan drones como arma. Los emplean para vigilar, mover droga, lanzar explosivos y sembrar miedo en comunidades que buscan controlar o expulsar. También los usan para atacar a civiles, policías, autoridades y pueblos enteros. El resultado se mide en decenas de muertos y en una amenaza que dejó de ser solo nacional para convertirse en un problema regional.

Cuando se debatió el problema en el Congreso de México en 2023, se citaron registros de las Fuerzas Armadas que hablaban de “más de 600 ataques con drones equipados con explosivos”. Sus efectos son devastadores: un análisis de 221 ataques violentos con drones armados en los últimos años reveló 77 personas asesinadas, en su mayoría civiles, miembros de las fuerzas de defensa comunitaria y grupos rivales, aunque "los ataques contra policías y militares parecen estar aumentando”.

Además, el problema ha dejado de ser solo un asunto de seguridad interna de México. Este 8 de junio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, abordó la amenaza al advertir que los drones armados no son solo una amenaza en las zonas de guerra, sino que representan “un problema global” y cotidiano.

Rubio citó el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos y advirtió que Washington debe prepararse para la posibilidad de que, “en algún momento, esas capacidades incluso podrían usarse contra nuestros intereses”.

También subrayó que los drones “son fáciles de fabricar”.

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El Departamento de Estado ya se ha ocupado del tema. El 20 de febrero de 2025, designó a seis cárteles de droga mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designadas. En esa decisión, señaló que estos grupos ya están usando drones para ejercer sus crímenes.

En particular, el Departamento de Estado mencionó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) había usado drones “para lanzar explosivos contra las fuerzas del orden mexicanas” y para asesinatos o intentos de asesinato de funcionarios mexicanos.

También señaló que la Nueva Familia Michoacana, además de extorsionar y secuestrar, “ataca a funcionarios gubernamentales” y usa la violencia, incluidos ataques con drones y explosivos, para imponer su control criminal y aterrorizar a las comunidades. Los restantes designados son el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y Cárteles Unidos.

Vista de sacos de grano junto a escombros de una vivienda tras un ataque con drones presuntamente perpetrado por el cártel de Los Ardillos, en Tula, Chilapa de Álvarez, en Guerrero, México, el 19 de mayo de 2026. Los narcotraficantes llegaron de repente, abrieron fuego contra los pobladores, bombardearon sus casas con drones y los expulsaron. (Foto de YURI CORTEZ / AFP vía Getty Images)

En los años siguientes su uso se incrementó y aumentó el riesgo en las operaciones fronterizas. En marzo de 2023, el jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Raul L. Ortiz, advirtió ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes que la frontera suroeste registraba un alto número de incidentes con drones usados de forma ilícita.

Según su testimonio, organizaciones de contrabando —y posiblemente agentes estatales extranjeros— empleaban estos sistemas para vigilar operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, facilitar el tráfico de personas y drogas, transportar contrabando y eludir a las fuerzas del orden. Ortiz señaló que esta actividad amenaza al personal fronterizo, supone un riesgo de colisión para las aeronaves oficiales y perjudica las operaciones de seguridad fronteriza.

Un DJI Mavic 2 Pro y un DJI Mavic Mini, de una fábrica china de drones, vuelan uno junto al otro en Miami, Florida, el 15 de diciembre de 2021. (Joe Raedle/Getty Images)

El número de incursiones también “alarmó” al general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Estados Unidos y del Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, cuando asumió el cargo en 2024.

Guillot declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado que "probablemente había más de 1000 incursiones de drones al mes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México".

"Los servicios cuentan con las facultades necesarias, pero aún queda trabajo por hacer para garantizar que... contemos con procedimientos operativos estandarizados para hacer frente a esas amenazas", afirmó.

El 22 de julio de 2025, el problema fue abordado en el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos. Steven Willoughby, director interino del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), declaró que las organizaciones criminales transnacionales usan drones casi todos los días para mover drogas y contrabando a través de la frontera y también para vigilar a las fuerzas de seguridad.

Un dron sobrevuela el emblema nacional de México durante una demostración del batallón especial antidrones del Ejército mexicano en el Campamento Militar Número 1 de Naucalpan, Estado de México, el 17 de febrero de 2026, como parte de los preparativos para proteger las sedes del Mundial de 2026. (Alfredo ESTRELLA / AFP vía Getty Images)

Según su testimonio, "en los últimos seis meses de 2024 se detectaron más de 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera sur" de Estados Unidos. Muchos de ellos volaban de noche o por encima de la altitud permitida para drones civiles.

Willoughby dijo que desde 2019 los agentes y oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) habían "incautado miles de kilos de metanfetamina, fentanilo y otros narcóticos duros" transportados en miles de vuelos transfronterizos con drones, "incluyendo más de 1200 libras –unos 544 kilos– solo en la segunda mitad de 2024".

Uno de los drones incautados llevaba 1.6 kilos de pastillas de fentanilo, “cantidad suficiente para matar a decenas de miles de estadounidenses”, señaló.

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Sobre las capacidades de daño, el director destacó que estos aparatos han violado espacios aéreos restringidos, han sido usados para espiar instalaciones militares, interferido con aeropuertos y obligado a aeronaves a realizar maniobras evasivas. También citó más de 3000 incidentes con drones cerca de aeropuertos estadounidenses, y que en enero de 2025 uno de ellos chocó contra una aeronave que combatía el incendio de Palisades, dejándola fuera de servicio durante semanas.

En un incidente ocurrido en febrero de 2026 que causó gran alarma, Reuters informó el “cierre caótico del aeropuerto de El Paso”, que las autoridades estadounidenses atribuyeron inicialmente a la posible incursión de un dron vinculado a un cártel mexicano.

En abril de 2021 dos policías resultaron heridos por drones cargados con explosivos en El Aguaje, una localidad del municipio de Aguililla, Michoacán: uno en el brazo y otro en la pierna. Tras ese ataque, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, afirmó que los cárteles habían usado drones explosivos en los últimos años en los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán.

Sandoval dijo que el CJNG estaba detrás de algunos de esos ataques. En la zona de Aguililla, ese cártel disputaba el control territorial con grupos rivales, entre ellos la Nueva Familia Michoacana y Los Viagras.

Imagen de archivo. Esta vista aérea muestra una vivienda destruida por un bombardeo con drones presuntamente perpetrado por integrantes del cártel de Los Ardillos en Alcozacán, Guerrero, México, el 20 de mayo de 2026. (Yuri Cortez/AFP vía Getty Images)

En agosto de 2023, los ataques con drones sembraron el terror en el Nuevo Poblado “El Caracol”, en Heliodoro Castillo, Guerrero, según el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello”. La organización denunció que los habitantes llevaban días expuestos a tiroteos y bombas lanzadas desde drones. Solo el 13 de agosto, los pobladores reportaron cerca de 30 explosivos arrojados sobre la comunidad.

El ataque no era un hecho aislado. Desde mayo de ese año la comunidad había denunciado sobrevuelos de drones y el lanzamiento de bombas, lo que obligó a casi la mitad de sus habitantes a desplazarse forzadamente hacia Tlacotepec para proteger la vida de mujeres y niños.

El ataque en Aguililla fue recordado en noviembre de 2023 en el Congreso federal, donde la diputada morenista Rosangela Amairany Peña Escalante citó los registros de las Fuerzas Armadas Mexicanas sobre “más de 600 ataques con drones equipados con explosivos”.

“En los últimos años los grupos delincuenciales han convertido los drones en una herramienta frecuente para la comisión de conductas delictivas, desde el halconeo y el tráfico de drogas hasta la realización de ataques con explosivos y sustancias químicas”, dijo la diputadaPeña durante la discusión de un dictamen para reformar el Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en relación con el uso de drones.

Imagen de archivo. Indígenas nahuas realizan una procesión durante el funeral de miembros de un grupo de autodefensa mexicano tras un ataque con drones presuntamente perpetrado por integrantes del cártel de Los Ardillos en Alcozacán,  Guerrero, México, el 20 de mayo de 2026. (Yuri Cortez / AFP vía Getty Images)

Al menos cinco personas fueron asesinadas. También fueron quemadas viviendas y asesinados animales.

Imagen de archivo. Indígenas nahuas realizan una procesión durante el funeral de miembros de un grupo de autodefensa tras un ataque con drones en Alcozacán,  Guerrero, México, el 20 de mayo de 2026. (Yuri Cortez / AFP vía Getty Images)

El caso fue denunciado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Misión Civil de Observación-Sexta.

“Comenzaron a atacar a la población civil —incluyendo a mujeres y niños— con drones y armas de alto calibre”, informó la Red. La organización alertó que los ataques continuaban tanto en las comunidades como en el lugar donde se encontraban refugiadas las personas desplazadas.

También documentó una situación similar en octubre de 2025 en Michoacán. Desde las 18:00 horas del 20 de octubre, habitantes nahuas de Coahuayula, El Ranchual y La Laguna de Calvillo reportaron ataques continuos de grupos armados identificados por la población como crimen organizado.

Según la Red, los ataques incluyeron "explosivos lanzados desde drones" contra viviendas y puntos de resguardo.

“Familias enteras —incluyendo niñas y niños, personas mayores y enfermas— permanecen resguardadas bajo extrema vulnerabilidad. Estos patrones repiten ataques previos documentados en la zona”, añadió la organización, al vincular estos hechos con otros ataques registrados en la región.

“Nuestro personal ha sufrido heridas, e incluso algunos de nuestros soldados han fallecido” en los ataques, declaró el general Sandoval a la agencia AP, sin detallar el número de víctimas.

Uno de los ataques a unidades policiales fue reportado el 3 de junio, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército fueron agredidos con explosivos lanzados desde drones mientras custodiaban armamento.

Días después, la Secretaría de Seguridad federal (SSCP) informó que Hugo “N”, alias “El 01”, fue detenido por su presunto empleo de drones para realizar ataques contra grupos rivales, autoridades y civiles.

La silueta de Prisco Rodríguez, líder de un grupo de autodefensa, se ve tras un agujero de proyectil en la fachada de la comisaría de Tula, en Chilapa de Álvarez,  Guerrero, México, el 19 de mayo de 2026, tras un ataque de presuntos miembros del cártel de Los Ardillos. Los narcotraficantes llegaron repentinamente, abrieron fuego contra los habitantes, bombardearon sus casas con drones y los expulsaron. (YURI CORTEZ / AFP vía Getty Images)

Pero el uso de drones explosivos no se limita a objetivos policiales o militares. La violencia también ha alcanzado a las autoridades judiciales.

Entre los ataques más críticos reportados, tres drones con artefactos explosivos improvisados atacaron el 15 de octubre de 2025 instalaciones de la Fiscalía General de Baja California en Tijuana, una ciudad fronteriza colindante con el condado de San Diego, California. Según Reuters, los explosivos contenían clavos y fragmentos metálicos y cayeron fuera del área antisecuestros de la fiscalía estatal, dañando varios vehículos.

En México los drones se usan para atacar a grupos rivales, civiles, fuerzas comunitarias y fuerzas de seguridad y en la frontera, el estudio señala que los encuentros con drones son cada vez más frecuentes y más sofisticados.

La mayoría de los incidentes se concentra en Guerrero y Michoacán, aunque también se han registrado numerosos ataques en Sinaloa y casos dispersos en otras partes del país.

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El informe describe el uso de drones comerciales pequeños, modificados para lanzar explosivos, granadas, municiones o artefactos improvisados. La Nueva Familia Michoacana ha usado con frecuencia drones comerciales adaptados para vigilancia y ataques básicos.

El CJNG, en cambio, aparece asociado con sistemas más sofisticados: drones capaces de soltar varias cargas explosivas, drones de visión en primera persona que detonan al contacto, sistemas de mando por fibra óptica y tecnologías de comunicación más avanzadas.

El estudio muestra que el problema ya no se limita al contrabando o la vigilancia para cometer actividades delictivas. Los drones se han convertido en una herramienta de guerra criminal: sirven para vigilar, atacar, intimidar, desplazar población y disputar territorios.

Y advierte que “la explotación de sistemas aéreos no tripulados por parte de los cárteles mexicanos de la droga representa una creciente amenaza para la seguridad y la defensa nacional de Estados Unidos”.

Willoughby también lo advirtió ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos.

"Es solo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden sean blanco de ataques en la región fronteriza".